Nuestra región nos muestra con demasiada frecuencia lo devastador que puede ser para el fortalecimiento de la democracia no tomar en serio este asunto. Este flagelo ha permeado a todo tipo de gobiernos y a diferentes partidos políticos. Brasil es por cierto el ejemplo reciente más doloroso.
Diversos estudios de organizaciones internacionales sitúan al Uruguay como el país menos corrupto del continente y donde los habitantes más confían en la democracia. Sin duda es un buen punto de partida, pero cometeríamos un grave error si nos descansáramos en la comodidad de esos estándares y no atendiéramos adecuadamente el asunto.
No podemos suponer que en nuestro país estamos vacunados contra esa enfermedad. Tampoco podemos hacernos eco de quienes denostan la actividad política bajo la irreflexiva consigna del "son todos iguales". Y para eso hay que tomar el tema con seriedad y responsabilidad.
Un primer paso es consolidar y hacer cumplir todas las normativas vigentes. A modo de ejemplo, la declaración pública del estado patrimonial de los presidentes y vices y de los candidatos a ocupar dichos cargos por cada partido, es una medida saludable. Pero debemos analizar cuál es el objetivo de la misma. No es para conocer cuán rico o pobre es la persona, sino para saber si en oportunidad del ejercicio de gobierno vio incrementado su patrimonio en forma sospechosa.
Otro ejemplo de transparencia lo constituyen las declaraciones de gastos e ingresos que cada partido hace en la campaña electoral. Ello nos permitió a los uruguayos saber, por ejemplo, que el Partido Nacional pagó los avisos publicitarios en algunos canales privados a la mitad de precio que el Frente Amplio. Lamentablemente ningún canal privado se dignó a aclarar ese asunto.
Otras medidas tomadas e impulsadas por el FA van en el sentido de transparentar otros aspectos relevantes. Así, por ejemplo, la eliminación de las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión), que fueron una herramienta promocionada por los gobiernos neoliberales y utilizada para evadir responsabilidades fiscales y dificultar el combate al lavado de dinero, colocan al Uruguay dentro de los países con mejores normativas en tal sentido. No obstante ello, el escándalo de los Panamá Papers nos demostró que es preciso analizar nuevos instrumentos para perseguir mejor nuestros objetivos de transparentar las actividades financieras.
Podríamos seguir enumerando ejemplos pero lo relevante es promover desde la fuerza política nuevos instrumentos que nos permitan seguir avanzando. Discutamos la pertinencia de publicar las declaraciones juradas de todas las personas que ocupan cargos públicos (ministros, legisladores, intendentes, directores de Entes, jueces, etc.). Pero pensemos también en generar los instrumentos necesarios para su efectivo control. Necesitamos que se pueda controlar, por ejemplo, que candidatos que declaran tener como único ingreso el sueldo de legislador y cuyo patrimonio no presenta grandes variaciones, figuren con aportes personales a la campaña electoral de una magnitud que difícilmente pueda ser explicado. Debemos pensar también en seguir promoviendo normas para fiscalizar a las empresas que contratan con el Estado al más amplio nivel.
El otro aspecto medular lo constituye la práctica permanente de rendir cuentas de lo actuado. No sólo en materia de transparencia, sino para promover la realización de evaluaciones sobre la buena administración de los dineros públicos, sobre la gestión eficaz.
El FA debe tomar la iniciativa política para seguir construyendo una sociedad más justa, más transparente.
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