Periodista, integrante del sector frenteamplista Banderas de Líber. Para que puedan consultarse, entre las columnas anteriores se encontrará algunas de la columna de Banderas de Líber, aunque sólo algunas fueron escritas por él.
Jaime Secco
Los hechos son más o menos conocidos. A través de redes de WhatsApp, una serie de productores rurales más otros invitados, se dieron manija y propusieron cortar el suministro de alimentos frescos a la zona Metropolitana y turística del Este porque Tabaré Vázquez había dilatado una reunión con las gremiales.
Las directivas de las cámaras no los acompañaron y en una asamblea decidieron esperar aunque algunos siguen considerando que sin romper la ley no van a lograr nada. Hubo llamaras e intercambios, pero Vázquez no fija fecha, probablemente porque espera a tener algo que proponer.
No somos expertos, pero preguntamos, leímos y aprendimos cuatro cosas: Uno: "No se trata de lo más rancio de la oligarquía" que pide por pedir. Dos: Sí hay situaciones coyunturales preocupantes en distintos rubros, lo que no quiere decir que los whatsapps tengan razón ni el sus propuestas ni en sus procedimientos. Tres: Sí se produjo una revolución productiva estructural y aumentó la producción y los flujos de dinero. Cuatro: Algunos consideran que el gobierno debiera equilibrar las políticas sectoriales de largo plazo dedicadas a promover nuevas capacidades y reparar mercados con otras políticas de defensa ante amenazas coyunturales de fuera del sector.
Vamos de a uno.
1. Una mirada política
Los argumentos que trascendieron, tanto de las gremiales como de las intervenciones de WhatsApp, giran en torno a tres ideas. Primero, que no hay ningún sector en el país que esté bien. Eso, claro, no es cierto; basta ver la explosión de gente de vacaciones y de compras.
Segunda idea, que "los políticos" tienen que asegurarles la rentabilidad. Eso quiere decir el gobierno; es decir todos los demás. Es cierto que hay factores externos que afectan al sector, pero la idea de la rentabilidad asegurada suena a rémora de la época del estancamiento, cuando los empresarios uruguayos no peleaban su competitividad, sino rentas políticas. Una variante, que "no puede ser" que un tambero que se levanta temprano no tenga ganancias suficientes.
Tercera idea, que el gobierno le cobra impuestos al campo -a los pocos que trabajan- para darle la gran vida a la mayoría, que son unos vagos. Más que al absurdo de las cifras, llamamos la atención a la disparidad de criterios. El gobierno tiene la obligación de darle ganancia a ellos, pero de ninguna manera un soporte de vida "los más infelices".
Dicho esto, un segundo aspecto es identificar a los indignados. Hasta por su lenguaje se nota que no son nada parecido a la oligarquía tradicional. Esa categoría de estancieros ausentistas como enemigo principal es un esquema del pasado. Hoy los poderosos del campo son empresas como Union Agricultura Group, que cotiza en Wall Street y maneja con normas de calidad ISO 14.001 unas 100 estancias que suman 180 mil hectáreas. Sus ganancias no se miden en una 4x4.
Los productores que se quieren sublevar son de medianos para abajo, que son justamente quienes tienen menos colchón para aprovechar la tecnología y para apechugar situaciones adversas.
Un tercer aspecto de este apartado sobre la significación política de esta situación, debe enfocarse en el Frente Amplio, y quizá en el propio gobierno. Nadie pareció ver venir el tema ni tener una política propia. Y, como frenteamplistas, nos hacemos cargo de lo que nos toca.
Para empezar, reconocer errores. Si hay que subir tarifas para cubrir la deuda de Ancap, es natural que haya mal humor. Axel Honneth sostuvo, relevando a sociólogos e historiadores, que las revueltas sociales no se debieron tanto a coyunturas difíciles o a intereses económicos como a situaciones en que actores sienten que sienten como un menosprecio o injusticia cuando se modifican las reglas o se viola un consenso tácito.
Aplicado al caso, en un estudio publicado el año pasado en México, Gabriel Oyhantçabal y Martín Sanguinetti encuentran que desde 2002 el Estado no ha aumentado su participación en el producto del agro, como sí aumentaron la renta del suelo y los salarios. Eso evidencia que hay un componente político, emocional y no económico. Y, claro, hay intentos de aprovechamiento político, desde los partidos tradicionales o incluso nostálgicos de la dictadura que han invadido las redes.
2. Una mirada a la revolución estructural
Es cierto que en nuestro campo ha habido cambios estructurales desde 2004. En los 60, cuando se comenzó la planeación del desarrollo y el ministro de Ganadería Wilson Ferreira creó el Plan Agropecuario, se decía que nuestra tierra no era competitiva para cultivos, salvo algo de trigo para consumo interno. Hoy, se consiguen rendimientos de granos de los más altos del mundo, compitiendo con tierras ricas como las de Ucrania y la Pampa.
También se estimaba que 8 millones de vacunos era el límite que se podía producir con las tecnologías de la época. En 1908 había 8:192.000 cabezas y en 1966 8:178.000. De hecho, la cosa siguió así: en 1990 seguían siendo 8,6 millones. Pero en 2015 había más de 12 millones de vacunos pese a que esa producción ocupaba menos superficie por la competencia de la soja y otros cultivos que ocuparon más de un millón y medio de hectáreas.
Nuevas estructuras de estímulos, de tecnologías, de diversificación, de inserción internacional, de cadenas de empresas de servicios agrarios y de gerenciamiento empresarial; especialmente en algunos productos como arroz y lechería. En 2014 la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca determinó que del aumento de las exportaciones más de la mitad correspondía a aumento de volumen físico, no de precio. Y de ese volumen, la mitad corresponde a aumento de factores -más tierra, capital y mano de obra- y la otra mitad a progreso técnico. En las décadas anteriores, el aumento de productividad había sido casi inexistente.
