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Ir, izquierda con un nuevo sentido

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El Dilema de los Cincuentones

29.Nov.2017

 

Hay consenso en la fuerza política Frente Amplio de dar solución a un colectivo de personas que fuera comprendido obligatoriamente en el Sistema Mixto de seguridad social, habiendo transcurrido una parte relevante de su trayectoria laboral bajo el régimen anterior, lo que repercutirá negativamente en sus jubilaciones futuras. La diferencia principal a la interna del Frente Amplio radica en cómo dar trámite a dicho reclamo y cuántos recursos destinar a ello, en función de los diversos desafíos que el país tiene por delante.

 

Cómo solucionarlo se encuentra íntimamente relacionado al diagnóstico que se haya realizado del problema en cuestión, y tiene como correlato diferentes costos asociados, que la sociedad en su conjunto deberá asumir. El Proyecto de Ley a estudio del parlamento, implícitamente define el perjuicio económico como la brecha de ingresos entre lo que paga el Régimen de Transición, gestionado exclusivamente por el BPS, y lo que ofrece el Sistema Mixto, mediante una prestación a cargo del BPS más una renta previsional por lo acumulado en una AFAP.

 

La solución prevista en el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo implica darle la posibilidad a estas personas de inscribirse al Régimen de Transición. Es importante resaltar que el Régimen de Transición, como su nombre lo indica, no es un sistema que se haya diseñado para perdurar, sino que se creó para tratar de manera diferencial a un conjunto acotado de personas que al momento de reformarse el sistema previsional estaban próximas a jubilarse. Por lo tanto, no es un régimen que se caracterice por ser sostenible en el tiempo, ya que para hacer frente al pago de jubilaciones se requiere de financiamiento adicional desde Rentas Generales.

 

De hecho, las cifras manejadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en base a una estimación del propio BPS para este proyecto muestran que, aún retornando al BPS los fondos acumulados en las AFAP y gestionados éstos a través de un fideicomiso que los rentabiliza, la sociedad debe aportar desde Rentas Generales $3.700 millones de dólares adicionales en todo el período. Esto equivale, por ejemplo, a destinar entre 0,3% y 0,4% del PIB durante casi 25 años, lo que conllevará a tener que ajustar ingresos, ya sea por la vía impositiva o a través de mayores tasas de contribuciones a la seguridad social. 

 

Los beneficiarios de este proyecto serían unas 70.000 personas, según las estimaciones del BPS. Entre éstas, quienes se benefician en mayor medida son aquellas de ingresos medios-altos y altos, siendo el incremento estimado de las jubilaciones que pagaría el BPS de aproximadamente $23.000 promedio por mes, para las personas de ingresos entre $73.000 a $147.000.

 

La resolución de este tema, a su vez, se da en un contexto en el que la seguridad social viene demandando crecientes recursos, habiéndose incrementado la asistencia financiera desde rentas generales al BPS casi 70% en términos reales entre 2015 y 2017. Este aumento responde, en buena medida, a una ampliación muy importante de derechos y de mejoras innegables de las condiciones de vida de los jubilados, claro está. Pero no es menos cierto que los derechos, por más justos que sean, hay que pagarlos.

 

En este marco, entendemos que se vuelve imprescindible tener extrema cautela a la hora de dar respuesta a un problema que, legítimamente planteado, implica financiamiento adicional. El problema político de fondo consiste en preguntarse cuál de todas las demandas legítimas existentes priorizar, cuál atender completamente, cuál darle una solución más o menos parcial y cuál de ellas directamente no es posible contemplar. Asimismo, se debe tener en cuenta que no todos los colectivos tienen la posibilidad de organizarse, movilizarse y dar voz a sus reclamos, por lo que corresponde al gobierno velar por ellos. Todo no se puede, actuar consciente a ello, es saber priorizar, y  priorizar en función de criterios de justicia social y dándole voz a los sin voz, es hacer política de izquierda.

 

No descubrimos nada si decimos que hay que poner al comienzo de la fila a los niños y niñas de este país. En la educación se juega buena parte del partido. Avanzar decididamente hacia un 6% del PIB en educación, implica reasignar y redistribuir recursos, resignar otros objetivos y demandas colectivas. Retacear recursos a nuestros niños y jóvenes implica comprometer las posibilidades de desarrollo del Uruguay a futuro, en donde deberán contar con las capacidades necesarias para desempeñarse en entornos cada vez más cambiantes, demandantes e inciertos. Ni que hablar que en sus manos y cerebros recae la responsabilidad, no menor, de financiar el sistema de jubilaciones y salud, sostenido por cada vez menos activos y con cada vez más pasivos, que viven más tiempo. Por ende, invertir el máximo de recursos posibles hoy, es la única manera de poder pensar un Uruguay distinto mañana.

 

Por esto, entendemos que el país debe dar la solución a este colectivo que sea intergeneracionalmente justa con el resto de la población, con los que asumirán su costo, con los que vienen detrás. Trabajaremos para que el Frente Amplio genere una solución que no conspire, en el mediano y largo plazo, con el logro de otros objetivos, con el desarrollo de otros derechos, de los que no pueden organizarse y marchar, de los que apenas están comenzando a dar sus primeros pasos.