El proceso está en marcha y la polémica está abierta. Rousseff, Lula y el PT dicen que lo que se está produciendo es un golpe de estado; la oposición lo niega y replica afirmando que se usa el fantasma del golpe para distraer la atención del pueblo brasileño de los graves crímenes de responsabilidad cometidos por la presidente. Como telón de fondo del debate político están la operación "Lava Jato" y las investigaciones del juez Sergio Moro, que han puesto al descubierto gigantescas maniobras de corrupción desarrolladas durante años, por montos que suman miles de millones de dólares, en perjuicio de Petrobras. El PT está metido hasta el cuello en el escándalo, que salpica al mismísimo Lula. A Rousseff no se le imputa haberse enriquecido, pero sí se señala que, habiendo sido presidente del Consejo de Administración de Petrobras desde el año 2003 hasta el 2010, no pudo ignorar que quienes la rodeaban estaban robando a manos llenas, pese a lo cual calló y dejó hacer.
En las calles se han reunido multitudes a favor del "impeachment". El PT se movilizó en apoyo de Lula y de Dilma, pero su despliegue estuvo muy por debajo de lo que hubiera podido esperarse en función de la representación popular que invoca. El partido de los trabajadores no ha sido capaz de organizar una gran huelga general para defender el poder conquistado con tanto esfuerzo y sacrificio. Evidentemente, los brasileños no creen que las acusaciones de corrupción sean un invento de la derecha. Cuando la economía se achica, se pierden puestos de trabajo y el salario cae, la mal habida opulencia de los gobernantes indigna hasta a los militantes más leales; o quizás deba decirse que los indigna especialmente a ellos.
En Uruguay, los sectores mayoritarios del Frente Amplio no dudaron en hacer suya la tesis del golpe de estado. En consecuencia, le reclamaron al gobierno que movilizara las cláusulas democráticas de la OEA, el Mercosur y la Unasur para llamar a responsabilidad a Brasil y eventualmente sancionarlo. Hasta ahora el gobierno no ha cedido a estos reclamos; la declaración emitida tras la votación del domingo expresa "preocupación", pero se abstiene de tomar partido y manifiesta confianza en que los problemas políticos se resolverán dentro del marco institucional vigente. Por lo visto, el paso en falso dado en la Unasur cuando se promovió una declaración de apoyo a Rousseff que no fue acompañada por Argentina ni por Paraguay, ha hecho recapacitar al Palacio Santos; enhorabuena.
Quienes propalan la tesis del golpe de estado hacen hincapié en que a Rousseff no se le imputa la comisión de delito alguno y afirman, con el aplomo y la solemnidad de un sacerdote que leyera directamente del libro sagrado la verdad revelada, que "no hay impeachment sin delito". Se equivocan. En Uruguay sí es correcto decir que no hay juicio político sin delito, y no cualquier delito sino un delito grave; tal lo que surge claramente del artículo 93 de nuestra Constitución. Pero en Brasil las cosas son distintas. El artículo 86 de la Constitución brasileña dice que, admitida la acusación contra el presidente por la Cámara de Diputados, lo juzgará el Supremo Tribunal Federal si se le imputan "infracciones penales comunes", y el Senado si se le imputan "crímenes de responsabilidad". Como los delitos comunes y los crímenes de responsabilidad son cosas distintas y el "impeachment" procede en cualquiera de ambos casos, es irrefutable la conclusión de que puede haber -y de hecho hay- "impeachment" sin delito.
¿Cuáles son los "crímenes de responsabilidad" que puede cometer el presidente de Brasil? La respuesta está en el art. 85 de la Constitución de ese país y en las leyes reglamentarias 1079 de 10 de abril de 1950 y 101 de 4 de mayo de 2000. Los crímenes de responsabilidad son los actos del presidente de la república que atenten contra la Constitución y especialmente contra la existencia de la Unión (es decir, la "república federativa"), los poderes del Estado, los derechos políticos, individuales y sociales, la seguridad interna, la probidad en la administración, la ley presupuestal y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Lo que a Rousseff le imputa el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados que estudió la denuncia es la apertura de créditos presupuestales por decreto, sin la previa autorización del Congreso que exige la Constitución, y la contratación ilegal de operaciones de crédito (en año electoral, dicho sea de paso, para seguir gastando, aunque el Tesoro ya estaba exhausto).
El informe de Comisión al que acabo de aludir es una densa pieza de 128 páginas, que desarrolla una clara y bien hilvanada argumentación apoyada en numerosas citas doctrinarias y jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. Se podrá discrepar, naturalmente, con lo que allí se dice, pero no desconocer la seriedad del planteo que conduce a admitir la denuncia contra Rousseff.
No estamos, por lo tanto, ante un golpe de estado, sino ante procedimientos que se desarrollan dentro de la Constitución y de la ley, con el apoyo de más de dos tercios de los diputados y la anuencia del Supremo Tribunal Federal (al que el gobierno le pidió, sin éxito, que detuviera la marcha del asunto).
Lo que está sucediendo en Brasil constituye pues un asunto interno de ese país. Ni la OEA, ni el Mercosur, ni la Unasur tienen nada que hacer ni que decir al respecto, mientras el proceso siga transcurriendo por los cauces institucionales. Algunos podemos pensar que la remoción de Rousseff quizás genere odios y rencores que envenenarán la convivencia durante mucho tiempo y que la gobernabilidad no mejorará con un presidente "de repuesto", pero esas no son más que opiniones de observadores distantes.
Acierta nuestro gobierno al no inmiscuirse en el problema brasileño. A la política exterior del país le hace bien que sus responsables tengan claras las diferencias entre la Cancillería y el comité.
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