Ahora se abre un nuevo escenario centrado en la discusión sobre el contenido de la regulación. Y parece entonces razonable volver al origen y poner sobre la mesa los argumentos que justifican la necesidad de una ley de encuestas.
Tal vez no sea muy ortodoxo comenzar por los no, pero parece necesario en este caso quitar del medio algunas afirmaciones y argumentos que entreveran y distorsionan mucho más de lo que contribuyen.
La ley no es para detener la conspiración de las encuestadoras. No hay en Uruguay evidencia alguna de una acción conjunta y deliberada de algunas o todas las empresas encuestadoras para producir resultado económico o político alguno. Muy por el contrario, las encuestadoras uruguayas y los profesionales que trabajan en ellas tienen en su mayoría prestigio y reconocimiento tanto a nivel local como internacional.
La ley no es para tener mejores encuestas. No será una ley la que produzca mejores encuestas, sino la investigación y el apego al método científico. Si se pudiera tener encuestas significativamente mejores, algo que no parece viable en el corto plazo, seguramente no será producto de una ley que regule el accionar de las encuestadoras. De hecho, es imprescindible cuidar de no incluir en la ley clausulas que puedan ir en la dirección contraria.
La ley no es para regular el mercado de las encuestas. No parece haber en Uruguay problemas en el mercado de la investigación de opinión y encuestas. Hay oferta variada, una cámara que agrupa gran parte de dicha oferta y herramientas legales a las que recurrir en casos de algún actor se sienta víctima de actividades anticompetitivas.
La ley no es para separar las buenas encuestas de las malas. Inclusive si existiera esa posibilidad, probablemente no sería una ley el mejor camino para hacerlo. Pero lamentablemente el único método fehaciente con que contamos para decidir si una encuesta es buena o mala es compararla con un censo. No hablamos de decir si metodológicamente está bien o mal, sino si sus resultados son efectivamente representativos del universo que intenta investigar. Pero si tenemos un censo, ¿para qué querríamos una encuesta?
La ley no es para filtrar, revisar, autorizar o censurar ninguna información. No hay ni lugar ni régimen donde los recortes a la información produjeran beneficios a la Democracia. Punto.
No queda claro contra quién discuten aquellos que una y otra vez insisten en intentar rebatir lo que nadie defiende. Estos argumentos no están sobre la mesa, no hay ningún individuo o grupo que los defienda activamente en la discusión pública y no son centro de ninguna propuesta de regulación. Ciertamente producen ruido, a veces tan fuerte que no se puede ni conversar.
El motivo absolutamente central que hace imprescindible la regulación de la actividad de las encuestadoras es prevenir la creación de escenarios políticos distorsionados artificialmente.
Cuando el primero de junio de 2014 se conoció que el Senador Larrañaga había sido derrotado en las internas, la sensación generalizada era de que había sucedido lo imposible. La derrota de Larrañaga no cabía en los cálculos de nadie, precisamente porque todos habían hecho suyos los cálculos de las encuestadoras. Y cuando la pura y dura verdad de los resultados hizo estallar por los aires la burbuja, solo quedó desazón y perplejidad, porque precisamente eso es lo que dejan las burbujas al explotar.
La participación de José Amorín Batlle en las internas del Partido Colorado en 2009 tuvo menos trascendencia mediática, pero la distorsión de la realidad y el impacto político para los actores fue de la misma magnitud. Durante toda la campaña electoral las encuestas dieron una y otra vez a Bordaberry primero, a Hierro López segundo y a Amorín Batlle tercero. Con lo que significa ser tercero de un tercero tan golpeado y erosionado como el Partido Colorado de 2009. Pero Amorín Batlle salió segundo, y con suficiente luz para que no se pueda hablar ni de una competencia reñida, ni de un cambio de último momento, ni de la remota probabilidad de que durante un año entero todas las encuestas lo colocaran en el tercer lugar.
Estos son solo dos de los muchos casos de distorsión artificial de la realidad que se podrían relatar de la historia electoral de Uruguay. Contrariamente al sentido común, lo que muestran las series de datos es que en Uruguay lo más probable es que el escenario que proponen las encuestas esté distorsionado, que son más los casos en que el resultado de la elección hace estallar la burbuja que los que responden a lo que se debería esperar.
Lo grave del problema es que desde el punto de vista del desarrollo de la elección y por tanto desde el punto de vista de la Democracia, los efectos son imperceptibles hasta que el daño está hecho. Cuando se conocen los resultados de la elección ya es tarde para tomar acción alguna. Es por ello que la única cura posible es la prevención.
Es llamativo lo mucho que se habló durante el evento de las encuestas, los encuestadores, los errores y el mercado, y lo poco que se habló de la Democracia.
Naturalmente que la regulación afecta a los encuestadores, a las empresas y el mercado, pero ese no es ni el foco ni la causa de la regulación. El fin de la regulación es tener más y mejor Democracia. Es vital que no se pierda de vista.
La idea de que las encuestadoras se juegan su prestigio en la elección no alcanza para proteger la Democracia. Inclusive si cada ciclo electoral les implicara el escarnio público y los llevara a la quiebra para ser reemplazados por nuevos competidores que aprovecharan la oportunidad comercial, sin regulación estas nuevas empresas volverían otra vez a derivar como un rebaño, generando nuevas burbujas que al explotar dejarían otra vez desazón y perplejidad. No es un invento, sino lo que ha pasado en Uruguay una elección sí y la siguiente también, independientemente de los cambios de empresas, encuestadores y metodologías. Si las reglas del juego no cambian, ¿por qué deberíamos esperar un resultado distinto?
Necesitamos una ley de encuestas que transforme las fichas técnicas en declaraciones juradas, para evitar las operaciones políticas basadas en encuestas y que ponga a disposición de la ciudadanía los datos crudos, para aportar transparencia al sistema desterrando definitivamente el efecto rebaño. Con esta ley no tendremos mejores encuestas, tendremos mejor Democracia.
?