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Ir, izquierda con un nuevo sentido

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Institucionalidad que encorseta

02.May.2017

No quedan dudas, Uruguay necesita aumentar su capacidad de acción institucional en lo que refiere a temas ambientales. Si bien se reconoce, tanto a nivel nacional como internacional, la seriedad con la que nuestro país trabaja la temática, hay sobrada evidencia de que la institucionalidad actual encorseta, que la dispersión institucional enlentece y nos hace menos efectivos. Es por ello que debemos tomar una decisión como país.

La semana pasada visitó nuestro país el Relator Especial de Derechos Humanos relacionados con el Medio Ambiente para Naciones Unidas y en la conferencia de prensa que brindó, valoró el compromiso de Uruguay respecto a la protección de los DDHH y su relación con el ambiente. Destacó la mejora del acceso a la información y la justicia ambiental, la legislación que creó el Observatorio Ambiental, la reciente propuesta de Ley de Delitos Ambientales, el trabajo en Cambio Climático y la matriz energética basada en energías renovables, entre otros. Sin embargo nos marcó que la dispersión de instituciones que trabajan en temas ambientales es demasiado grande y muchas veces la negociación entre ellas y los procesos burocráticos hacen que los tiempos de respuesta y las soluciones a las que abordan no sean las mejores.
La generación de políticas más sostenibles implica lograr darle la jerarquía adecuada al análisis y la consideración de los aspectos ambientales. Vemos ejemplos a diario en lo que respecta a residuos, gestión costera o agroquímicos.
Si tomamos uno de ellos, la gestión de agroquímicos, vemos la falta de una visión integral. Al momento de analizar los paquetes tecnológicos por lo general priman aspectos productivos y no siempre se incluye el análisis de los riesgos en la salud poblacional y el ambiente de las sustancias químicas asociadas.

Como país hemos avanzado mucho. La creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático implicó un fortalecimiento institucional y una mejor coordinación, pero nos debemos una discusión más profunda y quizá debamos pensar más seriamente la creación de un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este planteo no es actual y no tiene una sola autoría, y de hecho fue mencionado al relator de DDHH en estos días. Se necesita pegar el estirón y tratar estos temas con la seriedad y profundidad que se merecen, asumiendo en forma definitiva que los temas ambientales son estratégicos, necesarios e ineludibles.

Desde el IR hace tiempo estamos convencidos de la necesidad de crear un Ministerio de Ambiente que integre las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial, que evalúe y fiscalice las acciones públicas y privadas sobre el ambiente, con despliegue territorial y con una fuerte interacción y cooperación con las Intendencias y otros ministerios y organismos con incidencia en la temática. Esta nueva institución debería abarcar: Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dirección Nacional de Aguas, Instituto Uruguayo de Meteorología, Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, Cambio Climático y la Dirección Nacional de Recursos Renovables (o parte de esta Dirección, hoy en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca).

La necesidad de un Ministerio de Medio Ambiente ha adquirido una dimensión tal y un consenso en la sociedad civil suficientes como para que desde el Frente Amplio incorporemos definitivamente el planteo en nuestra estrategia política y en nuestras bases programáticas en el mediano plazo.