Leo el programa del Partido Nacional y por más que me esmero, encuentro pocas ideas renovadoras. Su presidenciable que, últimamente, se ha dedicado a contradecir a sus asesores, a presionar a la prensa y, según la fórmula colorada, a extorsionarlos para que dejen de criticarlo; incorporó en la agenda nacionalista la mayoría de las propuestas que presentó en las primarias, que con títulos semejantes a eslóganes comerciales, cambian el nombre de los planes implementados a partir de los gobiernos frenteamplistas. Las escasas ideas que aportan novedades son nuevas versiones de viejas formas de hacer política. Sus intenciones son inocultables: pretenden volver al siniestro Uruguay, donde los políticos rosados cambiaban votos por servicios públicos.
Lo novedoso implica la reedición de sus conocidísimas prácticas. En el capítulo 2 de su “Agenda de gobierno”, “Un país de oportunidades”, en la página 5, propone: “fortalecer a los líderes locales y a las redes comunitarias como agentes de cambio… El empoderamiento de la comunidad es una alternativa a la cultura de clientelismo asistencial, que genera lazos de dependencia entre los beneficiarios y la burocracia estatal… Esto requiere la construcción de lazos personalizados entre referentes locales, el personal del Estado y cada uno de los beneficiarios, en un proceso que parte de un excluido y culmina en un actor social activo e integrado. Para esto es vital encontrar los liderazgos y movilizar las capacidades y competencias que están en estado de latencia.” Esta propuesta despierta una serie de interrogantes: ¿cómo se elegirán a los líderes locales?; ¿cómo se movilizarán sus capacidades?; ¿con qué criterios se construirán los “lazos personalizados” entre los referentes locales y cada uno de los beneficiarios?,; su intención es, ¿terminar con el clientelismo o potenciarlo?
Su planteo renueva en la medida que institucionaliza sus viejas prácticas clientelistas, porque sigue depositando en los líderes locales, la voluntad de otorgar los servicios públicos y, de paso, intercambiarlos por votos. Esto significa que de la voluntad del articulador territorial dependerá el acceso a los bienes públicos. Esta propuesta es alarmante, implica volver al país, que tanto le costó al Frente Amplio desterrar en estos nueve años de gobierno. Su propuesta nos hace retroceder, volver al uso de la tarjeta del Diputado o del Senador como forma de acceder a las políticas, a los bienes y a los empleos públicos; así como también a las tierras del Instituto Nacional de Colonización, entre muchos otros ejemplos. Es volver a la época en la cual los caudillos locales representaban al Estado en el territorio, por ellos pasaban las decisiones políticas a nivel local y decidían de qué manera se repartía lo público.
Sin duda que son consecuentes, no han cambiado su forma de entender lo político. Porque tanto los blancos como colorados, conciben al Estado como una empresa personal. Lo han admisnitrado siempre con esa concepción. Con la salvedad, que si funden al Estado, no pierden sus ganancias, todo lo contrario. Si el país quiebra, pueden refugiarse en sus empresas privadas, las que incrementan sus utilidades si el Estado se ve debilitado. El plan es redondo. El desmantelamiento del Estado los favorece económicamente. Porque si los servicios públicos son malos, las personas contratan los privados. Ese fue el país que nos dejaron, dividido en dos: uno, para quienes pueden pagar los servicios que brindan sus empresas y las de sus amigos y, otro, para los pobres que, según su concepción, como no pueden pagar no merecen servicios de calidad. Por todo esto, debemos advertir que su propuesta no es “una alternativa a la cultura de clientelismo asistencial” es una alternativa a sus antiguos mecanismos para perpetuarse en el poder.
A su vez, sin vergüenza alguna, los mismos que le proponen a la ciudadanía estatizar el clientelismo político, intentan engañar a la gente instalando un discurso falaz, sosteniendo que las transferencias monetarias las banca el pueblo uruguayo con su trabajo. Compartir esta opinión es un grave error, porque los gastos focalizados son tan solo el 2% del Gasto Público Total y dichas transferencias representan el 25% de los ingresos de las familias que las perciben. Es decir, el gasto destinado para estas políticas es mínimo y funcionan como un aporte a las familias para llegar a fin de mes, ya que el 75% de los ingresos de estas familias, los obtienen a partir de su trabajo. Por tanto, es un mito creer que el Estado mantiene “vagos”, porque el Estado ayuda a los hogares más comprometidos, cuyos salarios no les permite cubrir sus necesidades básicas insatisfechas. No los hace "dependientes", los ayuda a estabilizarse económicamente hasta conseguir empleos mejor remunerados.
Cabe aclarar, que el Gasto Público Social, que ha sido el mayor de la historia, fue destinado a fortalecer al Estado y sus Bienes Públicos. Por eso los gobiernos frenteamplistas han aumentado sensiblemente el presupuesto para la Educación, la Vivienda, la Salud, la Seguridad Social, convirtiendo al Uruguay en un país menos desigual y más inclusivo, donde todos los uruguayos y uruguayas, independientemente de sus ingresos, pueden acceder a sus derechos esenciales. Los avances alcanzados son notorios en todas las materias, por tanto el Frente Amplio, en su tercer gobierno, seguirá profundizando las enormes transformaciones que han permitido que el país de primera, esté cada vez más cerca.
Una de las propuestas más importante de nuestro programa, el Sistema Nacional de Cuidados, buscará seguir mejorando el acceso a los derechos, entre ellos el derecho al cuidado. Este plan que busca ampliar la matriz de protección social, apuntará a facilitar el derecho a cuidados de calidad, en primera instancia, a las franjas más vulnerables de nuestra población: la primera infancia, las personas con discapacidad, los adultos mayores en situación de dependencia y los trabajadores sobreocupados. Las medidas a aplicar son diversas e implican acciones públicas y privadas, como por ejemplo: ampliar la Licencia maternal y paternal para trabajadores y trabajadoras del sector público, privado, no dependientes y monotributistas; ampliar la cobertura de centros públicos de atención diaria para niños y niñas de 1 a 3 años para toda la población; aprobar un marco legal para la creación de centros de atención diaria (guarderías) en empresas públicas y privadas y educación terciaria; implementar un programa de cuidados domiciliarios; creación de centros diurnos con extensión horaria, con certificación de calidad; implementar un Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, con énfasis en la regulación de los servicios de acompañantes; definir la categoría laboral de “cuidador/a” y sus diferentes niveles de complejidad e incorporarla en los espacios de negociación colectiva (Consejos de Salarios); entre muchas otras.
Esta revolucionaria política pública no va a depender de la voluntad de ningún “líder positivo”, se va a aplicar, seriamente, desde los organismos estatales involucrados, a todas las personas que les corresponda, como lo ha hecho el Frente Amplio en estos últimos nueve años. Porque para nosotros gobernar un país, implica gobernar para todos y todas, priorizando a aquellos, que aunque no voten, son los más vulnerables de nuestra sociedad.
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