Quizás, con el trasfondo de los hechos de corrupción que involucran a gobernantes y dirigentes de varios partidos, estemos procesando el fin de nuestra ingenuidad.
Los uruguayos solemos ufanarnos de vivir en el país menos corrupto del continente, como si esto fuera una hazaña. La última medición realizada por Trasparencia Internacional observaba cómo los dos países líderes (Uruguay y Chile) eran también los que más habían caído.
No es lo mismo ser transparentes y honestos que percibirse como tales, por lo que muy probablemente lo que haya pasado no fue que nos corrompimos durante el 2016 sino que, las denuncias e investigaciones sobre el manejo de la cosa pública, terminó por perforar nuestro obcecado alelamiento.
Antes de que las denuncias cruzadas terminen por convertir a la opinión pública, alelada al cubo por la
exposición prolongada a las redes sociales, en una colección de memos irrecuperables, los líderes del país deberían hacer algo. Especialmente los políticos. Por ejemplo, podrían elevarse por sobre el fuego cruzado y abordar las acusaciones desde una perspectiva estrictamente axiológica.
Al principio duele un poco (los compañeros suelen ser tratados con indulgencia, especialmente si acaudillan a miles de votantes) pero una vez que se traga la medicina, los resultados son esperanzadores. La gente suele descubrir cuándo un dirigente expresa compromiso en el dolor y cuando sólo ensaya el disimulo o el contragolpe.
Al final del camino, y puesto que los principales partidos parecen compartir vicios, el electorado sabrá distinguir entre los sensatos y los necios. O al menos eso suponemos. Con el presidente de la República lanzado a los excesos de la comunicación populista y la posverdad, todo parece más difícil.
Además de reaccionar bien y pronto frente a las denuncias de corrupción, los líderes políticos deberían expresar su compromiso promoviendo controles exigentes y fácilmente auditables. El compromiso real con la transparencia y la honestidad en el manejo de la hacienda pública, en conjunción con las prestaciones de las nuevas tecnologías, pueden liberar al control ciudadano prácticamente en tiempo real a buena parte las acciones de gobierno.
La ley de acceso a la información pública es muy buena pero no es suficiente. La sociedad actual reclama y merece que sus gobernantes y administradores muestren, además, iniciativa en informar y someterse al escrutinio de sus mandantes.
Todas estas (y otras) buenas ideas e intenciones deberían instalarse en el centro del debate de la próxima campaña electoral. Ya sea que la ciudadanía se lo exija o que no.
Si aspiramos a entrar en la siguiente etapa de desarrollo no nos va a alcanzar con tener más y mejor escolaridad, si es que logramos avanzar en ese sentido. Deberíamos contar también con una política que exprese esos valores. Al menos que comience a ponerle fin al despilfarro, el nepotismo, la conjunción de intereses, el caciquismo, el clientelismo, el abuso de funciones, los negociados y los acomodos.
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