De acuerdo a la Constitución de la República, además de la función de legislar, el Parlamento cumple una función de control sobre el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, el texto constitucional establece tres instrumentos para el cumplimiento de esa función que es crucial para el buen funcionamiento democrático: los pedidos de informes, los llamados a Sala a los ministros y la formación de comisiones investigadoras.
De los tres instrumentos que tiene el Parlamento para ejercer el control, el único que no depende del apoyo de cierto número de legisladores es el pedido de informes. Cualquier legislador puede solicitar información a alguna repartición de la Administración, sin necesidad de obtener el apoyo del cuerpo legislativo o de determinado número de legisladores.
Sin embargo, no existe una normativa vigente que asegure que los pedidos de informes sean efectivamente respondidos por parte de la Administración. De hecho, más allá de que hace más de una década existe una norma legislativa que reglamenta este instrumento, lo cierto es que no existe una forma imperativa que obligue a los jerarcas que reciben los pedidos de informes, a responder.
En varias ocasiones no se responden o la demora determina que la relevancia, oportunidad o pertinencia de la información solicitada haya caducado. A tal punto que, a esta altura de los acontecimientos, tienen más fuerza imperativa los pedidos de acceso a la información que puede solicitar cualquier ciudadano y que están regulados por la correspondiente norma que los pedidos de informes de los legisladores.
El segundo instrumento de control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo es el llamado a sala a un ministro. Este mecanismo se puede activar con el voto favorable de un tercio de integrantes de la cámara correspondiente. En tal sentido, se activa sin necesidad de contar con mayoría parlamentaria, sin embargo como cualquier cuestionamiento a un ministro requiere de la mayoría de miembros para su aprobación, la existencia de un partido con mayoría absoluta en las dos cámaras determina que este procedimiento carezca de efectos reales y, de hecho, ha dejado de ser relevante en el debate político nacional, dada la certeza de una definición sin consecuencias políticas.
Finalmente, el Parlamento puede formar comisiones investigadoras si el miembro denunciante presenta una solicitud que cumpla con los requisitos de entidad, seriedad y oportunidad sobre irregularidades o actos ilícitos de la administración.
Pues bien, desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, hace más de diez años, no se ha aprobado ni un solo pedido de formación de comisiones investigadoras. El Frente Amplio, además, ha incumplido con lo establecido en el artículo 10 de la norma que regula estas comisiones y en vez de integrar las Comisiones Pre Investigadoras con parlamentarios pertenecientes a diferentes partidos, asegura el bloqueo de estas iniciativas al integrar estas comisiones con dos parlamentarios del partido de gobierno sobre un total de tres miembros.
Por otra parte, en el plenario de la cámara legislativa correspondiente vota en bloque contra cualquier investigación propuesta. ¿Será que en diez años no hubo ninguna situación que ameritara una investigación en el Parlamento? ¿Todo se hizo tan bien que no amerita que el Parlamento pueda investigar en ningún caso? No hay antecedentes históricos en los que el Parlamento no haya formado ninguna Comisión Investigadora en tantos años.
Pues bien, nuevamente, al comenzar un nuevo período de gobierno el Frente Amplio se abroquela para impedir toda investigación. En este caso la iniciativa fue formulada con respecto al manejo del FONDES, un fondo que utiliza recursos públicos de todos los uruguayos para financiar emprendimientos que ha actuado con evidente y notoria discrecionalidad al otorgar créditos que, en muchos casos, generaron resultados notoriamente fracasados.
No hay caso, el Frente Amplio parece haber resuelto mantener la misma conducta que ha llevado adelante en los dos períodos de gobierno anteriores. No importa que, por ejemplo, luego de haber negado la formación de una Comisión Investigadora para el caso PLUNA, varios años después, la justicia haya procesado al Ministro de Economía y al Presidente del BROU por abuso de funciones. Nada importa cuando un partido actúa guiado por el ejercicio abusivo de su mayoría parlamentaria.
Estamos en presencia de un evidente proceso de deterioro del poder político del Parlamento para que este pueda ejercer, en garantía de todos los uruguayos, su competencia de contrapeso del poder del Poder Ejecutivo.
Durante todo el año pasado levantamos nuestra voz pidiéndole a la ciudadanía que no reiterara un mandato mayoritario al partido de gobierno. Lamentablemente, el voto ciudadano y las reglas de nuestro sistema electoral (apenas en el límite) le otorgaron nuevamente esa mayoría, así son las cosas en la democracia y así hay que aceptarlas puesto que son legítimas.
Pero lo más lamentable es constatar que el partido de gobierno parece haber decidido seguir ejerciendo esa mayoría de manera tal de amputar al Parlamento su capacidad de control. Nada bueno desde el punto de vista de la fortaleza democrática puede resultar como consecuencia de esta estrategia.
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