La inseguridad sigue siendo hoy, como desde hace años, la principal preocupación de los uruguayos. No es para menos. Los homicidios y rapiñas cometidos en las últimas semanas han actualizado brutalmente un problema que no para de hacerse más grave cada día.
El gobierno, con sentido político, ha entendido que no le conviene quedarse solo en la pelea contra el delito y anunció que convocará a la oposición para dialogar al respecto. Es evidente que no alcanza con que el ministro Bonomi diga que la Policía está mejor preparada que nunca para cumplir sus funciones y que la oposición critica porque no sabe lo que está pasando ni entiende nada al respecto; ese discurso autocomplaciente y soberbio ha sido superado por los hechos. Las rapiñas no cesan de aumentar y los homicidios lo mismo, diga lo que diga el ministro. La gente lo sabe, lo siente y se indigna. El presidente Vázquez se dio cuenta y decidió achicar el arco, llamando a la oposición para que comparta el problema con el gobierno y se lleve su parte del enojo popular. De paso, el gesto distiende un clima político enrarecido por el desastre de Ancap y el papelón del "licenciado".
Obviamente, la oposición debe apostar al diálogo que tantas veces reclamó sin éxito, y acudir al llamado presidencial. Para que las conversaciones tengan la posibilidad de lograr algún resultado útil, es preciso que nadie acuda a ellas esperando la rendición del adversario político. El presidente ya dijo que el ministro del Interior permanecerá en su cargo; la oposición no dejará de criticar su desempeño. Asumiendo esas y otras diferencias básicas, habrá que conversar lealmente y de buena fe, buscando entendimientos allí donde pueda haberlos e identificando también las discrepancias, donde las haya, para que la ciudadanía sepa claramente qué propone cada partido político para encarar el más apremiante de sus problemas.
A continuación, algunas "ideas a tener en cuenta", como diría Vaz Ferreira, en las conversaciones a iniciarse.
En primer lugar: es claro que violencia y delito son fenómenos complejos, que responden a múltiples causas y reclaman diversas respuestas. Es indispensable reprimir inmediatamente el delito con eficacia y energía, y también lo es trabajar en perspectiva de mediano y largo plazo para desmontar las usinas que lo generan. Evitemos -de nuevo, con Vaz Ferreira- las falsas oposiciones. No hay que elegir entre represión policial y políticas sociales; hay que aplicar las dos, sabiendo que se desarrollan en tiempos distintos: las políticas sociales dan su fruto en años, la acción policial debe ser inmediata. Al delito de hoy se le combate desde las Comisarías o el 911, pero a los delitos de mañana hay que empezar a prevenirlos desde los centros CAIF.
Un "abordaje integral" de la problemática del delito y su impacto en la convivencia fue precisamente lo que se intentó en el anterior período de gobierno. Luego de la conmoción que provocó el asesinato de un pizzero de La Pasiva, filmado por las cámaras del local y exhibido luego hasta la náusea en las pantallas de televisión, el gobierno de Mujica anunció, en el mes de junio del año 2012, una "Estrategia para la vida y la convivencia" que fue presentada en conferencia de prensa por el Secretario de la Presidencia y los Ministros de Interior, Defensa y Desarrollo Social. La estrategia comprendía quince medidas de distinta naturaleza y alcance: desde el clásico aumento de penas para algunos delitos (corrupción policial, tráfico de pasta base) hasta la creación de "plazas de convivencia" que generasen "nuevas centralidades" en el área metropolitana, pasando por la legalización de la marihuana, el mejoramiento de la gestión policial, etc.
Pasaron casi cuatro años desde entonces. Cambió el presidente, pero la fuerza política de gobierno, la mayoría parlamentaria y los ministros de Defensa e Interior son los mismos. Es tiempo de que el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio rindan cuentas a la ciudadanía y digan concretamente qué se logró con aquella estrategia.
Los datos oficiales conocidos no son positivos. En el año 2012 se consumaron 267 homicidios y 15.414 rapiñas. El Ministerio del Interior todavía no dio a conocer las cifras correspondientes a todo el año 2015, pero las de su primer semestre indican con claridad la tendencia: 154 homicidios, 9.656 rapiñas consumadas. O sea: la situación siguió empeorando. Salvo que el gobierno aporte otros elementos de juicio, hemos de concluir que la famosa "estrategia" fue otro fiasco resultante de la gestión de gobierno del Frente Amplio. Y ojo, que así como las quince medidas no eran solo ni principalmente de carácter policial, su fracaso no puede atribuirse exclusivamente al "cartón ligador" que es el Ministerio del Interior: el Mides y las políticas sociales fracasaron también.
Un breve comentario final, referido al aumento de penas propuesto por algunos sectores políticos. Puede ser que la medida sea necesaria para algún tipo de delito o para ciertas circunstancias, pero la experiencia no autoriza a esperar que valga como solución general. Desde el restablecimiento democrático de 1985 hubo aumento de penas varias veces, y el delito no paró de crecer. Más útil me parece el criterio propuesto por el Fiscal en lo Penal, Dr. Gustavo Zubía: revisemos la amplia gama de instrumentos mediante los cuales una persona imputada de delito puede evitar la prisión o, si está en ella, recuperar la libertad antes de cumplir la pena que se le imponga.
En el sistema penal uruguayo, el delito se castiga muchas veces con penas de papel: figuran en el Código, pero no se aplican en la realidad. La benignidad excesiva hace que el delincuente le pierda el respeto a la Justicia Penal, y ese es uno de los factores que explican que estemos como estamos.
Volveremos sobre el tema.
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