Hace pocos días, mientras en Uruguay estábamos celebrando el día de la Jura de la Constitución, la ciudad de Detroit en Estados Unidos se declaraba en bancarrota. "Estoy de acuerdo en que el único camino viable para un Detroit estable y sólido es declararse en bancarrota", dijo en ese momento Rick Snyder, gobernador de Michigan.
Para tener una magnitud de este caso, en esta ciudad están las tres centrales de los fabricantes de automóviles Ford, Chrysler y General Motors. El municipio de Detroit tiene un pasivo acumulado de 18 mil millones de dólares, cuando sus ingresos anuales no superan los 1500 millones, que son los mismos que se gasta en el año. La ciudad no tiene más de 720.000 habitantes (cuando 30 años atrás tenía el doble) y da empleo de casi 20.000 trabajadores municipales. El gobierno federal no ha salido a su rescate y la ciudad se presentó entonces ante una Corte para acogerse a la ley de bancarrota, que permite seguir funcionando bajo control judicial mientras se propone y aprueba una reestructura total de sus pasivos y actividades. Recordemos que cada ciudad se encarga –a diferencia de Uruguay- de todos los servicios locales, como la policía, bomberos, suministro de agua y saneamiento, iluminación, obras, todos los típicamente municipales, etc.
Lo interesante es conocer los motivos que se fueron acumulando durante años para que la ciudad llegara a esta situación, que pasó por distintos gobiernos de todas las tendencias y grupos políticos.
La Revista Fortune escribió: “Detroit tropezó con un período de décadas de insolvencia irreversible debido a que sus funcionarios electos titubearon, encubrieron y discutieron, en lugar de implementar duras medidas para cerrar las brechas fiscales. De hecho, los pasivos financieros de la ciudad fueron creados por las mismas personas que deberían haberlos resuelto: un Gobierno tras otro prometió salarios, garantías de empleo y pensiones a los trabajadores de la ciudad, los cuales eran simplemente insostenibles. ¿Por qué los funcionarios electos hicieron esas promesas? Probablemente porque nunca temieron tener que rendir cuentas. Muchos de ellos, muertos o jubilados, habrán tenido razón. Y nadie en el Gobierno fue capaz de revertir el deterioro de los servicios públicos, como la policía y protección contra incendios, las emergencias médicas, el transporte, y el alumbrado público. Desde la década de 1980, algunos cientos de miles de residentes tiraron la toalla y se alejaron, dejando a los 700,000 restantes soportando la carga. Ahora bien, aquellos que se quedaron no obtuvieron los servicios básicos de la ciudad que merecían, la protección policiaca y contra incendios que merecían o la atención médica de emergencia que merecían”.
Es inevitable analizar lo que ocurre con nuestras Intendencias, porque recientes informes atestiguan que las finanzas están destrozadas con endeudamientos históricos y en aumento sostenido. Canelones tiene un déficit acumulado de casi US$ 120 millones, Maldonado uno cercano a los US$ 50 millones y Montevideo acumula en el orden de US$ 480 millones, por citar las tres Intendencias grandes del país. Pero la situación se repite en la mayoría de las Intendencias.
El dato preocupante es que, salvo algunas excepciones, no se generan administraciones eficientes que permitan afrontar la baja de los endeudamientos y de los costos, el incremento de las inversiones, mejores servicios, reducción de tiempos, etc. O dicho de otra forma: sin importar el signo político ni la historia de los administradores de turno, no hay freno al crecimiento imparable de costos, funcionarios y asistencias del gobierno.
Es verdad que siempre hay tiempo para evitar el “efecto Detroit” y seguramente quede todavía un espacio para llegar a éste. También hay programas que buscan mejorar la gestión de las Intendencias.
Lo que no cabe duda es que el tiempo es dinero para los contribuyentes: si no se encamina la reestructura a fondo de las Intendencias, seguirán con una creciente y dura carga fiscal desde los municipios, un descontrol en los gastos públicos, una mínima inversión en obras y servicios, y un pésimo sistema de atención a la población. La fiesta la seguirá pagando cada contribuyente.
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Tres tips para pensar
En el contexto de tantas leyes y reformas que vive el país y el mundo, creo que es bueno aportar tres ideas para atajar a tiempo los problemas que tenemos los ciudadanos con las Intendencias:
1º) reordenación de los actuales departamentos para obtener unidades territoriales nuevas que sean más grandes y homogéneas, por zonas, que compartan recursos y servicios, autoridades, etc. Para los que tengan dudas y temores, cuando Uruguay nació a la vida independiente había poco más de 6 departamentos; los demás fueron desprendimientos de éstos 6 originales.
2º) eliminar las instituciones y oficinas intermedias entre el jerarca responsables de cada departamento reordenado (un único Intendente por cada área) y los actuales alcaldes de ciudades o áreas importantes. También recuerdo que hasta hace cuatro años, no existían Alcaldes ni autoridades ajenas al Intendente y a las Juntas Locales en los departamentos.
3º) fijar topes o tolerancias en cada nuevo departamento para déficit presupuestales, cantidad de funcionarios y gastos ajenos a las inversiones, estándares mínimos de servicios y atención al ciudadano, aportes del Estado, etc.
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