Por: Paula Sajevicas.
Con la presentación del informe "Información reservada: los archivos clasificados del Estado", CAinfo detecta irregularidades en el proceso de clasificación de la información de los organismos públicos que debieron ser presentados antes del 31 de julio de este año. Pocos organismos cumplieron y el órgano de contralor, encargado de monitorear y velar por el cumplimiento de la ley, denota esfuerzos insuficientes.
El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó el 5 de setiembre el estudio Información reservada: los archivos clasificados del Estado en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya. CAinfo se propuso investigar cómo fue realizada la clasificación de la información de los organismos públicos, bajo qué estándares y cómo estos interpretaron las excepciones estrictas que establece la ley.
La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (LDAIP) se aprobó en el año 2008 para reconocer el derecho de los ciudadanos a acceder a la información en mano de los organismos públicos (sean o no estatales) y estableció un plazo de dos años -que luego fue extendido a cuatro- para que cada organismo procediera a clasificar toda la información en su posesión de acuerdo a las categorías creadas en la norma (pública, reservada y/o confidencial). Los organismos tenían tiempo hasta julio de 2012 para informar a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP, el órgano de contralor de la ley) sobre la información clasificada. Esta operación ofrece garantías a las dos partes de esta relación: las personas y los organismos públicos.
"El 31 de julio de 2012 era para nosotros una fecha clave para ver justamente cómo se cumplía la ley, el uso de las excepciones, cuáles eran y qué repercusiones iban a tener", explicó a In situ Edison Lanza, periodista y abogado, director del CAINFO. Para ello contrataron a Santiago Sánchez, licenciado en Comunicación Periodística por la Universidad ORT Uruguay, quien se desempeña como periodista de la sección Política en La Diaria.
"Fue un trabajo arduo porque la única fuente, o por lo menos la fuente más directa, fue la UAIP", explicó Lanza. Su equipo tuvo que hacer sucesivos pedidos de AIP para conocer las resoluciones donde figurara cada organismo y concurrir en varias ocasiones a "fotocopiar" el material, ya que no estaba en formatos abiertos o digitales. La primera dificultad con la que se encontraron fue que, a partir del 31 de julio, no estaban las resoluciones prontas para consultar. "Estuvimos pidiendo, de algún modo, consiguiendo y añadiendo resoluciones a estudiar, prácticamente hasta marzo de este año", comentó el director de CAinfo. Para seguir una metodología clara optaron por contar todas las resoluciones presentadas en 2012.
Un universo opaco
"Muy pocos organismos cumplieron. No tenemos idea exacta de cuál es el universo de organismos que están obligados", manifestó Lanza. Consultados acerca de la noción de dicho universo, el periodista Santiago Sánchez agregó: "en realidad creo que ni la UAIP lo tiene muy claro, en la medida que hay ministerios que los califica como tales y otros que los califica como unidades ejecutoras. Están establecidos cuáles son los organismos, lo que no está establecido es cuáles están obligados y no lo hicieron".
Como primera conclusión se pensó que la UAIP, como órgano de control, debería intimar a quienes no cumplieron para que acaten con esta resolución. "Solo dos de los 38 organismos obligados por ley a nivel departamental (juntas departamentales e intendencias) presentaron la declaración en fecha. De los ministerios, solo cinco entregaron en 2012 su informe de un total de trece. Lo mismo ocurrió con nueve de las diecisiete empresas públicas y servicios descentralizados, siete de las veinticuatro personas públicas no estatales, y cuatro de las ocho oficinas de los organismos dependientes de Presidencia. Sorpresivamente, organismos como el Instituto Nacional de Estadísticas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas de la República y la Corte Electoral no presentaron, a diciembre de 2012, ninguna declaración de información reservada en el marco del artículo 33, pese a la cantidad y relevancia de información que manejan", indica el informe.