Esta revolución hay que tenerla sobre la mesa. Se dio durante los gobiernos del Frente Amplio, influido a que el Estado fomentó los estímulos, pero se dio porque hubo gente que la puso en práctica.
3. Una mirada a los problemas coyunturales
Esos son grandes números. Los economistas dicen que en los promedios se ahogan los petizos. No todo el mundo pudo o supo aprovechar con la misma eficacia las oportunidades que se abrieron. En estos procesos hay perdedores.
El Plan Agropecuario acaba de observar que los ganaderos precisan cada vez más hectáreas para mantener su estructura productiva.
En segundo lugar, las actividades agropecuarias son particularmente sensibles a factores externos. Sea el tipo de cambio u otras políticas públicas, sea la sequía. En Navidad había en Río Negro productores plantando soja por segunda vez porque el primer sembrado se había perdido.
El Observador hizo en estos días un repaso sector por sector.
En 2017 el país creció, pero el agro se retrajo y se esperan caídas de 38% en la cebada, 14% en la soja, 12% en el arroz , cuya siembra cayó entre 7 y 10% porque tiene márgenes negativos. Pese al rendimiento de 8.500 kilos por hectárea, en la zona de Caraguatá una represa que puede regar 800 hectáreas este año no encontró clientes.
La lechería, un sector tecnificado, arrastra el efecto de la caída de precio internacional de hace 3 años, a pesar de un leve repunte. Arrastra es una palabra precisa, porque fue generando una deuda pesada que ha dejado productores por el camino. En 2016 163 tambos abandonaron el rubro y se estima que otra cantidad lo hizo el año pasado.
Los precios agrícolas aumentaron algo en 2017, pero no fue uniforme y siguen por debajo de los records de 2014. Opypa, del Ministerio de Agricultura, observa que los convenios laborales han subido los sueldos por encima de la media de la economía, lo que seguramente sea necesario, pero pesa en los balances. Lo mismo puede decirse de las tarifas de gasoil y electricidad, con el agravante de que la misma discusión pública entre jerarcas creó expectativas de rebaja que, al no cumplirse, multiplicaron el descontento.
Un resumen de este panorama es su reflejo en el endeudamiento. Según el último Reporte del Sistema Financiero del Banco Central, la deuda del sector agropecuario con los bancos equivale 75% de lo que produce en un año. Y, para peor, el 98% está en dólares, de manera que una suba del dólar no será necesariamente una buena noticia.
Pero el dólar no sube y nuestro agro se acostumbró desde la década del 30 del siglo pasado que la principal política de promoción al sector era el tipo de cambio. Si se vende el dólares y se compra en pesos, conviene devaluar. Durante décadas se devaluó en primavera cuando se iba a vender la lana. Es a lo que se acostumbraron a llamar "competitividad". Ahora, el dólar está bajando en el mundo y en Uruguay entran demasiados dólares -ahora por el turismo-, lo que baja su precio. Al 6 de enero, el banco Central había comprado 100 millones de dólares para retirarlos de plaza, pero ni así subió. Y es una política cara porque esas compras se hacen contra venta de bonos por los que hay que pagar interés. Y nadie quiere volver al tipo de cambio regulado que cada tanto nos arrojaba al precipicio.
En general, el gobierno tiene como prioridad bajar el déficit fiscal -cosa que también beneficiaría a la agropecuaria-, pero justo por eso no tiene margen para otorgar beneficios monetarios al sector.
En síntesis, sí hay problemas y algunos los sufren más.
4. Una mirada a las políticas necesarias
¿Entonces?
Uno de los expertos que consultamos fue el ingeniero agrónomo Carlos Paulino, doctor en Economía, ex director de Opypa, ex directivo de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación y de la Universidad Tecnológica, investigador de Cinve.
Casualmente, nos dijo que hoy en La Diaria iba a publicar una nota con su opinión sobre las políticas gubernamentales para el sector, en línea con algo que escribió hace un tiempo en la revista digital Vadenuevo.
Es interesante agregar su visión a estas notas, para no terminar con que hay un problema y no tiene solución.
Paulino distingue entre la competitividad estructural de largo plazo y aumento de productividad, que ha sido el foco de las políticas agropecuarias y la competitividad precio/costo, relacionada con factores ajenos a la producción misma -tierra, capital y trabajo-, como precios de los insumos, precios internacionales, tipo de cambio y otras situaciones coyunturales.
En consecuencia, distingue entre políticas proactivas y defensivas. Las primeras están orientadas a la competitividad estructural, como investigación, sanidad animal y vegetal, a reparar problemas que el mercado no logra resolver o a construir capacidades que están latentes. En Uruguay han funcionado, y en especial aquellas políticas destinadas a brindar servicios públicos sector a sector. Según una metodología de la OCDE, el 70% de los recursos se destinó a esos servicios, cuando en el promedio de la OCDE solo es el 14%.
Las políticas defensivas, por su parte, son aquellas destinadas a preservar capacidades valiosas que corren riesgo de ser destruidas, poniéndolas a resguardo de los shocks de coyuntura, atendiendo a relaciones precio/costo. En especial, a los sectores más vulnerables, como la agricultura familiar. Paulino reconoce que se han aplicado políticas defensivas como fideicomisos, refinanciaciones, ajustes impositivos, de energía y otras. "Sin embargo, este tipo de políticas no están concebidas de antemano como parte de una estrategia de desarrollo productivo, lo que constituye una falla en tales estrategias."
En resumen, cree que es necesario rever prioridades y revisar a la baja ese 75% invertido en servicios públicos para construir programas defensivos potentes y sistemáticos que atiendan situaciones de las que los productores no pueden salir por sí mismos.
?