Una lección de "neoimperialismo"

11.Ene.2017

Diego Castagno

En la última sesión del Senado de 2016 se terminó con el secreto bancario en Uruguay. A partir del 2017, los bancos y otras entidades financieras deberán informar al fisco los saldos y rentas de cuentas sin una orden judicial.

Como expreso el tributarista Albero Varela, el secreto bancario forma parte del derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad de las personas. Sin intervención judicial es lo mismo que querer darle al fisco –o peor, a los fiscos extranjeros–, la facultad de intervenir teléfonos sin intervención judicial, o hacer un allanamiento sin intervención judicial, o intervenirle el mail a un contribuyente sin intervención judicial.

Esta nueva ley forma parte de un avance del Estado sobre la libertad de las personas, que en gran medida es impulsado por los países desarrollados que a partir de la crisis del 2008, a través de organismos como el GAFI o la OCDE,  han levantado la bandera de la “transparencia fiscal”, para cazar las rentas de sus nacionales en el resto del mundo.

El argumento nacional de que la DGI necesita mayores potestades parece poco creíble, cuando el 97% de los impuestos en el país son pagados voluntariamente y el deudor más grande que tiene es nada menos que ANCAP, por la módica suma de USD 109.000.000 de las administraciones de Sendic y Martínez.

La realidad indica que las arcas del Estado no son suficientes para sostener el gasto público actual, por lo que esta nueva medida es el combo perfecto que necesitaba el gobierno junto al nuevo tarifazo.

Tampoco parece oportuno aprobar una ley de esta magnitud cuando se ha desacelerado la inversión en el país, y lo último que se debe hacer es tomar medidas que atenten contra nuestra credibilidad institucional. Un país donde no se necesita orden del juez para levantar el secreto bancario nos acerca más a uno bananero que uno serio.

El Frente Amplio pone de rodillas a los contribuyentes frente a una Impositiva que ha demostrado ser abusiva y muchas veces contraria a Derecho. Y a un pequeño país al servicio de los intereses de los que dominan el globo y poco le interesa si estamos en una lista negra, gris o rosada.