Recibimos el año con reveladoras declaraciones del Presidente Mujica a distintos medios. Las califico como tales, porque en ellas aparecen muchas de las contradicciones de su personalidad. Aporta acertadísimas visiones sobre falencias que nuestro sistema político viene arrastrando desde viejas épocas, y las mezcla con algunas de las observaciones disparatadas a las que ya nos tiene acostumbrados. Por eso creo que, más que solazarse con estas últimas, como suelen hacer los medios opositores, conviene poner el foco en las primeras, a fin de estimular un mayor cuidado de sus asesores en el afinado y supervisión constantes de la comunicación presidencial.
En los hechos, hay que destacar que el presidente insiste en un acuerdo partidario para corregir el desastre educativo, algo que no cae simpático al sindicato docente, pero que claramente es un inicio de solución. Fue aún más lejos: anunció su intención de dar mayor autonomía a los directores de los centros de enseñanza, una excelente medida que está en la base del programa Promejora y que la Fenapes rechaza agitando el fantasma del neoliberalismo, (lo que les preocupa en realidad es que con ello, al mismo tiempo que se empoderaría a directores y docentes, se atenuaría el grado de influencia del corporativismo sindical).
También se ha opuesto el presidente, y en forma categórica, a la llamada "escalera del burro" que ¡desde 1951! regula los ascensos y mejoras salariales en la banca oficial, por estricto orden cronológico, sin tomar en cuenta los méritos del beneficiario. Me interesa citarlo textualmente, según aparece en "Búsqueda" del jueves pasado: el presidente califica a la mentada "escalera del burro" como "una rémora, un disparate para el país. Porque si no entramos a privilegiar un poco el mérito y el esfuerzo de la gente, estamos fritos. Esto nos envenena la conciencia de la gente, porque hay muchachos que recién han entrado a los bancos públicos y están luchando por mantener esa escala, porque está pesando en su horizonte individual. Da pena, porque pareciera que quisieran ser vegetales". Y agrega: "¿Hasta cuándo vamos a tener la escalera del burro en el Estado? ¿Hasta cuándo vamos a aumentar de categoría por el hecho de envejecer?"
Son declaraciones de gran lucidez, que enfrentan en forma directa uno de los peores males de nuestra sociedad: la percepción de que no importa el esfuerzo y el talento que pongamos en la tarea de servidores públicos, porque el Estado nos premiará de todos modos. Un Estado paternalista e ineficiente que pagamos estoicamente con nuestros impuestos. La frase "si no entramos a privilegiar un poco el mérito y el esfuerzo de la gente, estamos fritos", da un poco de gracia. ¿Entrar a privilegiarlos un poco? ¿Es que hasta ahora no los privilegiamos nada? O sea que... ¿por dónde nos estamos pasando el artículo octavo de la Constitución ("Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes")?
Es triste constatar el daño que le ha hecho a nuestra idiosincracia el falso estado de bienestar del siglo XX, que ofrecía este tipo de ventajas a los empleados públicos con la excusa de que no se vieran perjudicados en los cambios de gobierno, pero con la intención verdadera de armar una red de clientelismo que aún hoy se adueña del país.
A la paralización de AEBU se suman las advertencias de COFE, cuyo inefable dirigente Joselo López anuncia que lucharán enérgicamente contra cualquier medida que "haga pagar a los funcionarios públicos el costo de la crisis que se avecina". Su sinceridad es digna de aplauso; sólo faltó que agregara "mejor que la sigan pagando los privados". Sorprenden y entristecen estas señales de egoísmo y falta de solidaridad gremial, y más aún la ausencia de una réplica enérgica de los sindicatos del sector privado, que no son capaces de divisar que allí hay un potente freno a sus reivindicaciones.
Observen, a contrapelo de este desquicio, las declaraciones de Mujica a "La República" el lunes 2: "... entonces se termina procesando una tremenda injusticia, que quienes están fuera del Estado tienen que cargar con un derecho laboral muy distinto al que tienen quienes están dentro, y se crea como una casta de hecho, sin que nadie se lo proponga, con ciertos beneficios a costa de los demás". Son palabras razonadas y razonables, que viniendo de un dirigente de una fuerza política tradicionalmente hostil a la iniciativa privada, redoblan su valor testimonial.
Es deseable que estos dichos no se diluyan como una expresión de deseo navideño, sino que se conviertan en acciones concretas, que resuelvan injusticias de larga data, de las que han sido cómplices todos los partidos que ocuparon el gobierno. En las campañas electorales siempre se pregona la necesidad de los cambios, pero éstos difícilmente se concretan, cuando tocan intereses sectarios intrincadamente enraizados en el ser nacional. Ahora yo me pregunto: si un gobierno de izquierda le pudo torcer el brazo a las grandes tabacaleras internacionales, ¿tan difícil será torcérselo a un puñado de sindicalistas insolidarios?
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