Algunas publicaciones de encuestas muestran un nivel de desprolijidad y desparpajo que asombran.
Solo una ley de encuestas garantizará a los ciudadanos, los partidos políticos y también a los competidores de estas empresas, el nivel de seriedad, responsabilidad y profesionalismo que la democracia exige.
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Lo importante del relato que sigue a continuación no son los errores que tiene la encuesta que está en el centro de la discusión. Errores cometemos todos, es natural y esperable. Lo verdaderamente relevante es el nivel de desprolijidad con que reproducen información y la naturalidad con que dan explicaciones a todas luces erróneas e incoherentes. O lo que tal vez es peor: la parsimonia con la que no hacen absolutamente nada.
No puedo afirmar en qué orden sucedieron las publicaciones originales, pero lo relevante es que entre el 27 y 28 de agosto de 2017 se difundió una encuesta de la empresa Opción sobre seguridad ciudadana que presentaba varias inconsistencias en los cálculos, que si bien era razonable esperar que fueran filtradas en una revisión mínima del medio que lo publica, lo que no ocurrió, para resolverlo hubiera alcanzado con una disculpa y una corrección de datos, textos y cuadros.
Los problemas que se ven desde fuera son básicamente 3: un cuadro no suma 100%, sino 98%, el gráfico de tortas de ese cuadro no representa los valores que muestra, y mientras que la ficha técnica afirma que se encuestaron 1300 individuos, los cuadros afirman que el total de encuestados es de 1483.
Lo primero que sucedió fue que un ciudadano tomo una foto de la nota sobre la encuesta en Telenoche, el informativo de Monte Carlo TV y la subió a Twitter marcando que no sumaba 100%.
Rápidamente la encuestadora contestó: “Gracias por la puntualización y las disculpas por el error señalado. Saludos”. Todo hacía pensar que revisarían sus datos, reharían sus gráficos e intentarían que los medios que difundieron la encuesta hagan lo propio.
Pero no fue así: se limitaron a editar la imagen de la gráfica para que sume 100. Del resto, nada.
La cosa no quedó allí. Un rato más tarde publicaron (SIC): “Normalmente correg. para present. en prensa, la pub. se hizo sin consent. de Opción. Cuando se quit. decim. es común ese nivel dif.”
Y aquí terminan todas las acciones de Opción sobre su encuesta: le aplicó Photoshop a una gráfica, le echó la culpa a Montecarlo TV y redujo todo a un problema de redondeos. No solo no comentaron nada sobre el resto de los problemas, sino que no hicieron ninguna corrección adicional: la nota sigue publicada en el sitio de Opción con todos sus errores e inconsistencias a cuestas.[1]
Por parte de los medios, parecería que a nadie le importa mucho si la encuesta que reprodujeron está bien, si 25% debe ocupar un cuarto de un gráfico de torta o si 1.300 es lo mismo que 1.483. La nota está publicada sin cambios al menos en elpais.com.uy[2] , telenoche.com.uy[3] y en elobservador.com.uy[4]
Personalmente le pedí por Twitter a Ricardo Peirano que tome acción sobre la nota que hace referencia a la encuesta, y en una actitud que aún hoy no consigo decodificar, dio retweet al pedido, pero no hizo absolutamente nada.
Si bien el compromiso de las encuestadoras de cumplir con un protocolo estricto de ficha técnica significa un gran paso adelante, la evidencia muestra que esto no es suficiente, que la población y la democracia necesitan garantías legales.
Una vez más los datos se enfrentan a los relatos, porque la empresa Opción es miembro de la cámara y por tanto firmante de un compromiso que incumple sin inmutarse. ¿Qué herramientas tienen sus pares en la cámara para contrarrestar actitudes como la descripta más arriba? ¿Qué consecuencias tiene para una encuestadora apartarse del protocolo que firmó? ¿Quién va a recorrer uno por uno los medios garantizando que se remueva la información incorrecta? Y todo esto sin preguntar qué sucede con las empresas que no están en la cámara.
Solo una ley de encuestas garantizará a los ciudadanos, los partidos políticos y también a los competidores de estas empresas, el nivel de seriedad, responsabilidad y profesionalismo que la democracia exige.
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