Autor: Doctor en Ciencia Política.
Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Después de ver durante dos días, por la señal de Vera TV, la discusión del presupuesto en la Cámara de Representantes, no se me ocurre otra conclusión que no sea decir que el Frente Amplio está en problemas.
En primer lugar, parece estar fallando su conducción política. El proyecto de presupuesto contenía una serie de asuntos menores -no sustantivos- que generaron resistencias en diferentes estratos de la sociedad y que estimularon a algunos diputados -sobre todo del interior- a expresar públicamente sus diferencias. Ante esta situación, faltó lucidez de la dirigencia para retirar los artículos polémicos o para aceptar modificaciones que permitieran superar el conflicto. Además, el proyecto trajo una serie de disposiciones ajenas a la tradición frenteamplista. Se crean nuevas secretarías en la esfera de Presidencia que escapan al control parlamentario, algo difícil de digerir para un partido que nació criticando la concentración del poder presidencial de la Constitución de 1967. Y como si fuera poco, el proyecto niega nuevos recursos presupuestales para el Poder Judicial y para los organismos de contralor, además de establecer plazos límites para la actuación del Tribunal de Cuentas, etc. Cualquiera que estuviera viendo esta discusión podría concluir en que el gobierno quiere concentrar más poder y que desea escapar del control de la otras ramas del gobierno. Esto se llama deterioro de la calidad institucional de la democracia, algo que ya hemos visto en otros sistemas políticos del continente y que hemos criticado sin piedad.
Con esto no pretendo decir que todo el proyecto presupuestal sea malo. Pese a haber sido elaborado sobre supuestos económicos y financieros discutibles, el presupuesto del gobierno contiene compromisos de políticas públicas deseables para el país como el plan de cuidados, el reforzamiento de las políticas sociales, un esfuerzo presupuestal considerable para la educación y la salud, entre otros. Sin embargo, el partido de gobierno fue incapaz de centrar el debate en torno a estas novedades o a los sacrificios presupuestales que se realizarán para llevarlas a cabo. Quedó encerrado en la discusión sobre algunos asuntos puntuales que no hicieron otra cosa que romper la cohesión del partido y mostrar su lado más decepcionante.
En segundo lugar y vinculado a lo anterior. El grupo de 50 diputados que conforman la bancada parlamentaria perdió en estos días su típica cohesión y eso ocurrió antes de llegar al debate en sala. Los repentinos alineamientos que provocó la discusión presupuestal en comisión transformaron el clima de confraternidad partidaria que debe primar a la hora de encarar estas grandes batallas parlamentarias. El pacto de última hora entre el MPP y el FLS, en la misma clave del período anterior, pretendió alinear al colectivo mediante la aplicación de la regla de la mayoría y los mecanismos intrapartidarios de disciplina que hasta el momento habían sido útiles aunque no infalibles. El arreglo entre las dos fracciones mayoritarias dejó a muchos en offside, por lo cual grupos como el Partido Comunista, el IR, los socialistas de Montevideo o la Liga Federal, no tuvieron otra opción que expresar públicamente sus diferencias e intentar modificar los contenidos del proyecto. La aplicación de las reglas de disciplina garantizaron el objetivo solo parcialmente y dos grupos, que funcionan como uno, la Liga Federal y el del diputado Semproni, resolvieron rebelarse y no acatar el imperativo partidario. Esto representó un fracaso, no solo para la bancada parlamentaria sino también para el gobierno que aspiraba a aprobar el proyecto sin mayores sobresaltos.
Este hecho tuvo una consecuencia inmediata que marcará un antes y un después: el partido de gobierno comenzó a perder votaciones en la cámara. Por segunda vez en once años, el Frente Amplio era derrotado en el plenario (antes había sido en el intento de derogación de la ley de caducidad, cuando Semproni también se desalineó a pedido del propio Presidente Mujica) por una variopinta coalición formada por nacionalistas, colorados, independientes, la UP y los tres diputados disidentes. El tema de las vacantes del ejército y el de la fusión de la Policía Caminera con la Guardia Republicana fueron los obstáculos que la cohesión partidaria no pudo sortear. Una moción de último momento levantó la sesión y evitó nuevas derrotas en la noche de lunes.
Pero este hecho tendrá, sin dudas, consecuencias en el futuro próximo. De no haber un giro político o un cambio en la orientación partidaria, cualquier diputado oficialista podrá ejercer su poder de veto contra las decisiones que adopte la mayoría. Esta situación no estaba en los planes porque hasta el momento nadie había llegado tan lejos, pero las palabras del diputado Darío Pérez en la noche del domingo ya habían anunciado que la situación había cambiado y que ya no había retorno. Su colega Sergio Mier fue aún más claro cuando afirmó que ya no recibirían ordenes como en el pasado. A partir de entonces, el voto 50 comenzó a valer oro porque cualquier legislador puede reclamar su legítimo derecho a incidir en la orientación general del partido independientemente del aporte electoral que haya realizado. De no ser así, cualquier iniciativa por importante que sea puede naufragar en el pleno.
Esta situación crítica no se supera con castigos ejemplarizantes sino con pactos y acuerdos que salven la situación inmediata. Las cuentas pendientes podrán cobrarse en el futuro. Los frenteamplistas ya saben de estos problemas porque algo parecido les sucedió cuando el edil Zabalza se constituyó en el famoso voto 16 de la Junta Departamental de Montevideo en los años noventa y frenó la adopción de varias medidas del entonces Intendente Arana.
El acuerdo político como salida es difícil de lograr si el Frente Amplio mantiene su actual desorientación. La toma de decisiones no puede pasar por alto, como viene sucediendo, el contexto político en el que se mueve ni las sensibilidades de sus propios legisladores y votantes. Las acciones deberían estar blindadas con las orientaciones generales del programa por más que tengan poco que ver con él o que respondan más a necesidades tecnocráticas que a lineamientos políticos. Las decisiones que concentran poder en la presidencia o que realizan fintas al control parlamentario son errores llamativos que denotan ausencia de paciencia o poco entendimiento acerca de cómo es el juego político en nuestro país.
La política en Uruguay siempre ha sido parlamentaria. El presidente y sus ministros deben gobernar con los partidos en la cámara. A los burócratas encerrados en sus oficinas nunca les ha ido bien y las mejores decisiones siempre han sido el resultado de construcciones colectivas. Una mayoría parlamentaria no son cincuenta brazos dispuestos a levantarse cuando un jefe lo ordena. Los mandatos imperativos no pueden suplir la discusión ni el método de ordeno y mando puede sustituir a la persuasión. Solo cuando esto se entienda, el partido de gobierno podrá encaminar las cosas y salir del brete en el que se ha metido. De lo contrario, deberemos comenzar a prepararnos para una futura alternancia en el gobierno.
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