Privacidad y espionaje en Uruguay

18.Jun.2013

 

Hace pocos días nos despertamos con una noticia que revelaba desde adentro del gobierno de Estados Unidos la red de espionaje de los servicios de información sobre las comunicaciones telefónicas, electrónicas y los registros de las redes sociales, tanto de ciudadanos propios como extranjeros. Este espionaje, autorizado genéricamente en una ley pero secreto en su ejecución, se hizo en el marco de la lucha contra el terrorismo. Informaciones recientes hablan de miles de pedidos dirigidos a Yahoo, Google, Apple, la operadora telefónica Verizon y otros similares.

Hay que insistir en Uruguay con la importancia de la privacidad de la vida de las personas. Mantener lo que uno es, piensa y hace dentro de la intimidad, de su ámbito reservado, exento de la difusión pública. No sólo alejada de los demás, sino especialmente de los poderes públicos que ejercen los funcionarios de todo rango.

Solo cito las premisas que nuestra Constitución tiene como regla suprema:

- “los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier especie, son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”

- “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados de prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura”

Es por eso que los ciudadanos tenemos el derecho fundamental a no ver nuestra intimidad vulnerada sin una decisión judicial que, por motivos fundados, permita a las autoridades ingresar en esa esfera de nuestras vidas, bien sea en el hogar, en una empresa o comercio, en los papeles, la correspondencia o los correos electrónicos. En todo aquello que no sea estrictamente público o que no tenga su propia fuente de acceso por canales públicos (como por ejemplo los datos públicos en las redes sociales).

Desde siempre se ha cuidado que cada persona tenga y haga su vida, a su manera y placer, que diga  lo que le parezca, que se desplace, que se reúna, en fín, que ejerza sus libertades y derechos, porque esa es la fuente de la libertad bien entendida, con tal que todo lo que haga o deje de hacer no afecte los derechos de los demás y las normas vigentes.

En el mundo se está entrando en un terreno de alto riesgo que se aceleró con la presencia del terrorismo en los últimos años. Los Estados han comenzado a poner en funcionamiento un mecanismo que no es el clásico espionaje de un gobierno contra otros gobiernos o respecto de ciertos grupos extremistas o de alto peligro; hoy el espionaje se ha vuelto contra los propios ciudadanos, por riesgos reales, potenciales o preventivos, sin importar la frontera de los derechos de cada uno. Algo que George Orwell lo explicó magistralmente en su obra “1984” y que deriva en un “Gran Hermano” global.

Como consecuencia de esta situación crítica, y de los derechos que todos tenemos, la pregunta que sigue es qué ocurre en nuestro país con la maquinaria de inteligencia y espionaje.

Según la información que he podido recopilar, existía una fuerte inteligencia militar en cada fuerza, la Policía contaba con un servicio propio para sus tareas de vigilancia y contralor policial y poco más. Desde hace aproximadamente 15 años la inteligencia del Estado se ha ido ampliando de manera consistente: los ciudadanos responden ahora ante las investigaciones y pesquisas de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE, que depende del ministerio de Defensa Nacional), la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII, del Ministerio del Interior, además de  una cantidad de entidades que reúnen tareas de investigación e inteligencia, como los departamentos propios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura Nacional Naval; la inteligencia en materia financiera y de lavado del Banco Central, la inteligencia propia de la Dirección Nacional de Aduanas, la que utiliza la Dirección General Impositiva para su actividad respecto de contribuyentes, los servicios de información del Servicio Exterior, entre otros.

Es clara la regla constitucional que impide a los gobierno efectuar cualquier tarea de espionaje, interceptación de correspondencia o comunicaciones, de acceso a la propiedad o de detención de ciudadanos que no se haga con una orden expresa y previa de un Juez y que cuente con una ley que lo habilite.

Sin embargo, hay un amplio campo de interrogantes que deberían estar claramente establecidas: quién controla, espía, sigue o vigila a los uruguayos? Por orden de quién? Con qué fines? Quién lo ha dispuesto? Quién controla a los servicios de inteligencia? Qué protocolo de inteligencia existe para efectuar las verificaciones? A nivel parlamentario, cuál es el alcance y las instancias de contralor?

Nada se sabe de todo esto. Los ciudadanos apenas podemos corregir una mínima parte del uso de nuestros datos personales cuando es ilegalmente accedido y utilizado, siguiendo la ley de base de datos personales, y en algo podemos acceder a información pública en poder del Estado gracias a una ley sancionada hace pocos años. Es eso y nada más.

¿Alguien sabe hoy si está siendo investigado, el motivo, el alcance, la autoridad que lo hace? Aplica la misma reflexión tanto si las acciones son de las autoridades impositivas, persiguiendo el cobro de tributos, o si lo hace la inteligencia policial espiando la pista de posibles delitos. Da lo mismo que sea un espionaje local o desde el exterior. Los funcionarios creen y actúan muchas veces fuera de control, con abuso de su competencia y pasando por encima los límites legales. Los ciudadanos quedan en la ignorancia.

Dado que los servicios de inteligencia solo pueden ser controlados eficientemente, como primer muro de contención, por los parlamentarios de todos los partidos, éstos son quienes deben dictar las leyes necesarias, ponerlos en orden, asegurar un control de las jerarquías y de los procedimientos, vigilar que se hagan las cosas de una forma seria, responsable y segura para todos los ciudadanos.  Y es uno de los temas que  cobrará más relevancia y sensibilidad en los años futuros.

Es que, como en el film “La vida de los otros”, parece que en Uruguay los ciudadanos estamos bastante desamparados y quizá nunca lleguemos a enterarnos que fuimos parte de una investigación o de un espionaje.