Nacido en 1985. Licenciado en Psicología. Ex secretario general de la UJC. Afiliado al Partido Comunista del Uruguay y Diputado por la Lista 1001, Frente Amplio. Integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
La situación de la vivienda en Uruguay sigue siendo alarmante. Miles de uruguayos viven en viviendas con problemas en el acceso al saneamiento, el agua potable y la electricidad. Otros tantos viven en condiciones de hacinamiento. Esto se refleja en algunos datos que deberían interpelarnos seriamente y actuar en consecuencia: 30 uruguayos han muerto este invierno por incendios en viviendas precarias.
Según consta en la argumentación del proyecto de Ley presentado, se necesitarían unas 30 mil viviendas para eliminar el déficit de cantidad (que cada hogar tenga su vivienda propia y no existan varios hogares en una misma casa) y alrededor de 50 mil para combatir el déficit de calidad (fundamentalmente de viviendas precarias y asentamientos). Esa cruda realidad, hasta hoy sin respuestas efectivas, se encuentra con otra que parece una burla: en Uruguay hay 100 mil viviendas vacías en condiciones de ser habitadas.
A su vez, los alquileres tienen precios que no se condicen con la realidad. En los últimos 10 años han aumentado, casi sin excepción, por encima del Índice Medio de Salarios y sobre todo de la inflación. Esto no puede explicarse más allá del negocio feroz de la especulación inmobiliaria, que hace que los alquileres ocupen una porción cada vez más grande de los ingresos de las familias uruguayas y los hagan cada vez menos accesibles para la población.
En este panorama es que la 1001 impulsa el proyecto de Ley de Alquileres, que si bien no resuelve la compleja problemática de la vivienda en su totalidad, es un avance sustancial en el sentido de garantizar el acceso a la vivienda digna de miles de uruguayos. Los cuatro ejes del proyecto de ley apuntan en ese sentido.
Regulación del precio de los alquileres
Este es quizá el eje principal del proyecto, porque enfrenta dos concepciones: la vivienda como bien de mercado y de lucro frente a la vivienda como Derecho Humano. Es evidente que el proyecto toma partido por garantizar lo segundo. ¿Qué propone para frenar el abuso que hoy existe en los precios de los alquileres, que han subido más allá de cualquier indicador?
En primer lugar plantea un tope al precio de los inmuebles. En ningún caso podrá superar el 4% mensual anualizado del valor del catastro. O sea, si un inmueble tiene por valor U$S 120.000, el tope máximo serían U$S 400, unos 12 mil pesos mensuales al valor actual del dólar. Por otro lado, propone que la actualización del valor de los alquileres no supere el Índice Medio de Salarios, de manera de controlar su impacto en el ingreso de las familias y evitar los aumentos abusivos en las renovaciones de contratos, por ejemplo.
De esta forma no solo bajarían sensiblemente los precios de los alquileres, favoreciendo sobre todo a los hogares con menos ingresos, sino que además se potenciaría el mercado de alquileres, ya que es esperable que muchos hogares que hoy ocupan irregularmente puedan acceder a un alquiler formal. Además, el ahorro generado en las familias por la baja de los alquileres, se vuelca en un amplio porcentaje en el consumo del hogar, potenciando el mercado interno.
Ampliación de las garantías
Una gran dificultad, sobre todo para los hogares más pobres, es conseguir una garantía para poder alquilar. Esto genera que muchas veces el alquiler no sea viable, o que se alquile a mayor precio una vivienda de menor calidad. Más allá de que existieron avances, como la garantía a través del Ministerio de Vivienda, aún es insuficiente.
Por ello la ley propone ampliar el sistema de Contaduría a todos los trabajadores, jubilados y pensionistas. En síntesis, que cualquier trabajador o jubilado registrado pueda, con su ingreso, acceder a una garantía. Esta medida implica que más hogares accedan a un alquiler en mejores condiciones, además de darle más seguridad al mercado de alquileres, tanto para los inquilinos como para los propietarios.
Asistencia al pago de alquiler
Un altísimo porcentaje de los trabajadores uruguayos gana menos de 15 mil pesos. Es, evidentemente, una realidad preocupante. Es en estos hogares donde más se siente la incidencia del alquiler en la economía de las familias. En este sentido, el proyecto plantea un sistema de asistencia al pago de alquiler.
A aquellos hogares que perciban ingresos menores a 8 mil UI (unos 28 mil pesos) y paguen de alquiler más de un 25% de sus ingresos, se les proporcionará un subsidio para facilitar su acceso al mercado de alquileres.
Multas a propietarios de viviendas vacías
Esta es otra de las medidas para desalentar la especulación inmobiliaria. Establecer, luego de los seis meses de una vivienda vacía, multas para el propietario, que van en aumento a medida que pasen los meses. Especial hincapié se hace en aquellos propietarios que tengan más de 10 inmuebles vacíos.
Hoy en día, como decíamos, existen miles de viviendas deshabitadas, en un gran número dedicadas a la especulación inmobiliaria, o sea, no volcadas al mercado para hacer subir los precios. Al plantearse una multa, el objetivo es desalentar esa especulación y hacer que más inmuebles se vuelquen al mercado, reduciendo por tanto los precios
Uno de los estrategias que seguramente invocarán las cámaras inmobiliarias será la del miedo, y la de enfrentar trabajadores con trabajadores. Es claro que aquella persona que tiene una o dos casas para alquilar difícilmente pague una multa, por el simple hecho de que de esos alquileres depende su ingreso mensual. Por tanto, esos pequeños propietarios no son los que especulan, ni los que hacen subir los precios. Los principales responsables de ese fenómeno son los grandes propietarios, empresas que en muchos casos son dueñas de más de 200 inmuebles.
¿Cómo se propone controlar todas estas nuevas medidas?
El proyecto plantea la creación de una Dirección Nacional, en el marco del Ministerio de Vivienda, que se ocupará de controlar los precios y topes planteados, implementar el nuevo sistema de garantías y asegurar el cumplimiento cabal de lo que la ley propone.
Los pasos a seguir
El proyecto de Ley de Alquileres fue presentado en la Bancada del Frente Amplio, iniciando recién su proceso de discusión en el Parlamento; es el puntapié inicial del proyecto en ese aspecto.
Por otra parte, y no menos importante, el camino para garantizar que este proyecto se concrete, es el diálogo con las organizaciones sociales, en los barrios, que coloque a través de esta Ley la necesidad del acceso a la vivienda digna en nuestro país.
La necesidad de generar un gran movimiento para el techo es imperiosa para que efectivamente existan avances legislativos, pero que además se conviertan en realidades que transformen la vida de nuestro pueblo. Este proyecto es una pata en ese proceso, que deberá encontrarnos organizados y movilizados para seguir avanzando en derechos.
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