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Opinión en Asamblea

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Hacia un país posible

Sobre el autor

Alfredo Asti tiene 70 años, 2 hijos y 3 nietos. Es Contador Público jubilado y desde 2005 Diputado Nacional por Asamblea Uruguay-Frente Amplio. Integra las Comisiones de Hacienda; Transparencia, Lavado de Activos y Crimen Organizado; Municipales y Descentralización; Investigadora de Financiamiento de Campañas Políticas, integrada de Presupuesto y Hacienda, etc. Es vicepresidente del Parlatino por Uruguay. Desde julio de 2000 hasta febrero de 2005 fue Director General del Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. Frenteamplista independiente desde 1971, miembro de la Dirección del Movimiento de Frenteamplistas No Sectorizados (1985-1994), Co-fundador de Asamblea Uruguay en 1994.

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Derechos para muchos... obligaciones para pocos...

30.Nov.2018

Situación 1: Un vecino de una feria barrial de Montevideo elige cuidadosamente la fruta dispuesta en los cajones que exhiben las coloridas texturas típicas de las ferias vecinales. Luego de completar la selección, uno de los empleados del puesto pesa la fruta, saca su lapicera desde detrás de su oreja y anota en una pequeña libreta, para luego derivarlo a la caja del puesto, donde lo espera otro empleado, con un montón de billetes entrelazados en sus dedos y monedas desparramadas en un pequeño soporte improvisado. El hombre paga con el dinero que previamente retiró de un cajero automático, recibe el cambio, y sigue su recorrido de compras matutinas.

Situación 2: Una pareja de turistas uruguayos recién llegados a Copenhague se detiene en un puesto callejero de comida para descansar las piernas y comer algo en un impase de su recorrida por la ciudad. Pide un menú anotado en una pizarra y se dispone a pagar en efectivo las 100 coronas (aprox. 500 pesos) que costaba su elección. Sin embargo, para su sorpresa, el empleado del puesto callejero le advierte que no maneja efectivo, y que sólo acepta tarjetas de débito o crédito, mientras apunta con un dedo a cartel que dice “CARD ONLY” que está en el mostrador junto al POS y que no habían alcanzado ver hasta el momento. Algo sorprendido, el hombre busca en su billetera hasta que encuentra una tarjeta internacional con la que puede realizar el pago. Finalmente reanudan su paseo, no sin antes tomar su celular para contar la anécdota a familiares y conocidos en Uruguay.

Lo que separa a estas dos situaciones, que he vivido personalmente hace pocos meses, además de la distancia en kilómetros, es la aparente normalidad del primer caso y la sorpresa del segundo.

Es que hasta no hace mucho tiempo, a ningún uruguayo podía ocurrírsele pagar con una tarjeta de débito la fruta y la verdura de la feria, o la comida en un puesto ambulante. Sin embargo, los últimos acuerdos firmados por el gobierno con distintas organizaciones representativas de la sociedad civil, nos ponen en la senda de un nuevo capítulo en la inclusión financiera, que el gobierno ha venido desarrollando y promoviendo con miras a modernizar el sistema de pagos y generar mayor comodidad y seguridad para clientes y empresas, a través de estímulos fiscales y regulación en la materia.

Sabido es que algunos países europeos (sobre todo los nórdicos), han expandido los medios electrónicos de pago y multiplicado la cantidad de transacciones por esta vía al punto de volverse una práctica habitual, e incluso la única aceptada en muchos comercios, como en el caso de la Situación 2. Tarjetas de crédito, débito, computadoras, y hasta celulares se han transformado en medios de pago que poco a poco le han ganado terreno al dinero en efectivo, como sustitutos eficientes, seguros y confiables para el pago de transacciones. Ocurre que el dinero en efectivo no es nominativo, es decir, no tiene el nombre de su titular impreso en él; y, por lo tanto, quien pierde su billetera, si no recupera los billetes, pierde su dinero. Con los medios de pago electrónicos, en cambio, el titular de una tarjeta de débito puede operar todos sus pagos con la tranquilidad absoluta de que, en caso de extravío o hurto, podrá denunciar la misma, sin correr el riesgo de perder su dinero, que ahora está asociado a un plástico que lleva su nombre. Esta es, quizás, una de las ventajas comparativas que ha llevado a que se haya multiplicado por 20 el monto operado con tarjetas de débito en nuestro país desde la aprobación de la Ley 19.210 de Inclusión Financiera, y que se haya cuadruplicado la cantidad de comercios que aceptan dinero electrónico.

En Uruguay seguramente no se da la situación 2 ya que nadie obliga a pagar con medios electrónicos compras comunes menores a USD 5.000, de la misma forma que nadie obliga a los comerciantes a aceptar estos medios de pago. Lo que si es cierto es que además de la comodidad y la seguridad del uso de los medios de pago electrónicos, se promueve con descuentos de 4 puntos de IVA para compras comunes, de 9 puntos en restaurantes y servicios turísticos, de 24 puntos de IMESI en nafta en frontera y 22 puntos de IVA para los turistas extranjeros.

