En el año 2006, el Frente Amplio tuvo el acierto de crear un mecanismo legal (la ley 18.083) que permite que el dinero donado a determinadas instituciones tenga un tratamiento tributario favorable, con el fin de incentivar las donaciones. Por aplicación de dicho mecanismo, en el año 2015 las universidades privadas recibieron donaciones por un monto de 1,5 millones de dólares, aproximadamente. Esa suma representa un 0,1% del total de 1.500 millones de dólares que el Presupuesto Nacional asigna a la Enseñanza.
El miércoles pasado, al votarse en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el Frente Amplio excluyó a las universidades privadas del elenco de posibles beneficiarias de las donaciones especiales reguladas por la ley 18.083. Los partidos de oposición votaron en contra del artículo 185 (el último del proyecto), que es el que contiene la exclusión.
El fundamento por el cual la fuerza política de gobierno deshace su propia obra es de carácter político-ideológico, según explicaron en Sala varios de sus representantes. "Hay que garantizar el acceso de todos a la educación", dijo la diputada Macarena Gelman. "No está bien que instituciones privadas gestionen dineros públicos", agregaron otros, refiriéndose al hecho de que los fondos que reciben las universidades privadas son en realidad impuestos que el Estado acepta que no ingresen a Rentas Generales, sino que vayan al destino elegido por los contribuyentes/donantes.
Tal como lo expresé en el curso del debate, nadie está en contra de "garantizar el acceso de todos a la educación". Lo que no se entiende es la relación de ese postulado con la medida adoptada. No olvidemos que hablamos de 1,5 millones de dólares por año; apenas una gota en el océano de un Presupuesto Nacional de más de 13.000 millones de dólares. Es obvio que el logro de una meta tan deseable como "el acceso de todos a la educación" no depende de esa minúscula fracción del gasto público.
Además, el dinero que no vaya a las universidades privadas podrá ir a otras instituciones privadas de enseñanza, primaria o secundaria. Si fuera a Rentas Generales, nada asegura que se destine finalmente a la enseñanza pública y no a cualquier otro de los tantos rubros en los que el Estado gasta y muchas veces malgasta el dinero de todos. Y cuando ha ido a las universidades privadas, la mayor parte de ese dinero ha servido para financiar becas con las cuales muchos estudiantes carentes de recursos han podido acceder a la educación universitaria que eligieron. Desde esta perspectiva se ve con claridad que la ley 18.083 no impide, sino que facilita, "el acceso de todos a la educación".
Tampoco se entiende la resistencia a que esa suma sea administrada por instituciones privadas. ¿No existe acaso un Sistema Nacional Integrado de Salud que capta fondos públicos a través del Fonasa, para derivar luego buena parte de ellos a "efectores" privados, como lo son las mutualistas?
No se trata tampoco de que el dinero se les entregue a las universidades privadas para que hagan con él lo que quieran. Lejos de ello, las donaciones se destinan a financiar programas que deben ser autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual se ocupa además de controlar su cumplimiento.
En el curso del debate parlamentario se insinuó que habría universidades que no cumplen con los programas para cuya ejecución reciben las donaciones. La insinuación quedó flotando en el aire, sin concretarse en términos precisos y verificables. Si la iniciativa en cuestión se hubiera planteado con suficiente antelación, habría sido posible consultar al Ministerio de Economía y Finanzas, en primer término, para luego dar traslado a las universidades privadas y escuchar la otra campana. Pero la propuesta se hizo a último momento (por eso está contenida en el último artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas) y se discutió y votó al cabo de una maratónica jornada parlamentaria de 22 horas de duración. También desde el punto de vista del procedimiento, pues, se hicieron mal las cosas.
Los gobiernos del Frente Amplio no se han caracterizado por la austeridad en el manejo de los dineros públicos. Les tocaron en suerte años de bonanza económica y fueron, en el gasto, pródigos hasta el derroche. Recordemos, sin ir más lejos, uno de los datos obtenidos por la Comisión Investigadora que estudió la situación de Ancap: solo en la inauguración de la planta desulfurizadora se gastó una suma cercana al millón de dólares (la fiesta costó US$ 360.000, y la publicidad US$ 580.000). El responsable por tamaño despilfarro no fue censurado por el Frente Amplio, sino que recibió su respaldo explícito y caluroso. A la luz de este antecedente, tan cercano, resulta inaceptable que el FA se rasgue las vestiduras por el millón y medio de dólares que durante un año sirvió para ayudar a funcionar a cinco universidades privadas.
No puede decir tampoco el Frente Amplio que "por razones ideológicas" se opone a los subsidios. El último número de Brecha nos recuerda que 11 millones de dólares van anualmente desde las arcas públicas a Hípica Rioplatense, para financiar los premios de las carreras de caballos.
Como explicación del ataque a las universidades privadas, lo más cercano a la verdad parece ser el cartel que una chica levantaba en una foto que apareció en la prensa: "basta de bancar chetos". Ahí está el tema. Algunos de los que creen que "la lucha de clases es el motor de la historia", parecen creer también que a las universidades privadas van los hijos de los ricos, y solo ellos, y que en la Udelar son mayoría los hijos de las clases populares; todo lo cual es falso, como lo sabe cualquiera que haya dedicado dos minutos a recabar información sobre el asunto.
La educación debe ser la gran prioridad nacional. No opongamos lo público a lo privado; busquemos la cooperación entre ambos sectores. Que la UdelaR reciba del erario todo lo que sea posible darle, y que las universidades privadas crezcan también. El pluralismo universitario es necesario y saludable; la sociedad se enriquece cuando hay distintas maneras de mirar los problemas, muchas ventanas abiertas al mundo para ver y entender lo que sucede y varias veredas de acceso a la educación superior.
Espero que, cuando el Senado trate la Rendición de Cuentas, el Frente Amplio rectifique los errores de su bancada de diputados y preserve su propia obra. No hay que deshacer lo que nadie demostró que esté mal hecho.
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