Ha comenzado a circular por las redes sociales un decreto por el cual se extiende al cónyuge el derecho a servicios de asistencia directa con el que cuentan los ex Presidentes de la República que hayan ejercido la más alta responsabilidad y honor por un período mayor a un año.
Tal asistencia radica en la posibilidad de contar hasta con cinco personas contratadas o presupuestadas para llevar a cabo dicho apoyo, el decreto original del año 1993, solo autorizaba pases en comisión, no contratos.
Desde hace ya un tiempo venimos afirmando que nuestro país atraviesa - además de una crisis cultural profunda- , también, una dificultad moral. Y este caso lo demuestra de forma clara.
El Estado debe asegurarle a los ex Presidentes ingresos suficientes como para llevar una vida digna con posterioridad al desempeño de la función más encumbrada. Nadie duda de ello, para lo cual los ingresos jubilatorios deben garantizar lo anterior.
En cuanto a la potestad de contar con cinco personas a su disposición sea contratadas o los llamados "pases en comisión", entendemos deben limitarse o eliminarse. Los ex Presidentes han sido pocos en los últimos treinta años y todos sabemos qué hicieron y qué hacen luego de ejercida la primera responsabilidad nacional. Ninguno de los ex mandatarios, luego de recuperada la democracia en 1985, abandonó la actividad política partidaria, por lo que otorgarle ese beneficio ha significado una ventaja frente a sus oponentes, además de la que, lógicamente, significa haber alcanzado la primera posición. ¿Para qué acrecentar la preeminencia, entonces?
Desconocemos el fundamento que sustenta el servicio de hasta cinco personas que puede disponer en ex Presidente. ¿Cinco personas in eternum al servicio, para qué tareas? ¿Podría el ex Presidente Mujica contratar a cinco personas que se encarguen de plantar flores en su emprendimiento rural, pagos por el Estado? ¿O el, también, ex Presidente Lacalle contratar peones para su explotación rural, pagos por el Estado. ¿O Vázquez, en los cinco años anteriores transcurridos, hubiera podido contratar cinco enfermeras o médicos para sus clínicas, también, pagos por el Estado?
Las normas en una República deben depender de la clara redacción y alcance de la normativa y no de la ética de los beneficiados, pues como se ve en los ejemplos anteriores si los nombrados hubieran hechos las contrataciones utilizadas como ejemplo abusivo, que desconocemos si se llevaron a cabo, ninguna norma hubieran transgredido
No contento con lo anterior el Presidente Vázquez extiende este beneficio a las esposas (viudas) de los ex Presidentes, además lo hace, a los pocos días de morir el Presidente Jorge Batlle, con lo cual el alcance hasta parece tener nombre y apellido.
Si ya no le encontrábamos sentido republicano que lo justifique al beneficio post presidencial, la extensión a sus viudas a modo de propiedad transitiva nos preocupa y mucho, pues es un ataque a nuestras más ricas tradiciones de austeridad en el ejercicio de la función pública
Como afirmamos en los párrafos anteriores a un ex Presidente constitucional que haya cumplido funciones por más de un año, debemos asegurarle una jubilación acorde a la responsabilidad asumida, pero no una eterna potestad propia de "republiquetas" que no acompañan nuestras más ricas tradiciones republicanas.
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