Entre los beneficios de esta política llevada adelante por el gobierno encontramos además de la rebaja en las tasas de impuestos; las cuentas gratuitas en bancos, emisores de dinero electrónico e instituciones de intermediación financiera con idénticos beneficios para todos los usuarios; el subsidio (en algunos casos del 100%) a los pequeños comercios para el arrendamiento de las terminales POS, facilitando su incorporación; la extensión de los puntos de extracción de dinero en efectivo a través de acuerdos con empresas de redes de pagos, y así podríamos seguir enumerando beneficios derivados de esta política.

Volviendo al tema central de esta columna, es de destacar que el gobierno ha firmado recientemente tres acuerdos de suma importancia para la progresión del desarrollo de esta política, incorporando a nuevos sectores de la economía, y logrando rebajas arancelarias que mejoren la eficiencia del sistema, haciéndolo menos oneroso para el pequeño comercio.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, firmó acuerdos con la Asociación de Feriantes del Uruguay (AFU) y con la Gremial Única del Taxi. El primero de ellos, con AFU, fue una iniciativa de la propia asociación, cuyos directivos agradecieron la disposición de las autoridades del MEF que, según dijeron en la presentación pública del acuerdo, han sido las primeras que se han sensibilizado con sus planteos.

Concretamente, el acuerdo permitirá incluir financieramente al sector ferias, de gran importancia en las economías locales e históricamente excluido del sistema financiero, con cuentas gratuitas en el Banco República para todos los feriantes, acceso gratuito a eBrou, tarjeta gratuita RedBrou, y acceso a créditos express (con un plazo máximo de respuesta de 48 horas). Asimismo, la firma del acuerdo habilita a la incorporación del sector a las promociones del BROU en materia de descuentos por uso de tarjetas, que oscilan entre el 10% y el 15%, lo cual, a juicio de la AFU, repercutirá en un aumento de las ventas y en una mayor comodidad para el cliente. A su vez, la incorporación de un sector donde aún persisten incumplimientos en materia de formalización laboral contribuirá en mejorar la formalización de los puestos de trabajo del sector, con todos los beneficios que ello conlleva.

En el marco de este último aspecto, el acuerdo incorpora beneficios tributarios para los feriantes, los cuales podrán incorporarse al régimen de pequeña empresa, (literal E) independientemente de su nivel de ingresos, de manera de facilitar su regularización ante la DGI. Este régimen, denominado “de tributación simplificado”, permanecerá vigente hasta el 2021, luego del cual pasarán a un régimen de transición, en el cual todas las ventas que procesen los feriantes con medios electrónicos de pago se computarán en un 33% para el año 2022 y en un 66% para el año 2023. De este modo se otorga una serie de facilidades al sector, que permitirá un aumento progresivo de la formalización del mismo, contemplando una evolución sostenible de formalización tributaria y laboral, en beneficio de trabajadores, feriantes, y de la economía toda. A su vez, los feriantes podrán gozar de todos los beneficios ya vigentes para las empresas de reducida dimensión económica, como el subsidio al arrendamiento mensual de las terminales POS, que será del 100% hasta el 30 de junio de 2019, del 70% hasta el 30 de junio de 2020 y del 40% hasta el 30 de junio del 2021, o como la rebaja en el arancel para las compras con tarjeta de débito, que se aprobó por convenio con distintas cámaras empresariales del país. Por último, en tiempos de desinformación y fake news cabe consignar que la incorporación de los feriantes al régimen del convenio es enteramente voluntaria. De manera que ningún feriante estará obligado a gozar de los beneficios que se le ofrecen si no desea hacerlo. En definitiva, se otorgan incentivos sin restringir libertades.

En segundo término, se concretó un avance sustancial en materia de pago del transporte público, que fuera largamente trabajado entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Intendencia Departamental de Montevideo, el SUATT, y la Gremial Única del Taxi, para el conjunto de taxis capitalinos. En Montevideo, a partir de noviembre, más de 1.000 unidades de la flota de taxímetros cuentan con terminal POS para el pago electrónico de los viajes que realicen sus pasajeros. El pago del viaje puede hacerse mediante tarjeta de débito o crédito, y hacia fin de año ya será posible hacerlo mediante aplicaciones móviles de celular. Al cierre de esta nota similar acuerdo se concretaba con los taxis en Maldonado. Asimismo, el Subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, informó en oportunidad de la presentación del nuevo sistema que a partir de fines del primer trimestre del 2019 se podrá pagar los viajes con la tarjeta STM del sistema de transporte metropolitano, que actualmente se utilizan en los ómnibus. De este modo, se atiende una inquietud de larga data de trabajadores y patronal del taxi, con miras a la reducción del uso de efectivo. Como contracara, el cliente dispondrá de una variedad de opciones alternativas al efectivo, que también seguirá siendo una opción. Así, una persona que salga apurada o deba tomar un taxi en forma imprevista, o bien no pueda o no quiera parar a retirar dinero en el medio de un viaje, o que por cualquier motivo no cuente con el dinero en efectivo; podrá abonar en forma electrónica, de manera que además de contar con más opciones de pago tendrá menos contratiempos para el uso del sistema de taxis de la capital.

