Daniel Caggiani nació en Montevideo el 20 de julio de 1983. Pertenece al MLN y es diputado por el MPP — Frente Amplio.
Integra la comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas y la Especial con Fines Legislativos de Asuntos Municipales y Descentralización de la Cámara de Diputados. Miembro y Vicepresidente del Parlamento de Mercosur.
Este lunes 26 de setiembre en Cartagena de Indias, Colombia, ante la atenta mirada de un sinnúmero de invitados internacionales y la atención expectante del mundo entero se firmó la Paz entre el Gobierno y las FARC EP. Sin duda esto es parte de un comienzo que aún alberga importantes incertidumbres, pero que refleja claramente que en nuestra América Latina, cuando existen instancias y voluntades políticas reales para recorrer caminos de diálogo y entendimiento, los resultados pueden ser posibles a pesar de las adversidades y los adversarios.
Y si bien este acuerdo aún tiene que ser refrendado por la ciudadanía, el apoyo del pueblo al proceso de diálogo para alcanzar los acuerdos de Paz fue uno de los debates centrales en la última campaña electoral por la presidencia en Colombia en el año 2014. Santos logró la victoria luego de derrotar al candidato Uribista Óscar Iván Zuluaga en segunda vuelta, luego de haber resultado segundo en la primera, con el apoyo de las organizaciones políticas y sociales colombianas que prestaron su voto para posibilitar ese triunfo y la búsqueda de los acuerdos de Paz.
Durante más de 50 años el conflicto estuvo activo en nuestro continente. Siempre latente, con altibajos y momentos de extrema agudeza, la guerra interna involucró diversos actores movidos por los más variados intereses. Sin duda el sostenimiento de tantos años de lucha armada, lejos está de la simpleza de explicarse como un enfrentamiento entre el Estado y “grupos guerrilleros de extrema izquierda” como muchos intentaron simplificar durante décadas.
Para empezar a comprender las raíces del conflicto desde afuera, es necesario situarse en el escenario latinoamericano en general y colombiano en particular de los años 60. Un país con un Estado débil, dónde existían (y persisten aún) los niveles más grandes de desigualdad social y económica. A pesar de sus enormes riquezas naturales, la pobreza superaba ampliamente el 50% de la población y el índice de desigualdad era (y es) uno de los más altos de América Latina. Colombia es tristemente uno de los países latinoamericanos que ostenta los primeros lugares en el ranking de asesinatos de líderes sociales, sindicales y políticos de izquierda. La sociedad colombiana presenta grandes niveles de violencia e impunidad institucionalizada. Tampoco es menor señalar que Colombia es el principal país productor de Coca a nivel mundial, lo que mueve grandes intereses internos y externos alrededor del narcotráfico.
Este complejo escenario tuvo entonces varios protagonistas más o menos visibles: las fuerzas armadas estatales, grupos guerrilleros, grupos paramilitares de extrema derecha, cárteles de narcotraficantes y diversas bandas criminales. Carl von Clausewitz, militar prusiano y uno de los principales teóricos de las ciencias militares modernas, decía que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Hoy después de más de medio siglo, los colombianos resolvieron que la construcción de la paz es la forma de continuar, y esa es la voluntad política que se traduce en el acuerdo que fue firmado luego de casi cuatro años de negociaciones en La Habana, La firma de la paz no es el final, sino el comienzo.
El conflicto representaba también una gran amenaza a la paz regional, a la democracia y al desarrollo. Claramente se convirtió en en un problema que trascendió las fronteras colombianas y que motivó graves dificultades con los países limítrofes como Ecuador, Brasil y Venezuela. Fue a su vez, la justificación para el gran despliegue militar de los Estados Unidos en nuestra región, que aprovechó para instalar varias de sus bases militares con el objetivo de completar el despliegue del Plan Colombia.
Durante el largo proceso de negociaciones, se debatieron muchas de las causas profundas del conflicto. Como todo proceso político y social, este proceso de paz es una construcción que se orienta al objetivo de cerrar un largo ciclo de violencia y que no tiene antecedentes a nivel mundial. En la propia Colombia, cuando se intentó ponerle en la década de los ´80, los integrantes desmovilizados de la guerrilla del M-19 fueron sistemáticamente eliminados (incluyendo a un candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, asesinado en 1990), lo cual truncó el tránsito a la legalización política. En Europa, donde hoy tantos analistas conservadores escriben una y otra columna contra el proceso de paz colombiano, y dónde aún quedan conflictos sin resolver, tampoco se registran antecedentes que permitan establecer paralelismos con éstas negociaciones.
