En el ejercicio 2015 Ancap volvió a perder plata: esta vez fueron 198 millones de dólares. Nos salió barato en comparación con el 2014, año en el que las pérdidas sumaron casi 324 millones de dólares. Si nos remontamos al 2013, encontramos pérdidas por 169 millones de dólares; en el 2012 el monopolio petrolero también perdió, pero "apenas" 14 millones de dólares. En el 2011 las pérdidas habían sido sensiblemente mayores: 94 millones de dólares.
En suma: un quinquenio de pérdidas, del 2011 al 2015, por un total de 800 millones de dólares. Vienen a la memoria aquellos versos de La Leyenda Patria: "¡Lustro de maldición, lustro sombrío!...".
Ampliemos la perspectiva, remontándonos aun más en el tiempo. En el año 2001 se aprobó la que se denominó Ley de Asociación de Ancap, con el fin de asociar a esta empresa con una petrolera de calibre internacional, que sería seleccionada mediante un proceso competitivo. La ley 17.448 también terminaba con el monopolio de la importación y refinación de petróleo crudo y de exportación de derivados del petróleo, establecido a favor del Estado y administrado por Ancap de acuerdo con la vieja ley 8.764. La idea era sencilla y atractiva: derogar el monopolio, para que la competencia hiciese bajar los precios de los combustibles, pero antes conseguirle a Ancap un socio grande y potente que la ayudara a competir. Había antecedentes auspiciosos: si el Banco República, Antel y el Banco de Seguros competían y les iba bien, con beneficio para los consumidores, también Ancap podría hacerlo.
Por un momento pareció que aquella ley contaría con amplio respaldo político: la había promovido el gobierno colorado, los blancos la apoyaban, y los senadores frenteamplistas Danilo Astori, Alberto Couriel y Enrique Rubio habían participado en la redacción de varios artículos que contemplaban específicamente las exigencias formuladas por el Frente Amplio. Sin embargo, a último momento el Frente se dio vuelta y decidió votar en contra del proyecto. Y no solo eso: aguijoneado por el sindicato de Ancap y el PIT-CNT, el Frente apoyó el referéndum contra la ley realizado en diciembre del 2003. Tabaré Vázquez decía que había que derogar la ley, para hacer después otra mejor. El pueblo, golpeado por la crisis del 2002, no quería nada que viniera del gobierno; la ley fue derogada por una mayoría de más del 60% de los votos. Al año siguiente, el Frente ganó las elecciones y Tabaré Vázquez fue elegido presidente en primera vuelta.
Pasaron dos períodos de gobierno frenteamplista y está transcurriendo el tercero. El Frente ha tenido durante todos estos años mayoría parlamentaria propia, y la sigue teniendo. ¿Cómo le fue a Ancap?
Nunca hubo otra ley que sustituyera a la 17.448. El monopolio de Ancap sigue intacto, inmune tanto al Mercosur como a la globalización. Los consumidores uruguayos seguimos siendo cautivos del monopolio, y por eso pagamos más cuando el precio del petróleo sube, pero no pagamos menos cuando ese precio baja. El país productivo, tan invocado en las campañas electorales, sigue cargando el fardo de los combustibles caros, con evidente perjuicio para su competitividad.
Lo que sí hubo fue una ley de biocombustibles, al amparo de la cual se creó Alur. Esta criatura de Ancap nació y creció a expensas de subsidios de Ancap que aumentaron las pérdidas de la empresa, obligándola a pagar sobreprecios absurdos por los productos de Alur. En este sentido, baste con decir que cuando el año pasado el ministro Astori declaró ante la Comisión Investigadora de Ancap, dijo que un metro cúbico de etanol comprado en Chicago y puesto en Montevideo costaba unos US$ 400, mientras que producido por Alur costaba US$ 1.500. Así ayuda Alur a bajar el "costo país" y mejorar la competitividad...
El sacrificio de los consumidores ni siquiera sirvió para enriquecer a Ancap y, por su intermedio, a Rentas Generales. Fue al revés: hubo que capitalizar a Ancap, condonando su deuda con el Estado por los más de 600 millones de dólares que se le prestaron para que cancelara anticipadamente sus deudas con Pedevesa, y aportándole otros 250 millones de dólares obtenidos mediante un préstamo de la CAF.
Hoy, cuando la circunstancia económica regional y mundial nos es adversa y los desastres climáticos nos golpean, pensamos todos los días en esos centenares de millones de dólares que hubo que poner de apuro en una empresa petrolera y monopólica y que tanta falta hacen para reconstruir Dolores, para rehacer carreteras y caminos, para suministrarles medicamentos y tratamientos caros a los enfermos que no pueden pagárselos, para construir escuelas y liceos y para prestar mejores servicios a tanta gente que los necesita.
Ancap ha dilapidado recursos públicos durante años y la sangría no termina, porque el endeudamiento sigue pesando sobre sus finanzas. Hay responsabilidad de los sucesivos directorios por la pésima gestión realizada, obviamente, pero corresponde recordar que hubo antes una responsabilidad política, asumida cuando se derogó una buena ley con la promesa, luego incumplida, de sustituirla por otra mejor.
El Dr. Tabaré Vázquez, que firmó alegremente para llevar a referéndum y derogar la ley 17.448, debió firmar también, supongo que ya sin alegría, la promulgación de la ley de capitalización de Ancap. De no haber puesto la primera firma se hubiera ahorrado la segunda, y los uruguayos todos nos hubiéramos ahorrado mucho más que una firma.
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