Desde la corriente de la salud mental llamada "antipsiquiatría" se ha descrito una enfermedad frecuente llamada "normopatía". Las personas portadoras de esta enfermedad viven sin cuestionar la sociedad en la que viven, aceptan las normas preestablecidas por esta de forma acrítica y pasiva. En un mundo capitalista, enfermo, que mata por guerras o por hambre a gran parte de la población, en un mundo que aliena, que violenta, que segrega, en el que el 1% de la población tiene la misma riqueza que resto del 99%; el que acepta esto de forma acrítica, ¿no está enfermo?
Este mundo que redistribuye de forma desigual el poder ha incorporado históricamente a los servicios de salud como una herramienta para el disciplinamiento y la normalización de los que no se adaptan adecuadamente a la sociedad. Desde esta mirada se daba una justificación solo desde el reduccionismo biológico a los comportamientos de las personas. Desde esta lógica se crearon las instituciones manicomiales que, como los leprosarios que mantenían alejados de la población a los "leprosos", sacaban el peligro que suponían los "locos" de la sociedad. Esa necesidad de apartar, de sacar de la vista lo que no nos gusta, lo que nos molesta, lo que nos cuestiona. Sometidos al exilio, separados de su comunidad, de su familia, sometidos a las normas institucionales a las que deben adaptarse (horarios, comportamientos, vestimenta, alimentación, medicación) se los quita de su propio poder para darle el poder sobre la persona a la institución en la que se los encierra. Se ha descrito que las personas institucionalizadas en manicomios tienen la característica de la apatía, la falta de iniciativa, la necesidad de ser tutoreados por un tercero, sumado a la violencia institucional a la que son sometidos, la falta de autonomía, el exceso de intervenciones médicas, el aislamiento de su familia, la estigmatización de la sociedad, podríamos concluir que con la manicomialización podemos enfermar más de lo que sanamos. Asumimos que la persona que está en el momento atravesando un problema de salud mental perdió sus capacidades y le damos a otro el poder sobre su propia vida en lugar de fortalecer su autonomía. Es así que desde esa asimetría de poder en las instituciones manicomial es favorecemos situaciones de abuso de poder.
Es desde esta perspectiva que luego de la segunda guerra mundial surge en Italia el cuestionamiento a esta forma de tratamiento de la salud mental y crecen modelos alternativos que no impliquen el encierro como principal forma de tratamiento. Surge el movimiento por la desmanicomialización. Uruguay llega finalmente a incorporar esta mirada con la elaboración de la nueva Ley de Salud Mental que obtuvo media sanción en el Senado en esta semana.
Esta Ley entiende que mantener la inserción de la persona que tiene un padecimiento mental vinculada a su comunidad y su familia, evitando todo lo que se pueda el aislamiento, es parte necesaria de un tratamiento exitoso. Por esta apuesta a la elaboración de dispositivos comunitarios para su tratamiento. Desde una perspectiva de derechos humanos se apuesta a fortalecer la autonomía de las personas que precisen tratamiento en salud mental y fortalecer sus capacidades para el desarrollo más pleno posible en la sociedad. Hogares diurnos, grupos terapéuticos, fortalecimiento del tratamiento en el primer nivel de atención en los sistemas sanitarios.
La apuesta de este nuevo modelo opuesto al encierro, incluye incorporar que la Salud Mental no es propiedad exclusiva de la psiquiatría, sino que la interdisciplinariedad es esencial para el tratamiento. Implica también aceptar que las comunidades, las familias y los propios usuarios de salud mental son parte necesaria de los procesos terapéuticos. Esto es un agravio necesario al ego médico. En este cambio, la internación debe ser el último recurso terapéutico al que recurrir, por el menor tiempo posible y puede ser implementada en Hospitales Generales que deben tener la adecuada infraestructura para esto. No es necesario que las personas que sufren un problema de salud mental sean "depositados" aparte. Un infarto de miocardio puede estar internado en el mismo hospital que una persona que sufre un problema renal. ¿Por qué no podría ingresarse en el mismo hospital una persona con enfermedad vinculada a la salud mental?
Esta Ley va a ser la segunda gran reforma en salud que viven nuestro país fortaleciendo el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nos estamos rigiendo actualmente por una Ley anacrónica, que va a cumplir 80 años y que solamente por su nombre "Ley del psicópata" ya ameritaría su derogación. El cierre de las instituciones manicomiales y asilares va a ser, de ser implementado, un hito en la historia del Uruguay. Tuve el privilegio en el año 2015 de ser parte del equipo que elaboró el proyecto de ley, de integrar las discusiones, las preguntas, las ideas y reflexiones. Se llegó a una propuesta con sus fortalezas y sus debilidades. Al ego médico le duelen sus heridas y defiende cada día por no perder ni un milímetro de su poder. Los reclamos de la sociedad organizada, que desde hace muchos años viene luchando por este proyecto, son perfectamente atendibles. La necesidad de que las disciplinas no médicas (psicología, trabajo social, etc) tengan una fuerte presencia e incidencia en todo el proceso terapéutico no quedan contempladas en este proyecto. Tampoco la existencia de un organismo revisor autónomo e independiente (como se implementó en Argentina) que pueda supervisar que los derechos humanos de los usuarios no sean violados en ningún paso del proceso asistencial. Todos estos aspectos deben seguir siendo discutidos en este incuestionable avance en materia de garantizar la salud de la población.
Este proceso implica a la sociedad entera. Para que este proyecto sea exitoso necesitamos ser parte de un proceso que integre lo diferente, que incluya y no segregue, que logre visualizar el potencial y las capacidades en el otro, que se entienda parte de la solución. Sin esto los cambios en el modelo de atención en salud mental se verán limitados por nosotros mismos.
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