Con la firma del acuerdo se están generando las condiciones para cerrar este ciclo de violencia, que como apuntábamos más arriba será ratificado por la ciudadanía al acudir a las urnas el próximo 2 de octubre. El pueblo colombiano podrá decidir sobre el futuro de su país, mucho más en profundidad de lo que implicaría una elección presidencial o legislativa. Podrá elegir la paz y encaminarse a una normalización de la política nacional.
Por tal motivo, merece toda nuestra atención y nuestro apoyo. Aquellos que estamos por la paz en Colombia y en Sudamérica, debemos saludar a todos los actores que han aportado positivamente a este proceso. Una vez resuelta la paz, se podrá concretar el desarrollo y la democracia; eso está en manos de los colombianos y colombianas y es un derecho que la guerra y la violencia les privó.
Tampoco podemos perder de vista que la paz tiene enemigos; son los que hacen negocios con la guerra, los actores de la economía transnacional ilegal, los que no quieren que se ponga fin a un conflicto que generó miles de víctimas por décadas y desestabilizó toda una región de Sudamérica.
Por otra parte, asociado a este proceso, se encuentra otro que es el del diálogo político regional en el marco de los procesos de integración que tenemos en Sudamérica. Los procesos de integración sirven para eso: para asegurar la paz y para posibilitar el diálogo y la cooperación para el desarrollo de nuestros países. Y para alcanzar objetivos de esta magnitud, nunca hay herramientas en exceso, todas son necesarias y bienvenidas desde su aporte específico.
En este sentido cabe mencionar que nos preocupa la situación que atraviesa el Mercosur, así como la que atraviesa la UNASUR, que evidencian que el diálogo político regional se encuentra deteriorado. Es importante advertir que los mayores avances en esta materia se dieron durante la última década, pero es urgente admitir que no pudimos avanzar lo suficiente para consolidar una institucionalidad regional que posibilite y asegure, la cooperación y la estabilidad regional.
Los pueblos latinoamericanos nos hemos dado los instrumentos jurídicos e institucionales necesarios para regular una amplia variedad de situaciones relacionadas a la democracia, la soberanía, los derechos humanos, la educación, salud, defensa y cuidado de nuestros recursos naturales. Esto fue posible por el liderazgo regional de muy diversos actores políticos; un liderazgo que hoy es necesario para reencauzar la integración sudamericana.
Por último, en este punto es necesario agregar otro aspecto fundamental: los países no se integran por la vía de los mercados, ni siquiera por la creación de mercados ampliados. Circunscribir la integración sudamericana a la adopción exclusiva de aspectos de libre comercio no es realista y se revela como claramente insuficiente. Nuestros países tienen un pasado común y un potencial enorme para insertarse en esta etapa de la economía global.
Está claro que buena parte de ese potencial es de carácter comercial, por la portentosidad de los recursos energéticos, minerales, agua dulce, biodiversidad, que tienen nuestros pueblos. Pero el solo hecho de generar condiciones de libre comercio para aprovechar estos recursos (algo que sin la mano política está demostrado que solo aprovechan los actores transnacionales privados) no asegura la integración de nuestros países, ni asegura que esos bienes naturales están para desarrollar nuestros pueblos, para terminar la desigualdad, la exclusión, la pobreza. Si logramos terminar con el flagelo de la desigualdad, este será el siglo de América Latina.
Sin duda la paz, el diálogo y la integración de nuestra región son elementos necesarios para avanzar en la resolución profunda de las causas que han originado no sólo el conflicto armado en Colombia sino también muchos otros tal vez más silenciosos y menos violentos a lo largo y ancho de nuestro continente. Por eso estaremos muy atentos a lo que suceda en la consulta popular del próximo 2 de octubre, porque lo que también se plebiscita el domingo es la posibilidad que triunfe la Paz y la continuación de la política por otros medios.
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