Desde que el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005, muchos han sido los resultados obtenidos en el combate a la desigualdad de género. Los logros han sido institucionales, materiales, legales y simbólicos.
Entre los institucionales cabe destacar la densificación de la institucionalidad de género con la puesta en marcha del Plan de Igualdad en todo el territorio nacional, el reforzamiento del Instituto Nacional de las Mujeres y la creación del Consejo de Políticas Públicas de Género, que reúne a las "referentes" de género de cada Ministerio, del Parlamento, del Poder Judicial, de la sociedad civil, del movimiento sindical y de la Universidad de la República.
Entre los logros materiales, quizá los más importantes se refieran a los planes de combate a la emergencia social que luego se transformaron en el Plan de Equidad, y que dotaron a miles de mujeres con hijos/as de apoyos económicos desde el Estado. También aquí debe subrayarse el mejoramiento del salario y las condiciones de trabajo fundamentalmente entre las trabajadoras más pobres, donde es especialmente destacable la formalización de las empleadas domésticas y su inclusión en los Consejos de Salarios.
En el plano legislativo, la ley más importante votada en el actual período ha sido la de despenalización del aborto, corolario de una lucha de las mujeres uruguayas que se remonta a comienzos del siglo XX, intensificándose con la recuperación democrática hace casi treinta años.
En el campo simbólico, la lucha contra la discriminación, el machismo, la intolerancia y la violencia ha dado sus frutos, generando una cierta conciencia de lo que son "derechos de la mujer" y la "desnaturalización" de los roles de género.
Pero siguen preocupándonos muchos temas,y la"deconstrucción" de un ideal de sociedad basado en la absoluta responsabilidad de la mujer por la reproducción social y biológica de la familia sigue siendo incompleta y parcial. Ello se expresa en déficits en varias áreas de la política pública que deberemos atender especialmente en el próximo período de gobierno.
Entre los datos que nos siguen preocupando hay al menos tres que deben ser resaltados. El primero: las mujeres siguen ganando menos que los hombres, tienen mayores tasas de desocupación, tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, y continúan siendo importantes las discriminaciones por su apariencia física, color de piel y edad.
El segundo dato es que las mujeres siguen padeciendo una violencia de género muy significativa, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Siguen muriendo mujeres casi todas las semanas a manos de hombres, las denuncias por violencia doméstica aumentan cada año, y la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes parece invisibilizada en un contexto en que la sociedad comienza a considerar a los niños y los jóvenes como un "peligro nacional". Las denuncias contra las redes de explotación sexual infantil y adolescente, así como el consumo de pornografía infantil, nos muestran un "Uruguay ignorado", donde la criminalidad adulta y las "mafias" organizadas distan de llenar la crónica roja de los medios.
Finalmente, seguimos teniendo una tasa bajísima de mujeres en política: ya sean parlamentarias (hay un 15% de legisladoras en una región donde el promedio es de 23%), ministras (2 mujeres en 13 ministerios), intendentas (3 mujeres en 19 gobiernos departamentales), mujeres en altos cargos de organismos del Estado (menos del 30% en servicios descentralizados, en el entorno del 20% en entes autónomos; menos del 10% en entes paraestatales), integrantes de la Suprema Corte de Justicia (ninguna mujer la integra) o decanas (4 mujeres en 16 facultades).
Actualmente existe una ley de cuotas a aplicarse en elecciones parlamentarias por primera vez en este período, y estamos atentas a su aplicación y resultados. Ya se hace sentir la preocupación de mujeres de todos los partidos por las maniobras que harían peligrar o minimizar el alcance de esta política. Sin embargo, el resto de la clase política y los precandidatos presidenciales no han asumido públicamente el compromiso de mejorar la presencia de mujeres en sus listas y en sus próximos gabinetes, y la propia izquierda no parece asumirlo con firmeza.
La política pública de este país ha mejorado a lo largo de décadas en la llamada "transversalidad" de género, pero es mucho lo que falta. Uruguay tiene un sistema educativo y un sistema sanitario que continúan anclados en la idea de que detrás de cada persona que necesita atención y de cada alumno de primaria y secundaria existe un "apoyo" familiar (léase: de la mujer) disponible en el tiempo y modalidades que las instituciones lo requieren. No se toma en cuenta que esa disponibilidad está condicionada por la actividad económica de la mujer, que se ejerce en pie de igualdad con el hombre, y acotada, en muchos casos, por la ausencia de figuras masculinas en el núcleo familiar.
El aumento de la jefatura femenina sin cónyuge, la precariedad de muchos arreglos familiares y el déficit de apoyo parental en muchos casos, colocan sobre las espaldas de las mujeres responsabilidades que debieran ser del conjunto de la sociedad.
