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Pablo Mieres

Pablo Mieres

Columna de opinión

Sobre el autor

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Sociólogo. Presidente del Partido Independiente. Senador por ese partido para el período 2015-2020.

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Fracaso en el corazón del gobierno de izquierda: la integración social

16.Jul.2018

"La integración social es una cuestión mucho más profunda que la medición de la pobreza por ingresos".

Si algo debería reclamarse a un gobierno de izquierda es la mejora sustancial de la integración de la sociedad. En efecto, está en la esencia de cualquier gobierno que se defina de izquierda priorizar la mejora de la equidad social y de la calidad de vida de los más débiles.

Es más, su crecimiento electoral vino acompañado de una promesa de mejora, de inclusión, de reducción de las distancias sociales y de incorporación de los marginados a la vida social. Desde tal perspectiva, la recuperación del tejido social y la consolidación de un sistema de valores y normas compartidas extendido para hacer posible una vida en sociedad más solidaria es un objetivo de primera importancia.

Transcurridos casi quince años de un gobierno que se define de izquierda en donde por más de una década se benefició de un crecimiento de la economía de magnitud histórica y con mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar e impulsar todas las iniciativas que entendieran pertinentes, la ausencia de resultados en materia de integración social es un grave déficit que afecta la gestión del Frente Amplio.

Este partido ha reivindicado como grandes logros la sustancial reducción de la pobreza y la indigencia, la mejora en el índice de Gini que mide la desigualdad y la aprobación de un conjunto de normas laborales y de consagración de derechos de diferentes grupos minoritarios y un incremento del acceso al consumo de importantes sectores de la sociedad.

Todo lo señalado es correcto. Pero, la pregunta que corresponde hacer es si estos indicadores refieren efectivamente a la mejora de la integración social, incluyendo a los más débiles y marginados o, por el contrario, miden aspectos laterales y, en muchos casos, ajenos a la integración de la sociedad.

En efecto, la medición de la pobreza y la indigencia, así como la construcción del índice de Gini se construye sobre la base de los ingresos per cápita. Es decir que hace referencia al dinero que ingresa en los hogares, lo que se asume como una medida adecuada para estimar la calidad de vida de la gente.

Sin embargo, eso no es así. No se puede realizar una traslación automática del monto de dinero que ingresa en los hogares a la calidad de vida de la gente, y mucho menos aún al concepto de integración social.

Porque la determinación de la línea de pobreza es un tema polémico. La cuestión de determinar dónde se establece el límite de dinero per cápita específico que permite la existencia de un cambio cualitativo entre pobres y no pobres es un asunto bien complejo.

Hay cuestiones que son objeto de discusión. ¿Cómo se compone la canasta básica de alimentos? ¿Cuál es la proporción que los alimentos representan en el presupuesto de una familia? ¿En qué medida las variaciones de la realidad pueden volver atrasado el límite establecido? ¿Por qué ciertas deducciones se sumaron en la consideración de los ingresos independientemente de que no son dineros concretos que llegan al bolsillo de los hogares, como se mide en otros países?

En fin, son muchas preguntas que corresponde hacer de manera permanente. Demos por buenos, con todas estas relativizaciones, los datos que proporciona el INE todos los años para medir pobreza e indigencia.

Pero, el problema principal es que la integración social es una cuestión mucho más profunda que la medición de la pobreza por ingresos. La integración social es multidimensional.

Ya hace varias décadas uno de los más brillantes investigadores sociales, Ruben Katzman, había complejizado el tema construyendo un índice bidimensional cruzando ingresos con una medición de las necesidades básicas insatisfechas y demostraba que puede haber hogares con ingresos por encima de la línea de pobreza y, sin embargo, mantenerse en situación carenciada por no contar con los servicios y acceso a bienes básicos para poder hablar de necesidades básicas satisfechas.

La medición de las necesidades básicas refiere a diferentes aspectos de infraestructura de la vivienda, tales como el hacinamiento, la calefacción, la tenencia de ciertos artefactos del hogar, el tipo y la calidad de la vivienda en sus materiales de construcción, el tipo de tenencia de la vivienda, el acceso al saneamiento y otros aspectos muy relevantes para establecer la calidad de vida de la gente.

Tener dinero para bancar el límite de los gastos básicos de un núcleo familiar no indica que tenga capacidad de invertir en la mejora de su calidad de vida estructural o que se pueda considerar integrado a la vida social en un sentido amplio.

Pero, además, desde otro punto de vista, los que han estudiado estos temas, otra vez Katzman con Fernando Filgueira y Cecilia Zaffaroni, han propuesto que la integración implica medir la distancia social existente en el acceso a la educación, al empleo y en la existencia de segmentación residencial.

Y en estos aspectos, todas las mediciones disponibles indican que estamos peor o igual que hace quince años. Estamos peor en la distancia existente en los resultados educativos entre los jóvenes de nivel socioeconómico más bajo con respecto a los de mejor situación socioeconómica, es decir que la brecha educativa se ha ensanchado.

Estamos peor en el acceso a empleos según el nivel socioeconómico y hay señales que muestran un incremento de la segmentación territorial, es decir la existencia de diferencias estructurales en la geografía y características de los barrios, particularmente en la zona metropolitana del país, en donde, además los asentamientos irregulares siguen teniendo la msima prevalencia que hace años.

Hay zonas del territorio que viven una crítica situación de convivencia, hay una subcultura emergente del delito. Y hay un notorio fracaso de las políticas sociales en la inclusión ciudadana.

Las evaluaciones existentes sobre los numerosos programas que impulsa el MIDES muestran pocos resultados relevantes y la gestión de las políticas educativas y de vivienda también son categóricas en su escaso impacto.

Se podrá decir que hay prestaciones pecuniarias para las familias más pobres, pero estos programas han demostrado muy poco impacto en la capacidad de promover una efectiva inclusión social.

Mientras tanto, la inseguridad aumenta, la respuesta a las situaciones de adicción es escasa e ineficiente y la marginalidad social no se ha reducido.

Este es el mayor fracaso de una década y media de gobiernos del Frente Amplio.