Por una Ley de Alquileres

18.Feb.2016

Por Gerardo Núñez, diputado suplente de la 1001 - Frente Amplio

Hace ya varios años que alquilar en nuestro país se torna una tarea más que difícil para cientos de miles de uruguayos. Esta dificultad radica principalmente en los altos precios que manifiestan los alquileres año tras año. La vivienda, junto a los alimentos y productos de la canasta básica, conforman una parte sustancial de la inflación, es decir del aumento cotidiano de los costos de vida. Recordemos que el alquiler, de representar un 18% en el gasto de los hogares pasó a ser un 22% en tan solo 6 años. Esto impacta directamente en los sectores de trabajadores, y sobre todo en aquellos con salarios más bajos. Conviene señalar que el promedio de los alquileres para el 2014 fue de 10.334 pesos, mientras que los ingresos promedio por persona fueron de 16.545 pesos. Hay que agregar además que en el mismo año casi 700 mil trabajadores ganaron menos de 15 mil pesos mensuales.

Con estos datos sobre la mesa, queda claro que el precio de los alquileres comparado con el ingreso promedio de los uruguayos es excesivo. Es más, en la última década el precio de los alquileres ha trepado por encima del promedio de la inflación. En el año 2012 los alquileres aumentaron un 14%, mientras que la inflación fue de 7.5%. Los sectores empresariales vinculados a la temática han sido incapaces de explicar con argumentos medianamente sólidos cómo es que se produce esta suba indiscriminada. Desde nuestra óptica, la suba por encima de la inflación responde, entre otras cosas, a la ausencia de instrumentos estatales que frenen la especulación y el lucro.

Para el mercado, la vivienda es considerada una mercancía más, una sencilla manera de amasar fortunas con las necesidades de nuestro pueblo. Esto lo hace en detrimento del derecho que todos los uruguayos tenemos de acceder a una vivienda digna como lo expresa nuestra Constitución.

Recordemos que en el Uruguay, previo a los años 70, existía una ley reguladora de los alquileres, la ley 13.659. Fue la Dictadura, a través del decreto ley 14.219, la que barrió con esto para abrir paso a la especulación inmobiliaria, corriendo al Estado y dejando todo servido para que fuera el mercado quien dispusiera la fijación de precios. Los resultados de dicha política son contundentes: especulación inmobiliaria, elevados valores de los inmuebles y de los alquileres, exclusión, preocupantes cambios sociodemográficos, imposibilidad de miles de familias de acceder a la vivienda, más de 50 mil casas abandonadas o vacantes; y unas 80 mil personas en situación de emergencia socio-habitacional. Paradoja, diría el “Corto” Buscaglia.

Este panorama de desregulación nos hace pensar en la necesidad de avanzar en una ley que coloque en el centro de la escena a la vivienda como derecho, y con ello fijar mecanismos que nos permitan controlar el precio de los alquileres. El Estado debe recuperar terreno en el control de la economía frente a lo que fue una brutal ofensiva neoliberal que recortó y minimizó su papel. No es un capricho ni una evocación mística como algunos lo pretenden mostrar. Sobran ejemplos de países en el mundo que regulan de una u otra forma la fijación del precio de los alquileres y los reajustes, como son el caso de Alemania, Holanda y Francia, entre otros. Es que cuando los estados renuncian a regular sectores claves de la economía, son las grandes corporaciones las que definen las reglas de juego y los precios con el solo objetivo de aumentar los márgenes de ganancia, sin importar quiénes quedan colgados, marginados o en situación de extrema vulnerabilidad.

Un Estado bajo la órbita de un gobierno progresista tiene que poder generar mecanismos de distribución de la riqueza y mayor equidad como forma de amparar a los sectores más débiles frente al salvajismo de los grupos económicos. Y esto es posible como ya lo ha demostrado el Frente Amplio en distintas áreas.En materia habitacional es necesario recorrer un camino que permita erradicar la emergencia socio-habitacional, y al mismo tiempo democratice el acceso a la vivienda como premisa irrenunciable y hecho concreto.

Para cumplir con los objetivos expresados estamos elaborando un proyecto de ley. En nuestra opinión, la futura ley debe regular el precio de alquileres estableciendo topes que contemplen el valor de la vivienda y el de los ingresos; debe incorporar la creación de un alquiler de interés social, universalizar las garantías públicas, y tiene que cortar con los turbios manejos de las casas vacías que solo buscan mantener el alza a los precios. En definitiva, de lo que se trata es de contraponer el uso social de la vivienda como derecho al uso lucrativo y especulador. No puede seguir ocurriendo que haya gente sin casas y casas sin gente.

La discusión que pretendemos instalar tiene que permitirnos organizar pueblo junto a esta bandera. Y organizar entre otras cosas implica abrir el proyecto al debate por abajo para enriquecerlo, en los barrios, las ferias, las cooperativas, los liceos y facultades, las obras y las fábricas. Estamos convencidos que esta ofensiva programática sobre sectores especuladores de la economía no se resuelve solamente con discusiones parlamentarias. Requiere sobre todo de un amplísimo protagonismo popular para contrarrestar los poderosos intereses económicos, y esto solo se enfrenta con pueblo organizado y lucha. Es una riquísima oportunidad para relanzar una movida que vaya más allá de la problemática del alquiler. Como le gusta llamarle al “Boca” Andrade, un “Movimiento por el Techo”, para cimentar las bases de un nutrido movimiento popular que luche por el derecho a la vivienda de todos los uruguayos.

La esperanza sigue creciendo desde el pie.