Está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley impulsado por el gobierno que aumenta las penas para el delito de abigeato. Este delito está haciendo estragos en el medio rural. Los productores reclaman la adopción de medidas eficaces para evitar que sus rodeos resulten diezmados por la acción de quienes no actúan en solitario, ni para satisfacer necesidades propias ni familiares, sino como miembros de organizaciones criminales que lucran vendiendo a terceros la carne mal habida.
Lo medular de la iniciativa legislativa es que eleva la pena mínima a dos años de penitenciaría cuando concurra alguna de las agravantes llamadas "especiales". Ello significa, en términos prácticos, que en esos casos el delito se hace inexcarcelable y que todos los procesamientos deberán disponerse con prisión. El elenco de las agravantes especiales es amplio: comprende la participación de dos o más personas en los hechos, la rotura de postes, alambrados o porteras, el uso de vehículos de carga, etc. Cabe suponer que en la gran mayoría de los abigeatos que se cometan y además se denuncien a las autoridades -las dos cosas no siempre van juntas-, concurrirán una o más de dichas agravantes especiales. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas detenidas y sometidas a la Justicia por la comisión de este delito irá a prisión. Hasta hoy, lo que sucede es lo contrario: son más los procesamientos dispuestos sin prisión que con ella.
Debo confesar que, después de haber oído durante tanto tiempo a tantos representantes del oficialismo decir que el aumento de las penas no sirve para nada bueno, me sorprendió recibir en la Comisión de Constitución al ministro Aguerre, al subsecretario Jorge Vázquez y al diputado Fratti, del MPP, reclamando la pronta aprobación de este proyecto de ley de tanta severidad. En efecto, si dos muchachos sin antecedentes penales carnean una oveja para comer un asado entre amigos en semana de turismo, por ejemplo, no solo irán presos sino que además no podrán ser excarcelados provisionalmente; pasarán por lo menos dos años privados de su libertad, salvo que en ese lapso sean condenados y obtengan, luego de cumplir la mitad de la pena que les haya sido impuesta, la libertad que se llama "anticipada". Demasiada severidad, a mi juicio.
Yo estoy dispuesto a votar el aumento de las penas para el abigeato, aunque con algunos ajustes a la redacción propuesta que permitan evitar excesos de rigor que nadie desea. Lo que se busca, según entendimos, no es castigar con mano de hierro al delincuente ocasional y carente de mayor peligrosidad, sino poner coto a la acción realmente dañina de organizaciones criminales que hacen del delito un gran negocio. Pues bien: la reforma legislativa debe ser fiel a este propósito, y para ello hay que trabajar puliendo los textos legales. En eso estamos en la Comisión de Constitución y Legislación.
Dicho lo anterior, corresponde mirar otro aspecto del problema. Según la información aportada a la Comisión por organizaciones sociales interesadas en el combate al abigeato (información que, además, es congruente con la que brinda el Ministerio del Interior), durante el año 2015 se presentaron en todo el país 1.535 denuncias por ese delito. Seguramente muchos casos no fueron denunciados, por alguno de los tantos motivos por los que la gente no denuncia los hechos delictivos de los que es víctima, salvo que sean realmente graves. De esos 1.535 casos denunciados, solo 67 fueron aclarados por la Policía; es decir, menos del 5% del total. Llevados esos casos policialmente aclarados a la Justicia, fueron procesadas 97 personas: 39 con prisión y 58 sin ella.
De poco servirá aumentar las penas, si no aumenta la eficacia de la acción policial. Con penas más severas para el 5% de los casos que se aclaran no se resuelve el problema del otro 95% que goza de impunidad. Parece ingenuo suponer que la amenaza de un castigo mayor disuadirá a los delincuentes, cuando estos saben que la probabilidad de que los atrapen es mínima. En otros términos: el problema no son las leyes benignas, sino la acción policial deficiente e ineficaz. Darle más medios a la Policía para que actúe en el medio rural sería mucho más útil, a mi juicio, que aumentar penas que nunca van a aplicarse.
Por otro lado, llama la atención que los procesados con prisión sean muchos menos que los procesados sin ella. En el total de procesados por todos los delitos los porcentajes de ambas categorías son casi equivalentes, con leve ventaja para los procesamientos con prisión. En el abigeato, como se ve, no es así. Estos datos sugieren que jueces y fiscales no están viendo los hechos desde la misma perspectiva que los productores rurales que llegan al Parlamento con honda preocupación y reclamando respuestas enérgicas y eficaces a sus problemas. Es preciso que los directamente interesados hagan conocer a los magistrados fiscales y judiciales la realidad que están sufriendo, sin perjuicio de lo cual habrá que introducir también algún ajuste a la legislación vigente. No podemos olvidar que en la realidad de nuestro sistema procesal penal actual los procesados sin prisión no irán nunca a la cárcel, aunque resulten condenados. Si la sanción penal es una ficción, si las penas son penas de papel solamente, el derecho penal no cumple la función de disuasión que debe cumplir y la sociedad queda inerme frente al delito.
El problema es complejo, como se ve, y no admite simplificaciones. Hay que mejorar el marco legal, sí; pero hay que aumentar, sobre todo, la eficacia de la acción policial en la represión del abigeato.
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