Como ya lo habíamos mencionado en nuestra nota anterior sobre el tema “cincuentones”, el problema con los mismos proviene de un error de diseño de la Ley original de 1995, que genera un trato injusto con los mismos y es por ello que hay un consenso en la fuerza política Frente Amplio de dar una solución para este colectivo de personas.
Antes que nada, debemos dejar en claro que esta solución es conveniente para quienes al día de hoy tienen un salario aproximado de entre $70.000 y $150.000, y son mayores de 51 años. Es decir, que no todas las personas mayores de 50 años están incluidas en esta solución, ni tampoco lo están todos los trabajadores menores de 51 años, mayores de 60, ni todos los pasivos.
Para abordar el tema, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de Desafiliación del Régimen de Jubilación por Ahorro individual obligatorio, cuyo universo incluido son aquellas personas con 50 o más años de edad al 1° de abril de 2016, comprendidas obligatoriamente en el régimen de jubilación por ahorro individual, Ley 16.713, las cuales podrán optar o no por salir de ese régimen.
Con el esquema planteado por el Proyecto Presentado al Parlamento, en el primer lustro a partir de 2018-2019, el BPS tendrá ingresos positivos y luego mayores costos netos en las más de cuatro décadas siguientes. Los mayores gastos que determine las pasividades servidas a estos trabajadores, serán atendidos por Rentas Generales.
Una vez delimitado por el articulado el universo comprendido; en un nuevo informe del BPS del mes de octubre, el mismo se enmarcó a un mínimo de 28.168 y un máximo de 70.559 personas (de un total de 130.000 comprendidas por edad), con el consiguiente abanico de costos, con lo cual el BPS estimó un costo total neto máximo de 3.767 millones de dólares en 48 años, y aplicando una muy discutible tasa de descuento del 1.5% anual, un Valor Actual Neto (VAN) de 2.557 millones de dólares. Cabe decir, calcula el valor al día de hoy de los flujos de fondos positivos y negativos en Unidades Reajustables (UR) durante las cinco décadas de impacto del sistema, descontando esa tasa financiera.
En particular el MEF, aceptó in totum los cálculos realizados por el BPS (por ser el Organismo especializado en el tema) en lo que tiene que ver con el universo mayor y el cálculo de las prestaciones adicionales que el mismo deberá cumplir a partir del 6 año, pero rechaza (por ser el MEF el organismo especializados en temas de finanzas y costo de endeudamiento) las tasas de rendimiento del fideicomiso y la tasa por descuento utilizado por el BPS para aumentar los ingresos y disminuir los costos del resultado del VAN total del proyecto.
El MEF ha calculado que con una (generosa) tasa de descuento para el VAN y de rendimiento para el Fideicomiso del 0,5%, el resultado del VAN total sería de US$ 1.100 millones superiores a los presentados por el BPS, lo que totalizaría U$S 3.649 millones con afectaciones de 0,4% del PIB en los 25 años siguiente al primer lustro.
El proyecto plantea que quienes opten por abandonar el Régimen Mixto pasen al Régimen de Transición previsto en la ley 16.313. Este régimen de transición era para los mayores de 40 años, es decir que 21 años después se estaría terminando de aplicar porque la mayoría se habría o se estaría jubilando en estos años. Por lo que no está pensado para continuar en el tiempo, es un régimen especial con un cometido acotado para un número de personas, ya que el mismo no podría mantenerse y no podría ser sostenible sin el financiamiento adicional y necesario de Rentas Generales. Agregar ahora 10 años más crearía una situación que se volvería más rápidamente no sostenible, agravando la situación que planteo el Compañero Presidente desde México.
Reconocemos el legítimo derecho de los cincuentones en defensa de sus intereses, pero no de forma tal que agrave la situación del sistema de seguridad social, ya de por sí complicada, y que deberá ser financiado por el aporte de toda la sociedad, incluyendo los sectores más vulnerables de la misma.
Entendemos también que la solución a la cual se debe llegar debe fundarse en criterios de equidad y responsabilidad tanto política como fiscal, que permita la sostenibilidad de las cuentas públicas para no retroceder en todos los logros que durante los Gobiernos frenteamplistas hemos alcanzado, ni empañan lo que podamos ofrecerles a las generaciones que vengan luego. Estamos ante un tema de gran sensibilidad y trascendencia, los efectos de la solución que se apruebe impactarán en las próximas cinco décadas, dejando sin margen de recursos fiscales a los futuros gobiernos para aplicar políticas de re distribución.
Cualquiera de las soluciones a este problema requerirá de una importante contribución de la sociedad en su conjunto. ¿Qué implica esto?, que los recursos que se decida utilizar para esta solución no podrán estar al servicio de otros objetivos definidos como prioritarios por nuestra fuerza política: salud, educación, investigación e innovación, vivienda, nuevas reducciones a la pobreza y la desigualdad.
Por ello, no podemos votar el proyecto tal cual ingresó al parlamento, entendiendo necesario buscar alternativas que mejoren el impacto social a través de una solución más equitativa con el conjunto de trabajadores y pasivos que no están incluidos en este proyecto y con el resto de los uruguayos, en particular con los jóvenes, niñas y niños que son nuestra prioridad.
Estamos planteando una solución que se adapte a esta excepcionalidad, definiendo un régimen de transición especial para las personas que decidan acogerse al art. 1 del proyecto de ley. La modificación radica en aplicarle al haber jubilatorio del Régimen de Transición común, un coeficiente de 0,80. Esto es, se calcula la jubilación en las mismas condiciones definidas por el Régimen de Transición y luego se multiplica por 0,80. El valor resultante será la prestación a percibir por el beneficiario.
Esto implicaría reducir el universo de aquellas personas a las que les convendría el cambio, así como también el costo promedio de los que se cambien.
Este cambio se justifica para buscar una mayor equidad con los trabajadores que no están incluidos por ser menores de 50 años ni aquellos que superan los 60 años y pueden estar ya jubilados. Se estima que el ahorro potencial en relación al proyecto enviado al parlamento se ubicaría en el entorno del 50%, mejorando entonces la equidad en relación al resto de la sociedad. Una ventaja de esta modificación es su sencillez, ya que implica solamente el agregado de un artículo al proyecto de ley enviado, sin necesidad de modificaciones adicionales.
Por tanto, entendemos que nuestra bancada debe analizar en forma exhaustiva esta propuesta con una visión de izquierda y en defensa del interés general, para buscar y aprobar una solución justa y posible, comprometida por el presidente Tabaré Vázquez a este grupo de personas.
Ser responsables y equitativos requiere prevenir los impactos sociales que pagarán las futuras generaciones. Impactos sociales que impedirán poder brindarle a estas generaciones similares soluciones en Seguridad Social y también disminuir las necesidades básicas insatisfechas de los grupos más vulnerables.
Ver nota anterior: http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_303028_1.html
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