Actualmente el Parlamento tiene entre manos un proyecto de ley de software libre y formatos abiertos en el Estado, el cual tiene media sanción de la Cámara de Diputados, alcanzada en diciembre pasado con los votos del Frente Amplio y del Partido Colorado. Son tres los aspectos fundamentales de la ley. El primero refiere a la obligación de que el Estado distribuya sus datos en un formato abierto y estándar, de modo que cualquier ciudadano que pida información pueda acceder y usar esos datos. El segundo artículo exige que se dé preferencia al software libre cuando la administración pública adquiere un software. Y en tercer lugar, se considera de interés general la promoción del software libre en el sistema educativo.
¿Qué es el software libre? Se trata de programas informáticos, ni mejores ni peores que otros. La diferencia está en la licencia: al momento de instalar un software que es libre y aceptar todo ese contrato que viene con letras chiquitas, sabemos que se respetan ciertas libertades de los usuarios: usar, copiar, distribuir y modificar el software libremente.
¿Por qué nos debería importar una ley de software libre y formatos abiertos?
- Al adoptar software libre se hace una transferencia de conocimiento, dado que el Estado recibe el código fuente del programa y puede adaptarlo, redistribuirlo y pedir soporte técnico a cualquier empresa.
- Mientras que las licencias de software privativo están en manos de multinacionales, el desarrollo de software y servicios a medida basados en software libre puede ser perfectamente cubierto por PYMES uruguayas y por equipos de trabajo dentro del propio Estado.
- Se trata de potenciar la colaboración dentro del Estado y del Estado con la sociedad. Ese tipo de colaboración ya se está dando. Por ejemplo, la Agenda Electrónica, un software desarrollado por la IMM, se adaptó e implementó en el BPS y en Antel con costos muchos menores que si cada uno de estos organismos hubiese adquirido licencias. Además de este ahorro, se promovió la cooperación entre organismos de una forma sumamente productiva. Con esto, se fortalecen equipos técnicos que son partícipes del desarrollo de un software, no meros usuarios. El conocimiento queda en el Estado y no solo en una empresa proveedora.
- Con la ley aprobada, se gastaría mucho menos dinero público que en la actualidad en licencias de software, que no son otra cosa que meros permisos que se le pagan a empresas, en su mayoría, multinacionales. El uso de cualquier software tiene sus costos: sin dudas que desarrollar un software desde cero requiere pagarle a un equipo de informáticos que realice la tarea, a lo que se agrega la instalación, la formación y el soporte técnico. Pero ninguno de estos gastos aumenta con el software libre, al tiempo que es posible aprovechar una gran cantidad de herramientas libres ya existentes, que no tienen costos de licencias.
- No se fuerza a una migración inmediata de todo el Estado al software libre. La ley que está pronta a salir está hecha para acompañar un proceso que se va a dar paulatinamente, a medida que el Estado necesite nuevo software o caduquen las licencias del que ya tiene. Sin embargo, actualmente diversos organismos públicos e Intendencias ya están utilizando software libre exitosamente. Ya lo hacen el Poder Judicial, Antel, el BPS, las Intendencias de Montevideo, Canelones y Rocha. Todo el Plan Ceibal se basa en software libre. Y si bien falta mucho por hacer para una mayor adopción, tenemos un Estado en el que hay técnicos formados y experiencias exitosas que demostraron que, lejos de ser un trauma imposible de salvar, el software libre tiene claras ventajas.
- La ley no es para favorecer determinada tecnología o a empresas particulares, sino para poner condiciones a las licencias. Y vaya si es legítimo que las compras estatales tengan condiciones.
Quienes hoy intentan obstaculizar esta ley hablan de neutralidad tecnológica, de que no se debería favorecer un tipo de licencia sobre otro, e intentan embarrar la cancha augurando desastres a causa de que no se elige el mejor software, sino un software “de segunda”. Estas voces hablan, o bien desde la ignorancia, o bien desde los intereses creados, claramente vinculados a empresas que hoy obtienen generosos beneficios de vender licencias de software, las cuales no tendrán la ventaja que hoy tienen en las compras estatales.
Con el software libre se garantiza que el acceso y la gestión de toda la documentación del Estado no depende de una empresa (como ya dijimos, casi siempre multinacional) "propietaria" de una licencia de software.
Una ley de software libre en el Estado es un avance político de la izquierda en tanto reduce la dependencia tecnológica y favorece la colaboración por encima de la competencia y el individualismo. Es un paso adelante para la libertad, la justicia y la soberanía. Es cierto que cuando salga la ley, quedará por delante el desafío enorme de implementarla bien a nivel de gestión, para que sea todo un éxito y un modelo a seguir por otros países. Es cierto que de parte de algunos sectores del Estado seguirá habiendo resistencias, como sucede con todo cambio importante. Pero nunca debemos perder de vista que estamos hablando de una ley que es claramente beneficiosa para la sociedad uruguaya y que, como tal, tenemos que apoyar.
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