Cuando el gobierno planteó la cuestión de las jubilaciones y pensiones militares, señalando la necesidad de reformar las normas vigentes, dijo también que se proponía realizar la tarea sin menoscabar los derechos adquiridos por quienes ya se encuentran gozando de su pasividad.
Ese enfoque era y sigue siendo el correcto; en un estado de derecho como pretende ser el nuestro, el respeto a los derechos adquiridos es de orden.
Así planteadas las cosas, no cabe negarse a examinar el tema con rigor y seriedad. Toda la seguridad social -tanto la concerniente a militares y policías como la atendida por el BPS y las Cajas paraestatales- constituye un asunto sumamente delicado y complejo, que requiere permanente atención del Estado. La demografía uruguaya, ya se sabe, complica las cosas. La nuestra es una sociedad envejecida; los contingentes de trabajadores jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral, no son suficientes para impedir el deterioro de la crucial relación activo-pasivo.
En el caso de los militares el problema es aún más grave, porque el número de efectivos ha venido disminuyendo desde el restablecimiento democrático de 1985 como consecuencia de la decisión, mantenida por los gobiernos que se sucedieron desde entonces, de reducir las dimensiones del aparato militar legado por la dictadura. Súmese a este factor el efecto de un estatuto jubilatorio amplio y generoso, y el resultado financiero es el que tenemos: el año pasado, Rentas Generales debió transferir más de U$S 400 millones, en números redondos, para que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas pudiera cumplir sus obligaciones.
Ante estos hechos, y dada la fragilidad de la situación fiscal -recordemos que en el último año del gobierno de Mujica el déficit fue del 3,5% del PBI- es pertinente la revisión de las normas jubilatorias de referencia, para modificar o derogar las que consagren privilegios injustificados o sean simplemente insostenibles. Si el ajuste ya se hizo en el ámbito del BPS (ley 16.713), para la generalidad de la población, no hay razón para no hacerlo también con respecto a las Fuerzas Armadas.
Eso sí: hay que partir de la base del respeto a los derechos adquiridos. Las reformas que se introduzcan deben operar hacia el futuro, no retroactivamente. Sería injusto y contrario a derecho que, para achicar el déficit de un Estado que se permite despilfarros como los de Ancap, por ejemplo, se recortaran los ingresos de personas -y familias- que los perciben por haber adquirido en buena ley el derecho a hacerlo, y se encuentran en una etapa de la vida en la que es muy difícil generar nuevos ingresos.
El gobierno expuso su propósito reformista en estos términos, como se recordará, y reiteramos que así planteadas las cosas, no cabe rechazar a priori la iniciativa; lo que corresponde es estudiar seriamente lo que se proponga, para luego adoptar una posición al respecto.
Pero la aparente razonabilidad del planteo del gobierno se desinfla como un globo pinchado, cuando a la modificación de las normas del estatuto jubilatorio se le suma la propuesta de establecer un nuevo impuesto a las jubilaciones y pensiones militares que superen cierto monto (unos $50.000), y que ya pagan el IASS. El IASS, recordémoslo, es el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, destinado a reducir el déficit del BPS y pagado también por los retirados militares, que no cobran su jubilación del BPS. El proyecto de ley que establece el nuevo impuesto, se encuentra actualmente a estudio de la comisión de Hacienda del Senado.
Por el efecto acumulado del IASS y del nuevo impuesto propuesto, algunas pasividades militares se verían recortadas en un porcentaje cercano al 50%.
Decir que se van a "respetar los derechos adquiridos" de alguien a quien se le va a quitar, vía impuestos, la mitad de lo que tendría derecho a cobrar en función de los aportes regularmente realizados, es tomarle el pelo a la gente y sumar, al despojo, la burla. Independientemente del análisis jurídico de la cuestión, lo que salta a la vista son la injusticia confiscatoria que se quiere cometer, sumando impuesto sobre impuesto, y la hipocresía con la que se proclama la intención de "respetar los derechos adquiridos" al mismo tiempo que se los agrede despiadadamente.
Para defender esta injusticia se dice que la sufrirán sólo el 20% de los retirados militares; pero la aritmética no cambia el juicio ético. Así fuera uno solo el perjudicado, el perjuicio causado por la doble imposición sería injusto y lesivo de derechos bien habidos.
Hacer caudal de que entre los alcanzados por el nuevo impuesto se encontrarían algunas figuras conspicuas de la dictadura, sería envilecer la argumentación.
Y hacer pagar a justos por pecadores, imponiendo un tributo a un grupo de jubilados y pensionistas para hacer sufrir a unos cuantos personajes del pasado ya lejano, sería indigno de una república decente.
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