Para hacer frente a estas debilidades y mejorar la condición de la mujer, presentamos algunas propuestas y esperamos que todos los precandidatos presidenciales en esta elección interna se pronuncien enfáticamente sobre su programa para mejorar la condición de la mujer en el próximo período de gobierno.
Primero. Se debe asegurar que exista paridad en el llenado de cargos políticos en el próximo período de gobierno. Para ello, buscar que el gabinete tenga la misma cantidad de hombres que mujeres. Pero esto no alcanza: se debe llevar este criterio de "igualdad de género" en los lugares de decisión a los directorios de los organismos del Estado, y más especialmente a aquellas instituciones donde la ocupación femenina supera con creces a la masculina (como la educación y la salud). Asimismo, si los resultados de la aplicación de la cuota mejoran el número de mujeres que integren el próximo Parlamento, nos debemos comprometer a seguirla aplicando en períodos siguientes.
Segundo. El sistema público de educación no ha sido pensado para mujeres que trabajan ocho horas diarias o que son trabajadoras nocturnas, entre otros casos. Proponemos ir ajustando el sistema público de educación de forma tal de generar disponibilidad horaria suficiente en las instituciones para que las mujeres no tengan que pagar por el cuidado de sus hijos/as , o depender de la ayuda solidaria de la familia o la comunidad para ir a trabajar. Si trabajar es un derecho, debemos asegurarnos que el mismo pueda cumplirse en condiciones de igualdad para todos y todas. Para ello es importante aumentar significativamente el número de escuelas de tiempo extendido y la oferta de "cupos" en las escuelas existentes, así como mejorar las instituciones de educación inicial, adecuándolas a las necesidades de las madres, que deben ser relevadas y cuantificadas. Finalmente, debemos promover un vasto sistema de guarderías y centros de atención a niños y niñas para las mujeres que trabajan, comenzando por las propias instituciones del Estado.
Tercero. Debe ser una prioridad presupuestal el Sistema Nacional de Cuidados. Se debe buscar su aplicación integral en todo el país, usando los instrumentos normativos y legales ya consagrados (como la Ley de Discapacidad). Las poblaciones objetivo deben ser las personas en situación de dependencia: los adultos mayores, las personas en situación de discapacidades o con problemas de salud que generen situación de dependencia, y los niños y niñas. Especial atención debe prestarse a las madres con niños/as con distintos síndromes de déficit cognitivos, quienes requieren acompañantes terapéuticos, con costos que superan la ayuda estatal que reciben.
Cuarto. Se debe reducir la violencia de género, y para ello es fundamental implementar amplias campañas nacionales tendientes a la sensibilización sobre el tema, y mejorar los dispositivos de control y seguimiento de las denuncias realizadas para terminar con las "muertes evitables". Paralelamente, deben destinarse recursos suficientes a la justicia, la policía y la comunidad con miras a la detección temprana de estas situaciones, y elaborar una nueva legislación sobre la violencia de género.
Quinto. Deben aumentarse los recursos y dispositivos de atención especializados en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que debe promoverse la elaboración de una ley integral, la creación de grupos policiales y jurídicos especializados en la materia, y la búsqueda de apoyos en la región para coordinar esfuerzos en el combate a este fenómeno.
Sexto. Se debe continuar avanzando en el mejoramiento del salario y las condiciones de trabajo en aquellas ramas de actividad y empresas que emplean mujeres donde se concentran los bajos salarios y las condiciones de trabajo más desventajosas, como el servicio doméstico, el comercio, la pequeña producción agropecuaria y los servicios de acompañantes, entre otros.
Séptimo. Se deben seguir mejorando las asignaciones familiares en montos que sean más significativos para la vida de las mujeres, al tiempo que deben combatirse los prejuicios que se generan en la sociedad a este respecto. Para ello es clave realizar campañas masivas sobre el alcance y naturaleza de esta prestación. Junto con ello, es necesario impulsar políticas integrales de vivienda y asistencia social en las comunidades más pobres, donde se concentran mujeres y niños/as, y donde se viven situaciones de emergencia habitacional.
Octavo. Proponemos organizar los planes de vivienda en torno a la mujer como propietaria del inmueble: generar subsidios a la cuota, al alquiler; solucionar todas las situaciones de viviendas indignas en las que vivan mujeres con niños/as y; crear disponibilidad de viviendas para su otorgamiento a las mujeres en situación de violencia que desean abandonar el hogar de convivencia.
En el día de la mujer, vayan estas propuestas para ir incorporando a un debate donde el tema de las desigualdades de género todavía sigue siendo secundario, poco visible y difícilmente jerarquizado.
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