Según se informó en la presentación, se espera que el sistema sea universal en las próximas semanas, y en este caso, al igual que en el del sector ferias, también se prevén beneficios tributarios, ya que de momento la incorporación no será obligatoria para los taxistas, al menos hasta mediados del 2019.

Finalmente, y como aporte transversal a esta política, el gobierno alcanzó un acuerdo estratégico con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Afines del Uruguay (CAMBADU), la Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (ANMYPE), la Cámara de Importadores Mayoristas de Calzado, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Visanet, Firstdata, OCA, Pronto, American Express y Cabal; por el cual se disminuyen gradualmente los aranceles máximos de los instrumentos de dinero electrónico, y las tarjetas de débito y crédito emitidas localmente. El acuerdo plantea un régimen por etapas, que prevé una reducción del 1.5% general vigente a un 1.3% para los pequeños comercios a los dos meses de entrado en vigencia el acuerdo. Luego, la rebaja se hará en función de los montos operados, hasta alcanzar un 0.85% para tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico, y pasando del 4% general actual a un 3.5% para el pequeño comercio, hasta ubicarse en 2.25% para todos los comercios en general al finalizar el proceso, lo que, a la luz del ritmo de aumento de los montos operados a través de dinero electrónico, estimamos que podrá concretarse sin mayores contratiempos. Cuando se llegue a estos valores vamos a ser unos de los países de la región con menores aranceles en tarjetas de débito y crédito.

En segundo lugar, el acuerdo permite la regulación de la dispersión máxima de aranceles que cobran los adquirientes (intermediario entre el emisor de tarjeta y el comercio) en un mismo sector de actividad económica. Esto significa, concretamente, que la diferencia entre el arancel mínimo y el máximo no podrá ser superior a determinada brecha porcentual, que al cabo de dos meses será de 1 punto porcentual y 1.50 puntos porcentuales para tarjetas de débito y crédito locales respectivamente. Al final del proceso, en 2021, la dispersión máxima de aranceles será de 0.25 y 0.80 puntos porcentuales para tarjetas de débito y crédito respectivamente, de manera que mínimo y máximo quedan “atados” mutuamente, reduciendo la brecha y promoviendo la competitividad de las empresas adquirientes y una mayor accesibilidad a estos instrumentos de pago en igualdad de condiciones, reduciendo las asimetrías comerciales entre las pequeñas y las grandes empresas, que actualmente reciben, en muchos casos, un trato diferencial que perjudica a las primeras. En el nuevo proyecto de ley que se aprobara en pocos días se encomienda al BCU publicar los valores de arancel (en forma similar a como se hace con tasas de interés) para poder verificar el cumplimiento.

Por último, el acuerdo prevé la eliminación de cualquier costo administrativo distinto al arancel, y establece que el dinero de las ventas de los comercios deberá ingresar en las 24 horas siguientes a la realización de la operación, disminuyendo significativamente el tiempo de espera del comerciante para hacerse con su dinero, que actualmente es de un día hábil, pudiendo llegar a esperar hasta cuatro días si se trata de una venta operada en un día hábil previo, por ejemplo, a un fin de semana largo.

Esto no es sólo un acto de gobierno aislado y que lo resuelve todo, sino un programa de inclusión gradual de personas y formalización de los distintos sectores más vulnerables de la economía. Pero es, sin lugar a dudas, un paso más del camino que se iniciara en 2014 con la Ley 19.210 de inclusión financiera, y que ha sido transitado, desde un inicio, en clave de diálogo y construcción colectiva, escuchando a los actores involucrados y construyendo los cambios que el país necesita en conjunto con sus beneficiarios, como en el caso de los acuerdos recientemente alcanzados. Por eso desde el gobierno y el Parlamento seguiremos comprometidos por cambiar la realidad de la economía informal, con más y mejor inclusión financiera, para que nuestro país permanezca en la senda de una transparencia y control al lavado de activos propias del S.XXI, y no retrocedamos al viejo esquema de exclusión para la mayoría, y que favorecía a unos pocos al trabajar en la informalidad.

No es este el final de un proceso cuya cúspide permita relajar el ritmo y descansar en los logros obtenidos; es, por el contrario, apenas el comienzo. Y quizás en un futuro no demasiado lejano, los turistas uruguayos no se sorprenderán al querer pagar su almuerzo, y el feriante no desparramará tantas monedas, ni enlazará tantos billetes.