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Sobre el autor

Analista en temas de ambiente y desarrollo, y defensor de la Naturaleza.
Integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); investigador asociado en el Dpto Antropología, Universidad California, Davis; Duggan fellow del Natural Resources Defense Council de EE UU.
Docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, EE UU y Europa.
Acompaña organizaciones ciudadanas, desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas, en distintos países del continente.

Seguimiento: twitter @EGudynas
Contacto: egudynas en montevideo.com.uy
Publicaciones: http://ambiental.academia.edu/EduardoGudynas

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Fumigadores y cazadores

12.Sep.2017

Cazar y fumigar fue parte de una relación con la Naturaleza entendible en el siglo pasado, pero hoy son prácticas seniles y además inaceptables.

En el seguimiento de los temas ambientales de las últimas semanas hay dos hechos que se destacan y que pueden resumirse en los papeles que muestran cazadores y fumigadores.

Cualquier abordaje sobre la cacería en Uruguay debe comenzar por reconocer que posiblemente las prácticas más comunes y difundidas sean ilegales. Es que cuando se matan distintos mamíferos, como carpinchos, mulitas o peludos, o cuando se le dispara a algunas aves, como las gallinetas de monte, variedades de patos nativos, etc., todo eso son casos de prácticas ilegales.

En sentido estricto en nuestro país la fauna nativa está protegida y no puede ser cazada; sólo las especies plaga y algunas otras en ciertos momentos del año, como las perdices, pueden ser cazadas libremente. Pero a pesar de esto, se acepta con toda naturalidad que en la campaña se baleen o se chumbeen a todo bicho que camina.

Esa conducta olvida los enormes efectos negativos que tiene la cacería indiscriminada en nuestro patrimonio natural. Perdemos poco a poco las poblaciones de las especies más notables y emblemáticas, donde posiblemente los carpinchos sea el ejemplo más claro.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) ha llamado a un diálogo ante esta cuestión, y esa es una buena medida. Pero la respuesta a sus aristas más negativas es muy evidente: la caza debe ser regulada con mucha mayor precisión, en todos los países, y donde todos los actores asuman sus responsabilidades. Y ello quiere decir que en cada rincón del país, los policías y los jueces no se pueden hacer los distraídos.

El otro problema candente de las últimas semanas, los impactos negativos de las fumigaciones, se parece a la cacería en el sentido de ser también un problema reciente, en afectar la biodiversidad, y en que hay varios actores institucionales que se hacen los distraídos.

En efecto, las denuncias de fumigaciones sobre hogares y escuelas ya tiene algunos años. En lugar de detener el problema, todo parece indicar que se está agravando como lo muestra el dramático caso de hace un par de semanas atrás con unas dos mil colmenas en Salto y Paysandú muy afectadas por el uso de un potente insecticida en plantaciones de cítricos. Se estima que la mayor parte de esas colmenas perecerán y que la miel ya está contaminada.

Este caso muestra la irracionalidad económica y ambiental de algunas prácticas agrícolas. Es que ese químico se utiliza para obtener cítricos sin semillas que son exportados. Entonces, para atender la manía de algunos consumidores que quieren ese producto, consumidores seguramente ubicados en países desarrollados, nosotros aquí en Uruguay nos tenemos que quedar con todos los impactos ecológicos, y también los efectos económicos, como es la destrucción de parte del sector apícola, el que a su vez también es un gran exportador.

Sin duda esto puede ser un buen negocio para alguna empresa exportadora, pero lo que tiene que evaluar el Estado y la comunidad política, es si es un buen negocio para todo el país. Es que habría que restar de las pretendidas ganancias de esas exportaciones los costos económicos de otras actividades productivas, como la miel, y los costos de ese daño ambiental. Es una cuenta que nadie hace en el Estado.

Y eso lleva a sugerir soluciones inconcebibles como trasladar las abejas mientras se usa el contaminante, como propuso el Ministro de Agricultura. La lógica en eso sería algo así como indicar que en el litoral y sur del país, los días que se fumiga sobre la soja, la gente se tiene que mudar de sus casas y las escuelas deben cambiar de localidad.

Mientras los impactos por la cacería son ahora más visibles, especialmente gracias a las redes sociales, la muerte de un millar de colmenas podría pasar más desapercibida, pero ellas también cumplen roles económicos y ecológicos sustantivos. Para proteger a esa riqueza  es que un ministro del ambiente sensato sabe que ese problema no se soluciona pidiéndole a los carpinchos que se cambien de sitio los días que llegan los cazadores. Lo mismo ocurre en el agro: se deben prohibir los químicos de tan alto impacto ecológico, que además usualmente afecta a la salud de las personas también, en lugar de pensar de mudar colmenas o personas.

Sea en lo pequeño o en lo grande, los fumigadores y los cazadores, son parte de una relación con la Naturaleza que podría haber sido entendible en el siglo pasado. Son prácticas seniles. Hoy, en el siglo XXI, son además inaceptables.