Como es sabido, el martes pasado fue la sesión extraordinaria de doce horas de duración en la que se dieron a conocer visiones contrapuestas e intentos de negociación que finalizaron con la aprobación de la conformación de la Investigadora sobre financiamiento privado de los partidos políticos.
Cabe recordar que todo esto comenzó cuando con asombro se conoció la situación de cierre intempestivo y no autorizado del Cambio Nelson y la fuga de su propietario, dejando cientos de damnificados, entre ellos y en especial, los empleados que de un día para otro perdieron sorpresivamente su fuente de trabajo debido a operaciones ilícitas del cambio y la insolvencia de otros emprendimientos de la misma familia Sanabria. Es así que a raíz de los acontecimientos se comenzó a analizar las eventuales implicancias políticas de ésta situación y de los involucrados en la misma.
Surgió así la idea de conformar una comisión investigadora a nivel de la Cámara de Diputados, siguiendo los códigos de actuación parlamentaria, y así se hizo conocer en la coordinación interpartidaria a los demás partidos integrantes de la Cámara. El procedimiento reglamentario es solicitar por nota al Presidente la conformación de una Comisión Pre investigadora y éste debe convocarla inmediatamente designando a sus miembros en consulta con los Partidos. No hay aquí intervención de la Cámara, sólo se comunica el hecho y la convocatoria a sus integrantes para que en un plazo de 48 reciban al denunciante, quien deberá fundamentar el pedido y aportar los elementos que la ley exige para formular la denuncia y con ello los miembros (2 de la mayoría y 1 de la oposición) elaboren un informe que será tratado en Cámara en la primera sesión extraordinaria.
¿Qué siguió al planteo del FA? En una clara violación de esos códigos de ética parlamentaria, o sea un virtual “garroneo” -expresión no muy académica pero que se ajusta estrictamente a la realidad - el Partido Colorado, sin avisar a nadie, presenta un pedido de Comisión Pre investigadora por parte del Diputado Adrián Peña, involucrando al Cambio Nelson y a otras 4, y diversas, empresas en el tema de financiamiento de partidos políticos en el período 2010-2015. Fue notorio la intencionalidad del intento del Partido Colorado de desviar el tema del cambio Nelson, el fugado Sanabria y el Contador Capote, con sus balances truchos y otras conexiones políticas, que conmociona ahora a la opinión pública. Es un caso totalmente distinto al de todas las otras empresas vinculadas por la denuncia del Partido Colorado (Aire Fresco, Agencia de Publicidad La Diez, Fripur y CUTCSA), ya que en ninguno de esos casos hay personas fugadas ni damnificados directos por estafa, ni titulares que sean personas expuestas políticamente, ni ninguna acusación concreta de ilicitud.
En contrapartida, en lo que al Cambio Nelson respecta, sí existe persona responsable de, por lo menos, fraude. Esta persona actuó como legislador, incluso integrando la Comisión Especial de Lucha contra el Lavado de Activos. Obviamente el tema está en estudio de la justicia y será ésta quien determinará la culpabilidad o no de quien hablamos, pero es claro que existe presunción muy cierta de delito y es muy probable que involucre otras figuras delictivas más graves que el fraude como ser la de lavado de activos. De confirmarse esto, seguramente veremos que esas maniobras ilícitas fueron posibles por haber ocultado la información contable exigida por la autoridad banco centralista a través de certificación de un Contador Público, que también está vinculado políticamente y con notoria versación en el tema por haber sido nada menos que Presidente del propio BCU. Todos estos aspectos hacen que sumados no nos quede la menor duda que merecen ser investigados y legislados, por ejemplo, poder sancionar al profesional actuante de mala fe para la violación sistemática de la normativa vigente lo que permitió que pudieran ejecutarse los delitos que hoy conocemos.
No hay duda que la acumulación de actividades y riqueza de toda la familia Sanabria durante la actuación política de algunos de sus integrantes debe también ser analizada a la luz del funcionamiento del sistema político y su relación con el Estado, por lo menos desde el retorno a la Democracia hasta el presente. Eso fue lo que se quiso evitar, o por lo menos diluir o entreverar con otras empresas y presuntos casos de aportes y beneficios irregulares no indicados.
Como dijimos al presentarse al Presidente no hay negociación ni marcha atrás posible. El Presidente convocó a los diputados Caggiani y Gallo por el Frente Amplio y Verri por el Partido Colorado. Se citó al denunciante, quien solo aportó como denuncia fotocopias de recortes de Prensa y de listados de aportes al FA de alguna de las Empresas mencionadas que están consignados y a la vista de todo el que le interese en la Pagina Web de la Corte Electoral.
