El procesamiento de 14 personas, dueños de locales de fotocopias, por reproducción ilícita de libros utilizados fundamentalmente como material de estudio en la Facultad de Derecho, ha planteado una problemática que trasciende largamente al mero dictamen judicial.
Fue ampliamente difundido que una denuncia de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), que se dedica a la edición y distribución de obras jurídicas, culminó con un importante despliegue policial coordinado por el Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General del Crimen Organizado e INTERPOL. La aparatosa puesta en práctica del correspondiente dictamen hizo que se irrumpiera en la galería Montecarlo — al costado del edificio de la Universidad de 18 de Julio y Eduardo Acevedo - se detuviera a los dueños de los locales denunciados como en infracción y se incautaran más de 70 fotocopiadoras industriales, libros, fotocopias y materiales usados para proceder al fotocopiado de material editado.
Como lo que aconteció fue la correspondiente aplicación de la Ley, y más allá del legítimo deseo ciudadano de que esa celeridad se manifestara en otras áreas de la delincuencia, el asunto no debiera llamar demasiado la atención, pero afloraron situaciones que sobreviven desde hace mucho, y que desnudan falencias sustanciales en áreas trascendentes.
La Facultad de Derecho no tiene la exclusividad en el sentido de que sus estudiantes recurran a material fotocopiado. Es un asunto genérico, y no sólo para la enseñanza universitaria. Todos sabemos los motivos, y no da la cuestión para innovar demasiado.
Aunque cueste admitirlo, constituye lo antedicho parte del “sistema de estudio” en los diversos institutos, lo que fue corroborado y manifestado por los estudiantes de Derecho, que dijeron quedar “a la deriva”.
Por supuesto que este tópico es de conocimiento de docentes, decanos y rector, pues en mayor medida participan o participaron del repetitivo — valga la metáfora- procedimiento. Quizá hasta el propio juez actuante en la causa lo haya hecho. La Universidad de la República es entonces conciente de la irregularidad desde hace décadas, y nunca se ha planteado una forma legítima y ahora impostergable de encarar las posibles vías de solución para que los estudiantes puedan tener acceso a los textos de estudio.
Es inquietante que esta situación sea asumida sin alternativas visibles, como es inquietante que estudiantes universitarios — agremiados en la FEUU - manifiesten que se proponen “modificar la ley que ampara los derechos de propiedad intelectual” en un desconocimiento inadmisible para universitarios, y fundamentalmente de derecho, de que nuestro país ha suscrito leyes internacionales en la materia, lo que invalida y hace injustificables las actitudes envalentonadas y desafiantes en ese sentido.
Es sí deber del Estado defender el acceso democrático al conocimiento por parte de los uruguayos en general y de los universitarios — en este caso - en particular, pues hace mucho se ha conseguido el derecho de tener una educación pública, gratuita y de calidad. Permítaseme recordar que el batllismo ha sido el protagonista y gestor, pero ése no es el tema.
El Estado cumple su parte aportando a la Universidad una porción muy importante del PBI, más allá de que haya satisfacción o no con el monto por parte de la UDELAR representada en sus distintos órdenes. En ese marco de buena utilización de los recursos, los Docentes, Decanos y el Rector deben ser ejemplos de honestidad — en su más amplia acepción - dedicación a su función y eficiencia técnica y administrativa.
Por eso es que no entendemos como a la luz de lo acontecido el Rector Rodrigo Arocena se muestre dubitativo y casi ajeno al tema, proponiendo románticas soluciones para un futuro, cuando el problema hay que resolverlo ya. Porque no se pensó antes.
Se exige que vengan las soluciones desde fuera, cuando — y les corresponde a los tres órdenes- no se han gestado desde dentro.
En una Universidad carente de espacios locativos adecuados y dignos, con una planta física relegada en el tiempo, con múltiples problemas de presupuesto, parecería que en la administración de los recursos no se ha actuado planificadamente.
Y no es “por embarrar la cancha” pero se recordará que en el ejercicio 2008 al 2009, el rector mencionado argumentó y defendió que la UDELAR gastó U$S 217.500 (doscientos diecisiete mil quinientos dólares estadounidenses) en 250 butacas — muy caras por cierto - para el Paraninfo.
Es que si no lo hacía en un gasto “fácil y rápido” debía devolver a Rentas Generales esos dineros que “habían sobrado”, del presupuesto asignado, actitud que nos lleva a la frase del título en lo que a su práctica se refiere.
Por supuesto que la importante inversión mencionada hubiera sido quizá insignificante volcada en la problemática que nos ocupa, pero ciertamente se podrían haber comprado muchos libros.
Por ejemplo.
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