Sin embargo, el gobierno ha decidido no hacer caso a los resultados de dos áreas principales que tienen directa relación con la calidad de vida de los ciudadanos.
En efecto, al iniciarse el cuarto año del segundo de gobierno de Tabaré Vázquez se cumplen, simultáneamente, ocho años completos de gestión del equipo que está al frente de la política de seguridad pública de nuestro país y casi ocho de quien tiene a su cargo la principal responsabilidad de conducir la política educativa.
Los resultados han sido y siguen siendo negativos en ambas políticas públicas.
La política educativa está inmersa en un patético fracaso, sin impulso reformista, sin avances sustanciales en los indicadores principales que tienen que ver con asistencia, egreso, equidad y calidad educativa. Las metas que el Presidente Vázquez formuló al comenzar el actual período de gobierno están lejísimos de ser alcanzadas y basta echar una mirada al discurso del Presidente del CODICEN, Wilson Netto, para constatar que no tiene ninguna propuesta seria de transformación.
Su orientación es la inercia pura, haciendo la plancha en una lógica burocrática que permite confirmar que al finalizar el período de gobierno, algo va a estar claro: el ADN de la educación seguirá siendo el mismo desde que Netto empezó su gestión.
¿Hay alguna señal de parte del Poder Ejecutivo en el sentido de realizar algún cambio en la conducción educativa? Ninguna. Todo indica que la actual conducción seguirá de largo hasta el final del período de gobierno, aunque todas las evidencias ratifiquen el fracaso de la gestión educativa.
En materia de seguridad pública, el equipo de conducción, con Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez al frente, si bien hizo esfuerzos en la profesionalización de la policía utilizando importantes recursos públicos, no ha logrado revertir el proceso de aguda crisis de nuestra situación de seguridad.
La inseguridad no hace otra cosa que aumentar y los indicadores oficiales, a los que se aferraba la conducción política del Ministerio del Interior, ahora también muestran la tendencia al deterioro irreversible demostrando que el famoso instrumento del PADO ha tocado su límite y, como si todo fuera poco, se constata que esa estrategia lleva a dispersar el delito hacia otras zonas del país, empeorando la situación general.
La sensación de descontrol y de incremento grave del riesgo ciudadano ante un accionar delictivo que ha aumentado en cantidad y en profesionalidad, pone de manifiesto el fracaso definitivo de una política de seguridad que fue sostenida contra toda evidencia durante dos períodos consecutivos de gobierno.
En definitiva, tanto la política educativa como la política de seguridad son ejemplos notorios de fracasos contundentes que, además, se encuentran confirmados por la opinión de la ciudadanía.
El gobierno ni siquiera puede mostrar que ha intentado modificar esta tendencia al fracaso buscando sustituir a sus responsables para probar si es posible revertir la tendencia. Por el contrario, encerrado e incapaz de reconocer errores o fracasos, sostiene a la misma gente desde hace ocho y siete años respectivamente. Muchos años para la vida de un país y para la vida de cualquier ciudadano común.
Hay sólo una cosa peor que el fracaso, la incapacidad o la falta de voluntad para reconocerlo y seguir insistiendo en lo que se hace mal.
A este gobierno no le importan los resultados, ni la evolución de los indicadores. Hagan lo que hagan, las autoridades siguen aferradas a sus cargos y el Presidente los sostiene sin argumentos, más que la mera continuidad.
Esta postura demuestra hasta qué punto está agotado el gobierno actual y cómo se nota su falta de impulso, dinamismo y capacidad de autocrítica. La sensación de una inercia es cada vez más impactante y preocupante.
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