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Desarme

07.Nov.2016

El tema de la Seguridad Pública ha preocupado a nuestra ciudadanía y gobernantes desde hace mucho tiempo, pero por el impacto que dicho tema tiene en la opinión pública y porque además es un tema recurrente en las ultimas campañas electorales se lo ha posicionado como moneda corriente en conversaciones de toda índole y a todo nivel. Por el diputado Felipe Carballo.

 Sin embargo, cuando la ciudadanía reclama y solicita respuestas, debemos hacernos cargo de la responsabilidad que nos compete y buscar alternativas y soluciones que vayan en sintonía con esos planteos ciudadanos.

Mucho se ha hablado de las políticas públicas al respecto, de los resultados de las mismas, de la violencia en todos los estamentos sociales, de las causas y las consecuencias de la misma y de las acciones puntuales en el combate al delito. Creemos que es importante atacar este flagelo desde todas sus aristas, y es ahí donde consideramos que por ejemplo, sacar las Armas de fuego de las calles es hoy una prioridad. Sabemos que no es una tarea sencilla, pero al menos nos debemos un debate profundo sobre el asunto.

En el año 2014, el Parlamento Nacional aprobó la Ley Nro. 19.247, que entre otras cosas controla la tenencia, el porte, la comercialización y el tráfico de armas de fuego. Pero además brinda al Ministerio del Interior la posibilidad de contar en no mas de 48 hs. con el informe de registro de las armas de fuego del banco de datos del Ministerio de Defensa y los datos del titular de la misma, en todos aquellos casos que lo considere necesario. Esta ley tiene una extraña particularidad, la misma fue votada solo por el Frente Amplio (15 votos en 21 Senadores presentes). Nos preguntamos si los 6 senadores de la oposición que no la votaron, los otro 9 que no estaban presentes y no enviaron a su suplente a la sesión, ¿no estaban de acuerdo con la misma? , ¿por que motivos? . Son algunas de las contradicciones que encontramos cuando desde la oposición se cuestiona constantemente la labor del Ministerio del Interior y sus jerarcas, pero cuando vamos a la búsqueda de soluciones encontramos que el discurso queda solamente en una suerte de herramienta cuya  única función es el de rédito político.

Sabemos que la reglamentación de esta ley por parte del Poder Ejecutivo es fundamental y que el control de las armas de fuego, de la mano del desarme civil seguro contribuirá y mucho en esta lucha, no solamente contra el delito, sino contra la violencia en general. No podemos dejar de lado otro de los grandes problemas que nos aquejan, que son los casos de suicidio (que duplican incluso el número de homicidios) , los accidentes por la manipulación de armas de fuego y los feminicidios, que si bien no tiene relación directa con la Seguridad Pública, en la mayoría de los casos tienen como denominador común el uso de armas de fuego.

Nuestra legislación actual, nos autoriza a la compra y porte de armas de fuego, solo en situaciones especiales en las cuales se amerite su uso por diferentes razones (ej. manejo cotidiano de dinero). Este no es un “derecho natural” de los ciudadanos garantizado por la constitución, es el Estado quien hace una concesión a aquellos ciudadanos que así lo solicitan y que cumplen con una serie de requisitos, por lo que hasta ahora el tener un arma en el hogar o portar una es una opción fuertemente basada en definiciones culturales.

Sabemos que la causa principal o material del delito, es el delincuente y a su vez la única causa que puede combatir la Policía directamente, pero siempre una vez cometido el mismo o en el momento mismo de cometerse. El delincuente, para llevar a cabo todo tipo de delitos violentos (homicidios, rapiñas, copamientos, etc) utiliza generalmente armas de fuego. Casi el 80% de lo homicidios, incluyendo los feminicidios, se llevan a cabo utilizando este tipo de armas. Si partimos de la base de que los delincuentes no compran armas legalmente en armerías, podemos afirmar que se hacen de las mismas mediante el hurto en domicilios de particulares a los propios agentes policiales o a trabajadores de empresas de seguridad, las compran en las ferias o las obtienen de contrabando. Si reducimos el numero de armas circulante, las registramos, combatimos el contrabando, el tráfico y la venta ilegal de las mismas obtendremos como efecto implicito la reducción de los delitos violentos que se llevan a cabo mediante el uso de armas de fuego.

Sabemos que la reglamentación de esta ley esta en proceso, y que es intención del Poder Ejecutivo acelerarlo para que esta nueva herramienta legal permita un control mas riguroso de las armas registradas, ademas de crear condiciones mas severas para lo que tiene que ver con el contrabando interno y externo tanto de armas como de municiones. Sin embargo, esta Ley no propone ningún operativo de incautación de armas y creemos que es un elemento que también se debe considerar . Es por eso que, con nuestro equipo de expertos en Seguridad Publica Integral, estamos trabajando en un proyecto sobre control de armas de fuego, de carácter operativo, donde la policía pueda salir en búsqueda de armas ilegales (o no registradas), siempre dentro del marco jurídico y con todas las garantías para la ciudadanía en general. Requisar esas armas que queden fuera del registro estipulado por la ley, puede evitar que las mismas sean utilizadas para cometer un delito y esta acción se encuentra dentro del marco de acción de la policía en la primer etapa de su actuación como es la PREVENCION.

Estamos convencidos de que debemos sacar las armas de los hogares y de las calles, cuanto antes, una y mil veces.