A todos los argumentos ambientales que apoyan la idea de abandonar el fracking en Uruguay, también se deben sumar su mal desempeño energético y su riesgo económico.
El gobierno ha dado señales muy contradictorias sobre cómo encarar el “fracking”, una de las prácticas ambientalmente más peligrosa y económicamente más riesgosa en el sector petrolero. Este dilema surge ante las exploraciones que está realizando ANCAP en el norte del país, bien conocidas ahora por la opinión pública por las denuncias de “temblores” en distintas localidades.
El fracking, un término en inglés, describe la llamada fractura hidráulica de distintos tipos de rocas porosas para obligar al gas o petróleo allí encerrado a emerger. Sus defensores lo presentan como una nueva tecnología para extraer hidrocarburos, pero en realidad, más que extraer se inyecta. En efecto, se inyectan enormes volúmenes de agua con todo tipo de aditivos químicos, a presión, y ello genera pequeñas fracturas que obliga a la salida de los hidrocarburos.
La evidencia comparada con otros países muestra que el fracking es un tipo de explotación muy peligrosa desde el punto de vista ambiental, y por ello sucesivos gobiernos y municipios han decidido prohibirlo. Esto es comprensible en tanto se perfora a grandes profundidades, y las sustancias que se inyectan permean y contaminan esas capas subterráneas. De la misma manera, también hay pérdidas y derrames de los hidrocarburos extraídos que se pierden en el subsuelo y lo contaminan. Todo esto genera serios riesgos para el agua subterránea.
Esto es particularmente delicado en el norte del país ya que, como advierten distintas organizaciones ambientales y rurales, las perforaciones atraviesan el acuífero Guaraní, poniéndolo en riesgo. Sin olvidar que también hay peligros para las napas más superficiales. Además, como ANCAP tiene muy malos antecedentes en la calidad de sus manejos empresariales, en brindar información transparente a la ciudadanía, y en la gestión ambiental, es más que justificable que se enciendan todas las luces de alarma. El Estado no está jugando con fuego, sino con el agua.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería tiene toda la razón en alertar sobre la falta de información sobre los productos que se usan en las perforaciones, así como en reclamar que se abandone esa técnica. Recordemos que en el país distintos departamentos lo han prohibido (Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rocha). Pero el Poder Ejecutivo ha dado indicaciones contradictorias también en esta cuestión; el presidente había anunciado que no se haría fracking pero el director nacional en minería defendió la técnica, y ahora, apenas se plantea una moratoria por cuatro años.
A todas esas alertas es oportuno agregar una más. El fracking tampoco tiene mucho sentido energético y es un enorme riesgo económico. En efecto, las prácticas de obtención de hidrocarburos calificados como no convencionales (por ejemplo, aquel atrapado en esquistos o arenas), requieren enormes aportes de energía por cada barril que se obtiene. Todos esos insumos de agua y químicos consumen mucha energía (estaciones de bombeo, centenas de camiones, etc.), que deben ser considerados en un balance de los costos y beneficios energéticos. Se calcula lo que se llama el retorno energético de la inversión en energía (EROI por sus siglas en inglés).
Ese balance muestra que en los petróleos convencionales, en los buenos yacimientos, en general se gasta el equivalente de un barril para obtener unos 90 de crudo. Pero ese balance cae notablemente con las explotaciones no convencionales como el fracking. Hay prácticas donde es necesario el equivalente de dos barriles de crudo para extraer uno, y otras se acercan al umbral de 1 a 1. Dicho de otro modo, se cae en una pesadilla energética y ecológica donde se gasta más o menos la misma energía por cada unidad de hidrocarburo que arranco de la tierra. Necesitamos un barril de petróleo para extraer otro.
Muchos lectores se preguntarán porqué se mantienen esas prácticas con una eficiencia energética tan baja y cómo es que hay empresas dispuestas a ello. La respuesta es que eso ocurre debido a los subsidios y apoyos que tiene el sector petrolero en las economías nacional y mundial. A la empresa que lleva esto adelante no le importa mucho esa eficiencia energética mientras pueda vender ese hidrocarburo a buen precio y obtenga ganancias, y eso ocurre porque en muchos países el Estado subsidia ese tipo de explotación. Esto es evidente, por ejemplo, con el fracking en Argentina, que recibe todo tipo de ayudas estatales, flexibilizaciones laborales y exenciones tributarias. ¿Queremos seguir ese camino? ¿Deberemos lidiar con el riesgo económico que todos nosotros terminemos pagando por ese tipo de extracción? Además, con la triste carga de subsidiar una actividad que daña nuestro ambiente.
O sea que, una vez más, el país apuesta a unas tecnologías que no son eficientes y que dependen que sean subsidiadas desde el Estado, o sea por todos nosotros. Y todo ello a riesgo de serios impactos ambientales. Como decía antes, el gobierno no juega con fuego, sino con el agua.
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Para saber más:
“El abajo se mueve”, un reporte de Leticia Sánchez en Sudestada, 2015, http://www.sudestada.com.uy/articleId__e62f9b4c-f34a-4409-aef8-d9741aa37f69/10981/Detalle-de-Investigacion
Piden a la Dinama controlar a Schuepbach, El País, 2 agosto 2017, http://www.elpais.com.uy/informacion/piden-dinama-controlar-schuepbach.html
Fracking: la hora de la verdad, Rául Viñas, 2017, http://uruguay2035.blogspot.com.uy/2017/06/fracking-la-hora-de-la-verdad.html
Gráfica tomada de Extractivismos. Un modo de entender la naturaleza y el desarrollo, E. Gudynas, 2015, CooperAcción y RedGE, Lima.
Foto de la marcha en defensa del Acuífero Guaraní, Paysandú, 5 agosto 2017.