El equilibrio en una Rendición

05.Jul.2018

Poco antes de compartir la alegría por la victoria de Uruguay ante Portugal en el campeonato del mundo, el pasado sábado 30 de junio, al filo del vencimiento del plazo constitucional y luego de intensas negociaciones con actores sociales hasta último momento, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el proyecto de Rendición de Cuentas 2017 y Modificaciones Presupuestales correspondiente al período 2019-2020.

Previo a esta instancia, los medios de comunicación intentaban dilucidar sus contenidos, al tiempo que las organizaciones de la sociedad civil expresaban oportunamente sus reivindicaciones; algo que es de esperar en una democracia sólida como la nuestra.

En el proyecto, el Poder Ejecutivo ha plasmado las prioridades presupuestarias del país para los próximos dos años, en consonancia con los asuntos prioritarios que marcan la agenda del Gobierno y del Programa que aprobó la ciudadanía.

Partimos de una premisa muy sencilla: la distribución de los recursos que hace una sociedad nos da una idea de cómo ésta define sus prioridades. Del mismo modo, la distribución que ha fijado el Gobierno dice mucho de lo que ha definido como prioritario: educación, salud, cuidados, infraestructura, seguridad, empleo y vivienda. 

Este proyecto de Rendición de Cuentas tiene características muy particulares, es el último de este período de Gobierno en el que se pueden realizar modificaciones. Teniendo en cuenta que los años 2019 y 2020 no habían tenido desarrollo presupuestal en instancias anteriores, en tanto sólo se habían incluido incrementos para los años anteriores y mantenían por lo tanto igual nivel que 2018, hay que presupuestar los incrementos 2019 que se replicarán en 2020.

Es especial también por el momento de incertidumbre que vive el mundo y en particular la región, signado por las crisis de nuestros dos vecinos, y también por algunos problemas internos de nuestro país como lo son el déficit fiscal y el deterioro de los últimos años del nivel de empleo. En este contexto, la Rendición de Cuentas deberá encontrar un muy fino equilibrio entre la responsabilidad y el compromiso de gestión plasmado en el Programa de Gobierno que la ciudadanía refrendó en octubre y noviembre de 2014. Sólo así se podrán preservar y profundizar los avances de estos 14 años de gobierno frenteamplista, sin exponernos a los desequilibrios fiscales y costosos ajustes sociales que hoy transitan nuestros dos vecinos.

Es cierto que nuestra capacidad de desacople de la región y la fortaleza de nuestras políticas han significado un marco de confianza que nos ha permitido seguir creciendo con equidad. No obstante, no es menos cierto que el contexto regional es adverso y se torna imprescindible mantener una prudencia que evite el retroceso de los avances conseguidos. Es preciso entonces, y bien se refleja en esta Rendición, priorizar la calidad del gasto y el compromiso de gestión.

Este equilibrio del que hablamos, se plasma en el mensaje unánimemente adoptado por el Presidente y su Consejo de Ministros, que es de extrema prudencia, pero reafirma, al mismo tiempo, el cumplimiento de las prioridades de este Gobierno.

El Poder Ejecutivo diseña entonces estas modificaciones presupuestales con dos premisas fundamentales: En primer lugar, no agravar el déficit fiscal (continuando los esfuerzos por reducirlo). Si bien el nivel actual del déficit es sostenible en el corto plazo por las fortalezas que ha construido el país (la confianza interna y externa, su nivel de liquidez y de reservas, etc.), en caso de prolongarse en el tiempo podría derivar en un aumento de la deuda (y por consiguiente de los intereses, sacando espacio para otros gastos priorizados) al punto de minar dichas fortalezas.

La segunda premisa es no aumentar los impuestos, ya que gravar más a la actividad privada atentaría contra la creación de empleo, que es una de las prioridades que tiene el Gobierno y la sociedad toda en el momento actual.

