Según la información difundida, la empresa Aire Fresco S.A. era la comisionista que cobraba a las empresas uruguayas (todas sin excepción) que establecían acuerdos de exportación o importación hacia ese país su correspondiente comisión.
Hasta allí, la única suspicacia consistía en la interrogante sobre la exclusividad. Cómo había hecho esa empresa para monopolizar la intermediación comercial con ese país.
Pero, además, se indicaba que los directivos de Aire Fresco S.A. eran conspicuos dirigentes o militantes del Movimiento de Participación Popular y que alguno de ellos formaba parte del círculo más cercano del ex Presidente, José Mujica.
Ya entonces las cosas comenzaban a tener otro color y otra preocupación.
José Mujica salió presuroso a justificar la actividad de Aire Fresco S.A. diciendo que la intermediación comercial y el cobro de comisiones por tal concepto es una actividad lícita y legítima. Sorprendió que el ex Presidente saliera tan rápidamente a explicar, lo que de por sí daba por cierto que existía una efectiva vinculación entre los empresarios y Mujica. Es más, el actual diputado Placeres (que no lo era en el período anterior) tiene contabilizados un verdadero record de visitas a Caracas en los últimos años.
Lo que dijo Mujica sobre la legitimidad y licitud de la actividad de intermediación comercial es correcto. Sí, es correcto siempre y cuando no medie un vínculo político o gubernamental que direccione indebidamente los negocios hacia esa empresa. Es decir, la actividad es lícita en su contenido material, pero si se incorpora el elemento subjetivo de que una autoridad gubernamental le entrega el negocio a una empresa concreta, la licitud se convierte en ilicitud y esa actividad de intermediación se convierte en un ejercicio evidente de corrupción.
Para decirlo más claro, ya era sospechoso que una empresa dirigida por dirigentes y militantes del sector del Presidente de la República monopolizara los negocios con Venezuela. Pero si, además, el Presidente había realizado alguna acción específica para direccionar los negocios a favor de esa empresa, habría incurrido en un delito. Ineludiblemente.
Pues bien, existe documentación fehaciente que indica la existencia de esta vinculación espúrea y, a todas luces, ilegítima. En efecto, las actas de los acuerdos firmados entre ambos gobiernos durante el mandato de José Mujica que son públicas y están disponibles en Internet, incluyen con nombre propio a la empresa Aire Fresco S.A. e, incluso, su principal directivo aparece firmando uno de los convenios en los que se establecen vínculos comerciales entre ambos países. Único convenio que no firma ninguna autoridad de gobierno sino un empresario privado.
Esto es inédito en nuestra historia y es de una enorme gravedad. No hay duda de que el Parlamento debe investigar estos manejos que ponen un gran signo de interrogación sobre eventuales responsabilidades penales que podrían alcanzar al propio ex Presidente.
Los negocios con Venezuela siempre tuvieron aspectos poco claros. De eso no hay duda. Pero el otorgamiento "a dedo" de una actividad empresarial de intermediación a un grupo de amigos políticos por la que seguramente estos obtuvieron enormes ganancias, es un hecho que tiene toda la apariencia de la peor corrupción.
No se puede dejar pasar. Nosotros apoyaremos una solicitud de investigación parlamentaria que está muy lejos de ser un show. Al contrario, lo que parece una "tomadura de pelo" a la ciudadanía es el desborde del ejercicio abusivo del poder por parte de quien gobernó en el período reciente.
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