Ante esta falta de argumentación requerida por la ley de Comisiones Parlamentarias vigente al respecto de constituir una Comisión Investigadora, el Frente Amplio decidió redoblar la apuesta y propuso crear una Comisión en el marco del artículo 7 de esa ley 16.698, para analizar todo el financiamiento a los partidos políticos desde 1984 a la fecha. Se eligió este tipo de Comisión que combina los fines de investigación con los legislativos y que procede, según la ley “cuando NO se presume la existencia de irregularidades o ilicitudes”, pero que también pueden “asesorar a la Cámara en el ejercicio de sus poderes jurídicos de control administrativo”. Cabe decir, se puede denunciar ilicitudes o irregularidades. Obviamente entendíamos que en ningún caso se puede presumir que hay irregularidades sin tener y aportar alguna prueba o indicio de ello.
Como era de esperar, dentro de las 48 horas los miembros Comisión Preinvestigadora emitieron sus 2 informes, uno por la mayoría que propicia la Comisión que adelantábamos y otro en minoría que pedía la conformación de una comisión investigadora por el artículo 6 (en este caso la ley exige que se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes) para analizar la situación de las 5 empresas antes mencionadas, a la cual se le otorgaba una plazo de dos años y medio (por lo que su finalización sería en plena campaña electoral de 2019).Obviamente éste plazo deja en claro la intencionalidad política de afectar electoral directamente al Gobierno y al Frente Amplio.
La sesión extraordinaria se citó para el pasado martes 28. En la misma, la oposición anunció que tenía para votar una moción similar a la que había presentado el Partido Colorado en su informe que repetía la investigación de vínculos de las 5 empresas desde el mayo de 2009 al fin de 2015, con un año de plazo prorrogable por 6 meses. No obstante, incluía una novedad que era ya decidir cuál era la conformación por lemas de la comisión, haciendo perder al FA la mayoría que todos los acuerdos partidarios siempre habían mantenido. Incluso en la última Comisión Investigadora que el FA no votó (sobre recalificadora) se mantuvo esa mayoría que responde al voto ciudadano y que consagró en 2014 la mayoría parlamentaria. Durante la sesión el FA intentó hacer ver que al no existir presunción de ilícitos documentados no correspondía utilizar el artículo 6 sino el 7, por los motivos ya expuestos, pero la oposición fue irreductible en esto. Pese a ello y con la visón de que era necesario y que estaba en riesgo que no saliera ninguna de las dos mociones y que por tanto era preciso investigar para dar una señal de transparencia de todo el sistema político, le presentamos a la oposición un artículo aditivo que contenía alguna de nuestras preocupaciones. Dicho aditivo preveía extender el plazo anterior al 2009 (proponíamos como la propuesta original, 1984), poder abarcar a otras Empresas e incluir en la investigación las tarifas de publicidad que los Medios de Comunicación facturan a los Partidos Políticos (porque esa puede ser una forma de financiamiento partidario oculto). Finalmente, se accedió a modificar el objeto y plazo de la investigación incorporando lo que solicitaba el Frente Amplio, pero retrotrayendo el inicio a 1999. Este inciso y el siguiente que establece el plazo de un año con opción a prorrogarlo 6 meses más, fue votado por unanimidad de los 99 legisladores.
Sin embargo, el tercer inciso que fijaba desde ya la integración minoritaria del FA en la Comisión (primera vez que se pone en un proyecto de resolución), lo que viola claramente los acuerdos que durante todos estos doce años se han mantenido, pese a que el FA tenía la mayoría necesaria para decidir de otra forma.
Para hacer política se necesita apoyo a un Programa que es lo que puede elegir y votar en nuestro país la ciudadanía. En general quienes somos electos representantes no tenemos visualización ni apoyo propio sino de nuestros Partidos, con un único Programa, sus candidatos a la Presidencia, al Senado y recién luego de una lista de decenas de candidatos identificados por un número, lema y sublema. Para que la Democracia funcione deben funcionar los partidos y para que estos funcionen deben tener Democracia interna que implica discusión amplia, profunda y fraterna y luego en el momento adecuado resolución democrática y acatamiento disciplinado para mantener la Unidad de Acción de todos los integrantes electos o designados por la organización partidaria. Nadie está obligado a votar contra sus principios, pero tampoco se puede, por una decisión individual, alterar la representación proporcional integral que, en cada elección, según normas constitucionales y legales, se otorgan según la suprema decisión de la soberanía ciudadana con su voto. Si no me gusta lo que tengo que votar puedo renunciar a la banca en una situación puntual o en forma permanente.
En la última elección de 2014 gran parte de las campañas electorales del oficialismo y oposición pusieron como tema central la mayoría parlamentaria. El FA para obtenerla y la oposición para evitar que el FA lo consiguiera. La ciudadanía consagró con su voto esa decisión de otorgar mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Yo me pregunto si se puede por una decisión individual alterar ese mandato ciudadano de más de un millón de votos. Creo que no, pero la mayoría circunstancial que hoy se ha conformado en la Cámara actúa de esa forma. Será la ciudadanía quien evaluará esa actitud.
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