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Sobre el autor

Sociólogo. Profesor e investigador en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República). Primer suplente al senado por el sublema Casa Grande (Frente Amplio).

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La diferencia en los indicadores de la violencia entre los barrios de la costa y del norte y el oeste de Montevideo corresponden prácticamente a dos países diferentes.

Diez años después

17.Sep.2015


El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior ha cumplido diez años. Nació por necesidad: el Frente Amplio tenía pocos meses de gestión y la oposición ya se había lanzado al camino de la demagogia punitiva y al uso impúdico de los miedos de la gente. El ministro José Díaz apostó fuerte y garantizó un trabajo con absoluta autonomía técnica. El esfuerzo acumulado en años anteriores y los avances en el registro de la información de denuncias policiales (sobre todo en Montevideo), permitieron que los datos salieran periódicamente a la luz pública. Con todas las prevenciones del mundo, y con la intención de ampliar la interpretación, el Observatorio ayudó en ese entonces a fijar parámetros básicos por cuales la violencia y el delito se movían en el país.
Oposición política, amplificación mediática, resistencias corporativas, atrasos institucionales, inercias represivas, etc., fueron dando forma a un escenario cada vez más complejo del cual todavía no hemos podido salir. La obsesión por el delito común cambió la lógica de los espacios de noticias, alteró los enfoques políticos más habituales, activó las demandas de poderosos actores corporativos -como la Policía-, pero también ofreció voz a nuevas miradas y saberes. Las ciencias sociales uruguayas comenzaron a involucrarse en serio en la investigación de la violencia, la criminalidad y la inseguridad.
Durante esta primera etapa, el Observatorio -compuesto apenas por tres o cuatro funcionarios- participó en instancias parlamentarias y mediáticas, incorporó en sus registros los problemas de la violencia de género, promovió encuestas nacionales de victimización, llevó la necesidad de intercambiar información al ámbito del Mercosur, insertó el país en un proyecto regional sobre indicadores estandarizados de seguridad, organizó el primer censo nacional de funcionarios del Ministerio del Interior, estimuló el intercambio académico y puso sus bases de datos a disposición de universidades e institutos de estadística.
A pesar del esfuerzo, las exigencias políticas del contexto se multiplicaron y no siempre se pudo avanzar en la dirección deseada en materia de pluralidad de fuentes de información y calidad de los datos. En rigor, no había capacidad para fiscalizar todo el proceso de producción de la información y para profundizar en los análisis de la misma. También había baches insalvables en la información demográfica del delito, tanto en lo relacionado con las personas detenidas y sometidas a indagación judicial como con las personas privadas de libertad.
Conscientes de éstas y otras carencias de gestión, sobre finales de 2008 se inició un proceso de reestructura de la propia secretaría del Ministerio del Interior. Uno de sus capítulos -no necesariamente el más importante- consistió en el fortalecimiento de los sistemas de información y de las capacidades de evaluación y monitoreo de las políticas sectoriales. A nuestro juicio, había que institucionalizar nuevos saberes (la ciencia política, la antropología, la economía, la estadística, etc.) que apuntalaran otras estrategias de gestión del conocimiento en el campo de la seguridad. El Observatorio del Ministerio dispondría de nuevos recursos técnicos, pero además ya no estaría solo.
El proyecto apenas duró un año y no pudo madurar. El 2009 se presentó como un año complejo, y en setiembre -mes y medio antes de las elecciones nacionales- una oscura trama terminó en una interpelación en la cámara de Diputados: autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo decidieron que algunas modalidades de robos de celulares se clasificaran como hurtos y no como rapiñas. La maniobra se detectó de inmediato, la estadística general apenas se vio impactada, la jerarquía de la Jefatura fue removida por el Ministro Bruni, pero el daño ya estaba hecho: la credibilidad en la herramienta es un valor irrenunciable, y muchos sacaron partido y aprovecharon el episodio.
En marzo de 2010, las nuevas autoridades plasmaron una visión distinta, recelaron del proyecto, y en última instancia lo desarmaron pieza por pieza. La información "policial" sobre los delitos de adolescentes volvió a circular por los medios de comunicación sin aval alguno del Observatorio, y desde allí comenzó otra historia. El manejo político de la información sobre violencia y criminalidad que se realizó desde el inicio de esa gestión estuvo marcado por errores flagrantes que hasta el día de hoy no se han podido revertir.
El Observatorio volvió a quedar solo y a recorrer un camino funcional a la nueva perspectiva "realista" del delito. Sobre la base de un empirismo ramplón, se lanzaron (y ocultaron de inmediato) evidencias insostenibles sobre la participación de adolescentes en rapiñas (muy bienvenidas por los promotores de la "baja"), se creó el "ajuste de cuentas" como una categoría imprecisa para explicar el aumento de los homicidios en el 2012, se resaltaron los "antecedentes" de víctimas y victimarios para persuadirnos que los delincuentes se matan entre ellos, se omitieron los datos relevantes de la única encuesta de victimización que se hizo pública y se conformaron ranking por barrios para saciar el apetito estigmatizante de operadores y medios de comunicación.
Hubo anuncios reiterados sobre el papel que el Observatorio jugaría en la georreferenciación del delito para potenciar la prevención policial. No sabemos cuánto se avanzó al respecto, aunque sospechamos que poco ya que se prevé la contratación de un sistema costoso de "predicción" del delito, vendido como pan caliente en toda la región y de discutible impacto. Tampoco hay certezas sobre el aporte del Observatorio al proceso de evaluación y monitoreo de la ley que regula la producción, distribución y venta de la marihuana, pues allí la dimensión de la seguridad y la convivencia es decisiva.
Por si fuera poco, las autoridades del Ministerio del Interior iniciaron un diálogo con la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Estadísticas para construir nuevas evidencias y superar los problemas "metodológicos actuales". Esta salida es bastante insólita, pero comprensible: si bien en los últimos años el Observatorio ha sido funcional a un enfoque material y reduccionista del delito, las autoridades saben que no podrán revertir el descrédito público y político de la herramienta, y por lo tanto necesitan que otros actores avalen los resultados. El escenario que se le abre a la Universidad de la República es de extremo riesgo, y un paso mal dado puede resultar fatal.
Diez años después, la experiencia del Observatorio está concluida. Sobran las razones técnicas para arribar a este juicio. Sin embargo, el proyecto fracasó por decisiones políticas y por la imposición de una narrativa policialista y conservadora del orden social. Los problemas no son metodológicos, ni se reducen meramente a la calidad del dato. Los motivos de fondo hay que buscarlos en las perspectivas interpretativas. Cuando las ciencias sociales renuncian a conocer en profundidad las dinámicas sociales complejas que sostienen el delito, sin interpelar con convicción y conocimientos el sentido común policial que ha impregnado toda la política, el resultado no puede ser otro que el fracaso.
Diez años después, estamos obligados a sacar conclusiones. La primera, y la más importante, es que nuestro proyecto de izquierda exige una política de seguridad que contemple nuevas visiones y equilibrios. Hablaremos en otra oportunidad de estos desafíos. Por ahora, y a la luz de los hechos, hay que advertir que el país necesita instancias sólidas y creíbles para la evaluación y el monitoreo de los fenómenos de la seguridad y la convivencia. Ese marco institucional debería crearse por ley y ubicarse en un ámbito que no dependa del Ministerio del Interior. Si la problemática es compleja y multidimensional, su diseño debería contemplar esa naturaleza. Nuestro gobierno tiene capacidades y posibilidades políticas para dar ese salto y comenzar a transitar por un camino más riguroso, exigente y fiel a nuestras convicciones de izquierda.