El FONASA viene al tapete en estos días porque se encendió una luz roja. El Gobierno ha manifestado la intención de promover una ley que impida la devolución a los contribuyentes del FONASA de los excedentes que han aportado al Estado durante el año 2012. Se estima que son aproximadamente 50 millones de dólares.
Este evento coincide con la búsqueda de fondos extrapresupuestarios para volcar a atender reclamos de los gremios -principalmente de la enseñanza-, ya que si bien anunciaron que no habría incrementos, las presiones están llevando a ceder más aumentos y fondos para la Universidad, los entes de la educación, etc.
La luz roja que está prendida es obvia: no hacer la devolución del dinero a los contribuyentes que tuvieron que pagar de más al FONASA sería algo muy grave desde el punto de vista institucional, jurídico y económico.
El dinero que tiene el Estado hoy por esos aportes en exceso no es del Estado. El Estado lo tiene en depósito, en sus cuentas, bajo administración transitoria, pero son propiedad de los contribuyentes. Y lo tiene el Estado porque la ley obliga a un mecanismo de retención y/o aporte a lo largo del año anterior que naturalmente exceder lo que es exactamente el valor fijado en la ley.
El FONASA es un fondo que se ideó para solventar la reforma del sistema de salud público, el llamado “Sistema Integrado de Salud”. Las leyes 18.211, 18.731 y 18.732 regularon los aportes que deben hacer los trabajadores, empresarios, profesionales, jubilados, pensionistas y otros obligados. El aporte que se exige a cada contribuyente era dudoso incluso cuando se estableció, porque tiene una similitud a un verdadero impuesto y no a una contribución de seguridad social. Tan es así, que no sólo se paga la cuota promedio de una mutualista, sino que además exige aportar un 25% más por una especie de “contribución solidaria” para el sistema. Algo así como una quita obligatoria de los ingresos del contribuyente que va a una bolsa de aportes para que el Gobierno inyecte en el sistema de salud.
Si no se hace la devolución de los aportes al FONASA se trataría de un quiebre en el mismo sistema, en la base institucional de lo que ha sido proclamado como la reforma del sistema de salud. También sería una fuerte vulneración del principio de seguridad jurídica que impone a todo gobernante apegarse al derecho, sin afectar la propiedad privada ni los derechos de los contribuyentes. El dinero que hoy se tiene que devolver no es propio sino que siempre fue de los aportantes. Además, darían efecto retroactivo a los aportes que se retuvieron de más, cuando nunca debieron ser entregados al Estado.
Por eso sería triste verificar que se puedan aplicar prácticas similares a las utilizadas en Argentina con el caso de los fondos de pensión aportados por los trabajadores en las ANSES, cuando el Estado resolvió por ley que esos aportes serían estatizados y perdidos por los beneficiarios. En este y otros casos de “cajas públicas”, la apropiación de los fondos fueron utilizados en otros destinos invocando un interés superior en cubrir necesidades de la coyuntura, del desarrollo o de mayor solidaridad.
Confiamos en que los promotores de esta iniciativa, y llegado el caso los parlamentarios, reflexionen y preserven el legado de cumplimiento de las normas, respeto de los derechos y apego a la propiedad de los trabajadores, profesionales, empresarios y jubilados. No sea cosa que la Corte nuevamente deba poner en su lugar leyes claramente inconstitucionales.
?