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Columnas de Daniel Chasquetti

Sobre el autor

Autor: Doctor en Ciencia Política.
Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

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Por qué Uruguay no debe reconocer el resultado electoral en Venezuela

31.Jul.2017

Cuando una elección no ofece garantías mínimas para los competidores sus resultados no deben ser reconocidos como legítimos. Esa debería ser una regla básica para cualquier gobierno democrático. Para que en una democracia haya una competencia limpia los procedimientos de votación, conteo y definición del resultado deben ser aceptados por todos los competidores. La consecuencia de ese acuerdo conduce al siguiente axioma: toda democracia reposa en el consenso en torno a las reglas de juego. Sin ese acuerdo básico es imposible que la democracia. Por eso es tan importante que tras los comicios, los candidatos acepten los resultados y reconozcan las derrotas.

Lo que ocurrió en Venezuela este domingo muestra cuán alejado de la democracia se encuentra el régimen político de ese país. La elección de la Asamblea Constituyente estuvo precedida por la anulación del referéndum revocatorio impulsado por la oposición, la suspensión de elecciones regionales y municipales, y la formulación de reglas ad-hoc impuestas unilateralmente por el gobierno. Entre ellas, la decisión de convocar a la elección de una Asamblea Constituyente sin realizar antes una consulta respecto a la conveniencia de reformar la Constitución, modificar el sistema electoral introduciendo mecanismos de representación corportativa, etc. Bajo esas condiciones era difícil que la oposición participara. O sea, la elección ya era dudosa por el mero hecho de que la oposición la rechazara, pero los hechos constatados este domingo agravan la situación. No hubo observadores internacionales, tampoco fiscales de las partes en disputa, no hubo transparencia en los procesos de conteo, se registararon episodios de violencia motivados por uno y otro bando, etc.

Por tanto, el resultado no debe sorprendernos. Mientras el organsimo electoral controlado por el gobierno anuncia un exorbitante 41%, la oposición dice que participó sólo un 12%. El desacuerdo alienta la inevitable sospecha de manipulación de la elección. Hay quienes comparan estos comicios con la consulta realizada por la oposición dos semanas antes. Pero no son comparables. Aquella elección fue un acto político no vinculante, sin otro fin que demostrar el respaldo popular que aparentemente cuenta la Mesa de la Unidad Democrática. Como los opositores dijeron que fueron a votar 7 millones de votos, ahora el gobierno se ve obligado a anunciar el respaldo de 8 millones. Estos números no cierran por ningún lado. Superan cualquier otra performance electoral del chavismo en la última década. Si Maduro contara efectivamente con ese respaldo, no se entiende por qué suspendió el revocatorio, las elecciones regionales y las muncipales. Con ese apoyo popular, el gobierno chavista no debería haber temido nuevas derrotas. Eso conduce a creer que esa votación no existe, es decir, fue inventada con el único fin de poner en marcha la Constituyente y terminar de aplastar a la oposición.

Por tanto, el gobierno uruguayo debería pensar muy bien lo que hará. Por regla general, Uruguay no debería reconcer resultados electorales donde no se cumplan con las garantías mínimas del sufragio. Hace cien años, en oportunidad de la primera reforma de la Constitución, nuestro país consagró procedimientos electorales que permitieron construir la democracia. El actual gobierno debería ser fiel a ese precepto y exigir al gobierno de Maduro que no siga adelante con su proyecto de Constituyente. Está bien exigir el diálogo para salir de la crisis, pero está mal avalar el juego unilateral de una de las partes. El gobierno uruguayo tiene que decidirse entre ser fiel a sus convicciones o adoptar una actitud cínica que terminará por avalar lo que se viene en Venezuela.