Aclarado esto, vale la pena destacar la profusa documentación y fundamentación tanto de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2017 como de las proyecciones e impacto futuro de las distintas variables económicas, sociales, y modificaciones presupuestales propuestas. También destacamos la documentación sobre los cumplimientos de compromisos de gestión, en la búsqueda de una mayor calidad del gasto y su evaluación.

En la exposición de motivos queda de manifiesto la preocupación por la pérdida significativa de empleo, un tema que en virtud de su importancia será tratado por un grupo especial conformado por cuatro ministerios (Economía, Trabajo, Industria y Obras Públicas); y por el nivel de inversiones que no se ha logrado superar y está muy enlentecido, lo que exige seguir buscando alternativas para mejorar en este sentido.

El país ha logrado reducir el déficit fiscal que tenía en 2016, pero lo ha hecho de manera muy lenta. La intención era llegar al fin del periodo con el 2.5%, pero seguramente en el 2019 no se pueda lograr, por lo cual se proyecta alcanzar esa cifra recién hacia el año 2020.

El déficit, que se proyecta para este año 2018 es 3.3%, (superior al 2,9% previsto), está explicado en gran parte por los US$ 50 millones de ingresos que faltan por el tributo a las altas pasividades militares, diseñado en el Programa de Consolidación Fiscal del 2016, y por mayores avances de obras en las cooperativas de Viviendas financiadas por el MVOTMA.

Queda por delante un largo proceso de estudio del proyecto en la Cámara de Representantes. Tendremos oportunidad, por tanto, de profundizar el análisis del articulado y otros informes como los referentes a los Vínculos Laborales con el Estado, Políticas de Empleo, Compromisos de Gestión y Calidad del Gasto, entre otros. En esta entrega nos remitimos sólo a los principales aspectos presupuestales.

En primer lugar, corresponde exponer las proyecciones de crecimiento del Poder Ejecutivo y los ingresos proyectados. En tal sentido, se mantiene la previsión de crecimiento del PIB del 2,5% para este año. Cabe aclarar que, de acuerdo a los resultados cerrados de 2017, en los primeros meses de 2018 se preveía un incremento mayor. No obstante, los efectos de la sequía de los primeros meses de este año hicieron caer fuertemente los rendimientos agropecuarios, particularmente en la soja, afectando así el nivel de actividad de toda su cadena. Superada esta coyuntura desfavorable, se estima un 3,3% de crecimiento para el año 2019 (teniendo en cuenta que se recupera la caída de 2018) y de 3% para 2020. A este crecimiento de la actividad se le asocia el correspondiente incremento de los ingresos tributarios asociados y en esta oportunidad también se agrega la buena noticia de que el BROU podrá volver a distribuir utilidades una vez superada las limitaciones que la normativa internacional le exigía respecto a su Responsabilidad Patrimonial.

Así pues, se calcula que además del crecimiento del gasto predeterminado por normas presupuestales anteriores y la evolución creciente de transferencias a la seguridad social (tanto por mayores pasividades como por el aumento del valor real de las mismas), también se deberán cubrir nuevas erogaciones de leyes aprobadas recientemente, como las vinculadas al acuerdo para superar el conflicto con judiciales, la de nocturnidad, violencia de género, y mayores avances en la financiación de cooperativas; aspectos éstos que constituyen el gasto endógeno, es decir, aquel que no admite una administración discrecional. Estas últimas obligaciones significan un acumulado de $1.400 millones (unos 40 millones de dólares) lo que deja disponible un monto de $3.000 millones aproximadamente (100 millones de dólares) para asignaciones discrecionales.

Como decíamos, esta asignación presupuestal prevé dar solución a un conflicto de larga data que ha mantenido el Gobierno con los gremios de los funcionarios judiciales, por una interpretación equivocada de la Ley de Presupuesto Nacional 2010-2015. Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones de trabajadores, y la adhesión al convenio por más del 80% de los funcionarios judiciales, el conflicto llega a su fin.

