La prueba del nueve, para las fuerzas populares en el gobierno, se da cuando al achicarse el paño del crecimiento económico, se tensa en la sociedad la puja distributiva.
Uruguay atraviesa, por múltiples factores, un proceso de desaceleración de la economía, o sea, ritmos menores de crecimiento económico.
Las economías capitalistas, más aún las periféricas, tienen múltiples mecanismos para trasladar a los sectores populares los desempeños económicos negativos. De ahí la justa consigna que más de una vez encabezó demandas populares: “que la crisis no la paguen ni los trabajadores ni el pueblo”.
Basta mirar la participación en porcentaje de la masa salarial en el ingreso nacional bruto disponible antes y después de la crisis del 2002 para confirmar esta cuestión. Más atrás en el tiempo un fenómeno similar se dio en épocas de la tablita.
La política salarial es un factor principal para obtener una mejor distribución del ingreso. El objetivo de la justicia social es central para el campo popular.
Se anunciaron por parte del gobierno (de mi gobierno, por si acaso) las peores pautas salariales desde el 2005, lo que creo es un profundo error que potencialmente puede comprometer la acumulación social y política que desde décadas se ha construido.
Voy a detenerme solo en algunos aspectos:
A) Inicia claramente un proceso de desindexación del salario (o lo que es lo mismo, una forma de indexación mas débil, menos rigurosa) al pasar a corregir las diferencias entre el aumento otorgado y la inflación real cada 24 meses; si esta diferencia es importante, termina cuestionando la viabilidad de los convenios colectivos.
B) En una economía que crece, hace centro en el mantenimiento del salario, dicen las pautas “asegurando el mantenimiento del salario real”, entendiendo como sectores dinámicos exclusivamente a los que tengan más de un 4% de crecimiento del PBI por año.
Es más, si se realiza una comparación entre el desempeño de la inflación en los últimos 36 meses con la proyección de los aumentos salariales para un periodo similar de tiempo, ni siquiera en el considerado “sector dinámico” se estaría asegurando crecimiento del salario real. Ni hablar en los otros dos sectores con menores ajustes nominales, lo que es un factor regresivo en el plano de la distribución.
Cabe aclarar lo obvio: no hay en el país ni estancamiento ni mucho menos recesión. Duele preguntarse cuáles serían los lineamientos en esas hipótesis.
C) A diferencia de los anteriores lineamientos (y sin ninguna argumentación) solo ubica la posibilidad de ajustes semestrales. De aplicarse este criterio se parten a la mitad los ajustes salariales para las ramas de actividad que ya habían logrado ajustes anuales de salario. Los ajustes semestrales sin corrección de la inflación solo sirven para diferir parte del aumento, con pérdida del poder adquisitivo en el primer semestre.
Pongamos por ejemplo un sector de actividad que acuerda un ajuste del 8% en un salario de $20.000 mensuales; este porcentaje implicaría un ajuste anual de $1.600 a aplicarse el primero de enero para el período enero - diciembre.
Con el nuevo criterio, en enero habría un incremento de $800 y otro incremento de $800 en julio, lo que obviamente deteriora el poder adquisitivo del salario a lo largo del convenio. No hace falta ser un experto en matemáticas para entender que con la nueva fórmula durante el primer semestre el poder adquisitivo es peor. Extraña que se promueva este mecanismo cuando en rondas anteriores se impulsaron los ajustes anuales.
D) La franja de sectores a los que considera sumergidos entre diez mil y catorce mil pesos nominales es claramente insuficiente. Salvo algún cadete del comercio, o aprendiz, la mayoría de los laudos está por encima de esos niveles, lo que reduce enormemente el efecto social de esta medida.
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras que está en los diez mil pesos está subempleado o en la informalidad, por lo tanto, no es con las pautas que se resuelve la cuestión. Cabe además preguntarse por ejemplo si un salario de dieciseis mil pesos nominales (poco más de doce mil líquidos) no debiera ser contemplado con prioridad.
Tenemos claro que los lineamientos no obligan a determinados resultados en la negociación colectiva, que la lucha popular más de una vez ha logrado resultados superiores a los propuestos por éstos. También sabemos que a los sectores con mayor debilidad en su organización sindical, hasta ahora, lo que muchas veces les quedaba era recostarse en los lineamientos del Poder Ejecutivo.
Como están echadas las barajas no nos extraña que en estos sectores, en esta instancia, sean las patronales las que se recuesten a la espera de que el gobierno decrete, pasados los noventa días que se establecen para la negociación.
La alegría con la que representantes patronales recibieron la novedad habla por sí sola. Vale recordar a Augusto Bebel "Ah, viejo Bebel ¿qué tontería habrás hecho para que esta gente te alabe?".
Los argumentos de que el salario es el culpable de todos los males: inflación, desempleo, caída de las exportaciones (solo falta que se acuse a los salarios de la expulsión de Cavani), son razonamientos ajenos al campo popular.
Además cabe recordar que los anteriores lineamientos del Poder Ejecutivo se reservaban un tratamiento especial para sectores con problemas importantes.
No tengo dudas que la lucha popular por superar lineamientos tan estrictos es de toda justicia. Con este panorama, lo único claro es que se va rumbo a duros enfrentamientos; esperemos que las grietas no sean irreversibles. No hay cambios posibles sin fuerzas sociales que lo impulsen, por lo tanto, hay toda una perspectiva histórica en cuestión.
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