Las excepciones: uso y abuso de los literales
Además de conocer cuántos organismos respondieron en tiempo y forma a la clasificación, se buscó analizar cómo justificaron las excepciones que se invocaban. Por ejemplo, para un organismo decir "tal información la voy a declarar reservada por razones de seguridad nacional -explicó Lanza- tiene que justificar dicha clasificación bajo la 'prueba de daño'" (artículo 23 del decreto 232/10 que reglamenta a la ley de AIP). Esto significa que se tiene que justificar de forma clara, por escrito y con firmada del jerarca, qué daño específico existe por revelar la información a la seguridad nacional; además de establecer que hay un daño realmente cierto y que el mismo es superior al que se le hace a la ciudadanía por no darlo a conocer. "Allí fueron muy pocos, de los que hicieron la declaración, los que efectuaron este ejercicio", sostuvo Lanza. Del total de resoluciones aprobadas que declararon la reserva de información, solo en el 11,08% de los casos se practicó la prueba de daño.
De acuerdo al informe, los organismos obligados que comunicaron su clasificación presentaron en total 614 expedientes de información reservada. De estos, 26 casos (4,23%) se refieren al literal A (excepción referida a seguridad pública o defensa nacional); 27 (4,39%) al B (afectar la conducción de las relaciones internacionales); 40 (6,51%) al C (dañar la estabilidad financiera, económica, o monetaria del país); 84 (13,68%) al D (poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona); 378 (61,56%) al E (suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o que se pueda dañar su proceso de producción); 17 (2,76%) al F (desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados); y 126 (20,52%) casos no justifican en ninguna excepción la documentación entregada a la UAIP.
Por su parte, Sánchez explicó que la suma de los porcentajes es superior a 100%, en la medida que hubo rubros de información reservada que alegaron más de un literal a la hora de reservar la información. "Sabíamos que iba a haber mucha invocación del literal E (artículo 9 de la ley de AIP) que tiene que ver con determinada información que perjudique la capacidad competitiva de algún organismo del estado, en particular las empresas públicas o los servicios descentralizados", manifestó Lanza. Sin embargo, se llevaron la sorpresa de que el 61% de las resoluciones que se relevaron correspondió al literal en cuestión.
Preocupación ante posibilidad de reforma
Actualmente se considera en la rendición de cuentas reformar la ley en el literal E, que quitaría a la UAIP la potestad de desclasificar información de las empresas públicas. Lanza identifica esta reforma como un problema o, por lo menos, algo a tener en cuenta en la medida que las empresas públicas utilizan mucho estas reservas. "En definitiva la idea de la ley es que haya un mecanismo rápido para que un ciudadano, una organización o un periodista pueda acudir y denunciar que no le dan la información. Si la opción es volver a lo de antes, es decir realizar un juicio que puede demorar cuatro años no tiene mucho sentido", concluyó. Los organismos que más acudieron al literal E fueron el Banco República, la Administración Nacional de Telecomunicaciones y, en la administración central, la Dirección General Impositiva.
Otra preocupación, según el director de CAinfo, es "el invento" de una excepción que no está en la ley y que consiste en declarar reservada la información porque se usa para la "documentación interna" (uso interno). De esta manera, crean una nueva excepción de hecho e impiden unilateralmente que las personas accedan a información que pueda explicar cómo actúa la administración en determinados procesos.
Presentación formal del informe
"Yo creo que la conclusión de fondo de todo esto es que se requiere una política pública mucho más robusta para el AIP", concluyó Lanza. Según dijo, se necesita un órgano de contralor que tenga otra posición institucional, con más recursos, directores más visibles y que "tengan la posibilidad de hacer recomendaciones más vinculantes, dar información cuando hay un abuso". De lo contrario -opinó- la ley quedaría mediada por el poder que tienen los organismos.
Consultados por la presentación formal del informe, confirmaron que se hará la próxima semana ante la UAIP, que tiene la posibilidad de abrir expedientes e investigaciones. Es una denuncia de CAinfo que revela una cantidad de incumplimientos de la ley y lo dejará a juicio de la UAIP para que lo encauce.
Esta cobertura fue realizada por Paula Sajevicas, colaboradora del portal In situ.
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(La fotografía fue tomada de la web del Poder Judicial.)
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