Diego Castagno González
Las revoluciones sociales han sido el motor de muchas reformas constitucionales en las democracias occidentales, ya sea buscando cambios profundos en las instituciones, en la distribución del poder político, pero así también en la búsqueda de la perpetuidad de partidos políticos en el poder o al menos intentando enlentecer su salida.
El Chavismo lo logro en 2009 al ganar el referéndum y reformar la constitución permitiendo la reelección indefinida de Chávez. Evo Morales siguió el mismo camino en 2016, pero sin éxito.
En la otra cara de la moneda está la constitución más vieja del continente, la estadounidense de 1787 que con sus veintinueve enmiendas sigue vigente, siendo las diez primeras aprobadas en el siglo XVIII ; guste o no a sus detractores – que ponen a este país como una especie de paradigma demoníaco - Estados Unidos ha mostrado la mayor estabilidad política en América .
Y acá está el Frente Amplio planteando diez ejes programáticos sobre los cuales se labrarían los textos sustitutivos de la carta magna. El primero de ellos hace alusión a la dignidad y los derechos humanos. Ya en 1918 el nacionalista Vázquez Acevedo redactó con su propio puño que los derechos enunciados en la Constitución no excluyen cualquier otro inherente a la personalidad humana o la forma republicana de gobierno o lo que algún aburrido profesor de derecho llamaría Bloque de Constitucionalidad.
Según ha declarado el nuevo Presidente del Frente Amplio, que se preocupa tanto por los trabajadores de este país, los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen demasiadas tareas llevando adelante la administración del Poder Judicial, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y la casación. Por eso, la mejor solución para mejorar la atareada rutina de los Ministros de Corte es que un tribunal ajeno al Poder Judicial, que nadie sabe quién integrara ni cómo se elegirá, tenga competencia exclusiva para tratar sobre la inconstitucionalidad de las leyes.
De acuerdo a un informe presentado recientemente por los politólogos Romina Andreoli y Daniel Chasquetti, el gobierno de Mujica es el que ha tenido más leyes declaradas inconstitucionales en post dictadura. Al Frente Amplio cada día parece gustarle menos el más grande legado que nos han dejado los franceses después de su maravillosa cocina: la separación de poderes; que no ha hecho otra cosa que poner un freno de mano a leyes tan controversiales como inmorales como el impuesto a las jubilaciones, la ley del fideicomiso de Pluna, la de medios, la de concentración de inmuebles rurales, etc.
Asimismo, el sistema electoral actual no parece satisfacer las necesidades electorales del Frente Amplio que quiere meter por la ventana el voto epistolar cuando la ciudadanía dijo no, quitar las elecciones departamentales, en las que el Partido Nacional gana doce intendencias uniéndolas con las nacionales y eliminar el balotaje.
La última reforma electoral ideada para obstruir la llegada del Frente Amplio al gobierno termino siendo un tiro por la culata para sus redactores. Hoy la historia se repite, pero es barajado por los políticos frenteamplistas que se han apoltronado en sus asientos en las altas arcas del poder en nuestro país y temen perderlo.
Nuestro sistema electoral se merece una reforma, pero antes nuestro país se merece una Ámsterdam sin armas. El Frente no aprendió nada.
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