El 15 de setiembre se puso en marcha el III Congreso Nacional de Educación, ‘Enriqueta Compte y Riqué’. De esta forma comenzaron a funcionar, en distintos puntos de todos los departamentos del país, las Asambleas Territoriales, espacio de debate y discusión, esencia del encuentro.
Esta tercera edición reabre el debate en torno a cuatro ejes del quehacer educativo nacional: Aportes para la elaboración del Plan Nacional de Educación; Democratización, universalización y educación de calidad; Educación, diversidad y diversificación; Los desafíos de la educación.
Este artículo no pretende ingresar en elementos que hacen al funcionamiento del Congreso, pero sí, puntualizar algunos aspectos que nos parecen fundamentales.
Desde el primer Congreso, ‘Maestro Julio Castro’, llevado a cabo en 2006, quedó claramente establecido que el mismo tenía carácter de asesor y consultivo. Su esencia radica en establecer el marco normativo para que se convierta en un foro de amplificación de las más diversas voces, sobre todo, de aquellas que no tienen posibilidades de generar un acercamiento directo con los centros de decisión. Hemos sido parte de movimientos sociales que tenían dentro de su plataforma la necesidad de generar espacios de participación. Este Congreso, con los alcances y limitaciones que establece la ley, sin ninguna duda lo es.
Los centros educativos, en sus más diversas versiones (primarios, secundarios, universitarios, públicos o privados, gestionados por ONGs, etc., etc.), los sindicatos, los colectivos culturales y demás agentes vinculados con la Educación tienen sus canales de comunicación con las autoridades respectivas. La figura del Congreso generó un espacio de articulación que permitió conocer la opinión de esos otros actores de la sociedad que, desde luego, tienen aportes para realizar. Y esto, obviamente, no implica desconocer los planteos que surjan desde las instituciones y colectivos mencionados, involucrados directos en el tema.
Desde algunas organizaciones sociales se plantean críticas e, incluso, la negativa a participar del Congreso. Desde estos ámbitos se argumenta el desconocimiento de las resoluciones emanadas de las ediciones anteriores. Desde aquí no decimos que varios planteos, muy atendibles, quedaron por el camino. Pero sería negar la realidad, el afirmar que de nada sirven estas instancias.
Recordemos que la Ley General de Educación, aprobada en diciembre de 2008, reflejó, en muchos sentidos, las resoluciones del Congreso. Particularmente aspectos programáticos de la ley, para nada superficiales y otros relacionados a la participación social de los trabajadores en la conducción (que sólo el Frente Amplio aprueba) y también los relativos a los dispositivos de participación. Otras de las propuestas se han ido concretando a lo largo de los años, de manera parcial o integral y algunas se mantienen en discusión. También es normal que algunas de ellas hayan quedado de lado, por razones prácticas e incluso de diseño de política educativa.
Por lo tanto, expresamos y defendemos la pertinencia de la intervención en el Congreso. Y reafirmamos esta idea ya que desde diferentes ámbitos se ha planteado la negativa a integrar el debate. Creemos firmemente que se trata de un error dejar de lado un valioso espacio de reflexión entre los sectores sociales y políticos.
En primer lugar, entendemos que es necesario valorizar un espacio democrático, que se enfoca a la participación ciudadana y que apuesta a la construcción colectiva.
En segundo término, debemos tener en cuenta que los espacios que no se ocupan, no quedan vacíos. La amplitud del Congreso permite la participación de todos aquellos que se encuentren interesados en asistir.
Darle la espalda al Congreso genera el riesgo de no participar. De quedar fuera de las resoluciones, de abandonar un espacio que puede ser cooptado por otros intereses, por ejemplo, aquellos que desean proyectar la gestión privada desde una concepción mercantil. De que la instancia legitime demandas que reflejen los cuestionamientos de sectores opuestos al desarrollo una Educación Pública.
Acaso, ¿sólo pretendemos que los técnicos definan los lineamientos educativos? ¿No es deseable que los pilares de un Plan Nacional de Educación tengan la más amplia discusión y participación como lo han planteado entre otros el Maestro Miguel Soler? ¿Estamos dispuestos a abandonar los espacios democráticos por razones de orden político partidario? ¿No están por encima los intereses de la educación pública y, por ende, de los sectores que más sufren las consecuencias de una sociedad desigual y desintegrada?
Las resoluciones del Congreso serán objeto de propaganda y, como tal, de influencia sobre la opinión pública. Dejar ese valioso espacio únicamente a la suerte de los sectores que decidan participar, es irresponsable con los desafíos que tenemos por delante. Nadie que tenga algo para decir debería quedar por fuera de este debate, al menos en una sociedad que busca fortalecer su democracia social, y no meramente una de carácter representativa o delegativa.
Por tanto, consideramos fundamental la participación de todos los actores vinculados con la educación, lo que nos posibilitará tener el más amplio abanico de propuestas que nos permitan seguir mejorando nuestro sistema educativo y, en definitiva, fortalecer nuestra democracia.
(1) Todos los detalles están disponibles en: congreso.snep.edu.uy
?