Autor: Doctor en Ciencia Política.
Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Resulta realmente preocupante la forma en cómo los uruguayos observamos y evaluamos la crisis política de Brasil. Los políticos y analistas de izquierda han asumido la defensa de Dilma ante la eventualidad de un impeachment y del ex presidente Lula da Silva ante las acusaciones de corrupción que ha recibido. Defienden los logros del PT al frente del gobierno pero no se hacen cargo de la suerte del PT como partido, ya que muchos dirigentes han sido juzgados y encarcelados o enfrentan procesos por cargos de corrupción. Los políticos y analistas de derecha, en cambio, alientan fervientemente la caída de la presidenta y señalan a Lula como el jefe de una red de corruptos que contaminó la política brasileña. La evolución del juicio a la presidenta les provoca tanto frenesí como un partido de la selección uruguaya. Critican al PT como organización corrupta pero no se hacen cargo del desempeño de los políticos opositores del PMDB o el PSDB que cargan con procesos judiciales por idénticos casos de corrupción.
Pese a contar con algo de razón, ambas visiones están contaminadas por intereses políticos domésticos ligados a la competencia presidencial 2019. Unos y otros creen que la caída de Dilma o un eventual procesamiento de Lula, influirá decisivamente sobre el clima político de nuestro país y que eso puede beneficiar o perjudicar las chances de sus respectivos partidos. No obstante, resulta preocupante que casi ninguno se detenga en el problema central que provoca la crisis en Brasil. Es inaceptable pensar que dicha crisis sea únicamente causa de la ausencia de valores éticos entre los políticos petistas o de la manipulación que realizan los medios de comunicación de derecha de ese país. Ambas cosas podrían llegar a ser ciertas pero la dificultad principal es otra.
El problema de Brasil es la relación del dinero con la política y quien no lo quiera ver incurre en un error político mayúsculo. Existen muchos episodios, testimonios y dictámenes judiciales que muestran que la corrupción entre la dirigencia política brasileña y en las altas esferas empresariales tiene larga data. Algunos se remontan a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, cuando el gobernador de Sao Paulo, Ademar de Barros, quien se autodefinía como corrupto, repetía frecuentemente la frase "roba pero trabaja" (1). Esta semana, Ciro Gomes (PDL), ex ministro de economía de Lula, señaló que "los niveles de corrupción son los mismos en los gobiernos del PT que en los del PSDB, sólo que la conveniencia de publicar eso en los grandes diarios y cadenas de televisión se da por oportunismo" (2). El error del PT consiste en haberse apropiado de una red pre existente de flujo de dinero ilegal hacia la política y haberla cultivado con fines políticos. Eso quedó a la vista con el caso "Mensalao" y resurge con toda nitidez con la causa "Lava Jato". Esa red de corrupción estructural explica el porqué 352 diputados y senadores (sobre un total de 594) de casi todos los partidos políticos enfrentan en la actualidad juicios por actos ilícitos vinculados con sobornos empresariales (3).
No comprender el origen del problema impide alcanzar alguna tipo de aprendizaje. Los políticos uruguayos deberían entender que lo que en Brasil sucedió, y hoy estalla como una crisis superlativa, también aquí puede ocurrir. Hace cuatro meses, nos visitó el politólogo polaco-estadounidense Adam Przeworski, y en una de sus conferencias manifestó que el mayor desafío que enfrentan las democracias consolidadas es el poder del dinero. La ausencia de controles sobre los flujos monetarios hacia la política posibilitan la corrupción de los gobernantes. En Brasil esto es un drama, pero también es un problema en países como Chile, Argentina o Estados Unidos. Y Uruguay no escapa a ello.
Nuestra ley de financiación de la política es una norma muy débil. Las declaraciones juradas sobre recaudación y gastos que presentan los partidos son "un saludo a la bandera", como bien lo definiera hace algún tiempo el diputado Iván Posada, y los vínculos entre el mundo empresarial y los partidos permanecen invisibles ante los ojos de la ciudadanía. Existen varios estudios que demuestran que el dinero fluye en las campañas sin quedar en claro su proveniencia y que nuestra venerable Corte Electoral carece de medios y voluntad para fiscalizar esas acciones. ¿Estamos seguros que el dinero utilizado en gastos de publicidad y logística durante las campañas tiene un origen legítimo? ¿Estamos seguros de que en Uruguay las empresas no apoyan candidatos con el fin de obtener beneficios futuros en materia de legislación o de contratos con el Estado? ¿Estamos seguros de que la abundancia de dinero que muestran algunos grupos políticos en las campañas no tiene un origen espurio? Yo diría que no, que hay muchas dudas y que resulta imperioso que las mismas sean allanadas.
Por tanto, los políticos uruguayos tienen que asumir este problema con responsabilidad. La resolución de la crisis brasileña podrá beneficiar a algún partido en particular, pero una crisis de similares características en nuestro país perjudicaría evidentemente a todos. No aprender de lo que ocurre en el gigante vecino es tal vez la mayor falta que nuestra dirigencia política puede cometer.
Notas
(1) Iglesias, Francisco (1995). Breve historia contemporánea de Brasil. Fondo de Cultura Económica. México. página 162.
(2) http://www.lanacion.com.ar/1883264-ciro-gomes-el-nombramiento-de-lula-fue-la-idea-mas-estupida-que-vi-en-mi-vida-publica?utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1458967065
(3) http://www.economist.com/news/leaders/21695391-tarnished-president-should-now-resign-time-go
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