La resolución de este conflicto tiene un costo aproximado de US$30 millones por año, o expresado en moneda nacional, $700 millones en 2018, $870 millones en el 2019 y $330 millones en el 2020. Con esto se complementa el 8% adelantado por la ley de diciembre de 2014 cancelando la retroactividad que va desde diciembre de 2012 a diciembre de 2017, que equivale a un 14% sobre las retribuciones de ese período; y se da un aumento salarial de un 10% a partir de 2018.

A su vez, el Gobierno asignó $80 millones para la instrumentación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, que se volcarán al fortalecimiento de la atención a las víctimas en el interior del país, a un programa de alquileres del MVOTMA, a la adquisición de nuevas tobilleras electrónicas por parte del Ministerio del Interior, y a campañas públicas de sensibilización sobre esta problemática.

Otro de los compromisos asumidos anteriormente por ley es el pago efectivo de las horas de Nocturnidad en la Policía, lo que implica un gasto de $ 200 millones.

Los mayores avances de obras de las cooperativas de Vivienda implican erogaciones de $ 900 millones en 2018 y $ 300 millones en 2019.

Por último, es necesario prever el comienzo de nuevos pagos por obras viales por régimen de PPP que se darán en 2020, pero que requieren ser presupuestados para 2019, ya que en 2020, cuando se inicien las obras, todavía no se habrá votado el nuevo Presupuesto Nacional.

Resta entonces detallar brevemente la distribución del Gasto incremental propiamente Discrecional, es decir, el que se puede distribuir ahora para el futuro sin estar atado a normas anteriores. En este monto de aproximadamente $ 3.000 millones de gasto discrecional incremental (U$S 100 millones), el 84% ($2.500 millones) está destinado a la educación. Aquí se han definido dos objetivos centrales. El primero, seguir aumentando el ingreso real de los docentes, teniendo en cuenta el uso intensivo de recursos humanos que supone el sistema educativo. El segundo, la regularización de los auxiliares de servicio de Primaria; un compromiso asumido con anterioridad en relación a una situación que ya se había solucionado parcialmente y que ahora tendrá una solución completa.

En resumen, con respecto a la asignación a los distintos rubros en función de las prioridades, ya mencionamos que el 84% será para la educación, particularmente a ANEP y UDELAR y una partida menor para UTEC; y el 16% restante para el Sistema Nacional de Cuidados, ASSE, INAU e INISA, una partida para los salarios más sumergidos del Ejército que están bajo la línea de pobreza (que se financia con recursos ya asignados a Defensa por lo que no tiene costo Presupuestal) y una partida para la Fiscalía General de la Nación, a fin de atender las exigencias derivadas del nuevo sistema acusatorio.

Por lo expuesto, y con enérgica convicción, manifestamos nuestro decidido apoyo al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y confiamos en la aprobación del mismo, que sentará las bases para la continuidad del crecimiento con equidad e inclusión. Porque de nada sirve enarbolar banderas y consignas si los recursos no se dirigen allí donde la sociedad los necesita. Como dijera una vez la socialista francesa Ségolène Royal, “La política debe partir de la vida de la gente”. De lo contrario, una actividad noble corre el riesgo de transformarse en un receptáculo vacío, y ya no servirá como herramienta de transformación de la realidad.

En suma, creemos que el Gobierno Nacional ha sabido leer las necesidades del país y ha actuado en consecuencia, realizando una asignación equilibrada del gasto en una Rendición de Cuentas que, sin comprometer los avances ni los equilibrios macroeconómicos que sustentan el bienestar social; sigue abonando el proyecto de la izquierda de una sociedad con igualdad de oportunidades y equidad distributiva.

Por último, reafirmamos hoy, como cada día, nuestra más íntima fibra frenteamplista, para mejorar la calidad de vida del pueblo uruguayo; base fundamental de todos nuestros esfuerzos.